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USCIS despedirá empleados a menos de que el Congreso proporcione fondos

La agencia federal de inmigración podría despedir a una parte de sus empleados este verano si el Congreso no proporciona fondos de emergencia
2020-05-27T08:53:29+00:00
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  • La agencia federal de inmigración podría despedir a una parte de sus empleados este verano si el Congreso no proporciona fondos de emergencia
  • Según una fuente, de no obtener los fondos requeridos los despidos podrían superar los mil
  • La agencia propuso un recargo del 10% en las tarifas de todos sus trámites

Se presume que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS en inglés), la agencia federal responsable del procesamiento de visas y asilos, pueda despedir a una parte de su fuerza laboral este verano si el Congreso no proporciona fondos de emergencia para mantener las operaciones, de acuerdo con CNN.

«Desafortunadamente, a partir de ahora,

sin intervención del Congreso, la agencia tendrá que suspender administrativamente una parte de nuestros empleados aproximadamente el 20 de julio», escribió el martes el subdirector de Políticas del USCIS, Joseph Edlow, en una carta enviada a todos los empleados.

A principios de este mes, la agencia que cuenta con aproximadamente 19,000 empleados gubernamentales y contratistas que trabajan en más de 200 oficinas, solicitó 1.2 mil millones de dólares al Congreso debido a su bajo presupuesto.

Desde el comienzo de la pandemia, un asociado del Departamento de Seguridad Nacional ha estado trabajando con miembros del Congreso y su personal para educar a Capitol Hill sobre las finanzas y operaciones de la agencia.

Según una fuente, las comunicaciones de la agencia al Congreso se han vuelto más urgentes, ya que la amenaza de posibles despidos podría superar los mil.

El objetivo sería inyectar los fondos necesarios al próximo proyecto de ley de alivio por el coronavirus, que los legisladores planean negociar posteriormente.

Aún así, actualmente no existe un camino claro para que los legisladores cumplan con la solicitud de emergencia de USCIS.

La agencia de inmigración se financia principalmente con honorarios y, por lo general, continúa la mayoría de las operaciones durante lapsos de financiación, como el cierre del gobierno del año pasado.

Sin embargo, durante la pandemia, la agencia suspendió sus servicios de atención presencial, incluidas todas las entrevistas y ceremonias de naturalización.

«Debido a la pandemia de COVID-19, el USCIS ha visto una disminución dramática en los ingresos y está buscando una solicitud de fondos de emergencia por única vez para garantizar que podamos llevar a cabo nuestra misión de administrar el sistema de inmigración legal de nuestra nación, salvaguardar su integridad y proteger el pueblo estadounidense», dijo un portavoz de USCIS.

La agencia propuso un recargo del 10% en las tarifas de solicitud para reembolsar a los contribuyentes en un momento posterior.

USCIS calculó anteriormente que los recibos de trámites y solicitudes caerán aproximadamente un 61% hasta el final del año fiscal 2020, agotando los fondos este verano, según la agencia.

El anuncio de despidos se produce cuando la agencia se está preparando para reanudar las operaciones en la oficina y abrir sus oficinas al público.

«Si bien puede parecer un tanto contrario hacerlo debido a las posibles suspensiones en las operaciones, debemos estar preparados en caso de recibir fondos del Congreso», escribió Edlow.

USCIS notificó al sindicato de la agencia sobre los posibles despidos el día martes.

En un anuncio a la todos sus empleados a principios de este mes, USCIS dijo que comenzaría su fase inicial para reanudar las operaciones en la oficina y reabrir a principios del 4 de junio.

Según el anuncio, las medidas para hacer que el lugar de trabajo sea seguro para los empleados incluirán barreras físicas para ayudar en el distanciamiento social, lo que limitará la cantidad de personas permitidas en una oficina en un momento dado y requerirá el uso de máscaras faciales.

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Abogados piden transparencia del Servicio de Ciudadanía en manejo de fondos

USCIS debe garantizar transparencia y responsabilidad en el uso de recursos económicos para que el Congreso pueda aprobar fondos por 1.200 millones que le ayudarán a la agencia con el déficit que afronta, advirtieron el miércoles pasado abogados de inmigración, reseñó la agencia Efe.

El pedido a los legisladores federales fue hecho por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), al advertir que los problemas de recursos que atraviesa USCIS son en gran parte atribuibles a la mala gestión fiscal y a “las decisiones políticas de la agencia diseñadas para erigir barreras deliberadamente para las personas que buscan solicitar beneficios de inmigración”.

Esta semana USCIS aseguró que se quedará sin fondos para poder operar tan pronto como este verano, por lo que pidió al Congreso que aumente en 1.200 millones de dólares el presupuesto del año fiscal 2020 y que autorice un incremento del 10 % a las tarifas actuales.

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La agencia no ha publicado datos sobre cuántas solicitudes ha recibido desde que comenzó la pandemia, pero ha reconocido que las cifras están en declive. Los últimos datos completos disponibles, de octubre a diciembre de 2019, habían mostrado un aumento en las solicitudes de trámites migratorios: más de 1,9 millones, en comparación con 1,7 millones en los tres meses anteriores.

“Está claro que USCIS, una agencia que hace solo unos años tenía excedentes presupuestarios significativos, se ha topado con sus propias políticas y procesos ineficientes», advirtió en un comunicado la presidenta de AILA, Marketa Lindt.

“Sin proporcionar barreras de protección en torno a tales asignaciones, la mala gestión de la agencia continuará”, agregó.

AILA considera que el Congreso debe establecer una serie de condiciones a USCIS para que puedan recibir los fondos, como impedir que transfiera fondos a otras agencias de cumplimiento de la ley de inmigración; restituir la política de deferencia, otorgando a los jueces discreción sobre cuándo solicitar entrevistas en persona, y reutilizar los datos «biométricos» de los inmigrantes previamente tomados, entre otras.

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