Carga pública: Corte ratifica fallo contra criterio de DHS sobre asistencia

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  • Carga pública: Corte ratifica fallo contra criterio de DHS sobre asistencia
  • Un tribunal de apelaciones se encargó de ratificar la medida
  • DHS ha admitido que la regla puede provocar problemas de salud

DHS carga pública. Un tribunal de apelaciones en Estados Unidos dijo el martes que un juez federal anuló correctamente una nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que entró en vigencia este año y que negaba la residencia permanente a inmigrantes legales que usaran Medicaid, cupones para alimentos y otras formas de asistencia pública.

La corte federal de apelaciones del Segundo Circuito ratificó un fallo de octubre del juez George B. Daniels, pero permitió su aplicación solamente a Nueva York, Vermont y Connecticut, de conformidad con una decisión de la Corte Suprema que dejó que la regla entrara en vigencia en febrero.

La corte de apelaciones dijo que la regla ya había tenido un efecto desalentador en el uso de asistencia pública por parte de personas que no tienen la ciudadanía estadounidense.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha admitido que la regla resultará muy probablemente en problemas de salud, como obesidad y desnutrición, la propagación de enfermedades infecciosas y mayores tasas de pobreza e inestabilidad en la vivienda, dijo la corte.

“Lo menos que se puede decir es que el interés público no favorece la implementación inmediata de la regla”, dijo.

La regla ha sido apelada exitosamente en cinco demandas nacionales.

La corte del Segundo Circuito dijo que el DHS no dio una explicación razonable para expandir significativamente la noción de lo que constituye una “carga pública” o de alguien destinado a depender de asistencia social.

Bajo las reglas anteriores, las personas que usaban prestaciones financieras, como cupones alimentarios y Medicaid, no eran penalizadas.

 

 

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El panel de tres jueces dijo que los estados de Nueva York, Vermont y Connecticut y la ciudad de Nueva York, junto con cinco organizaciones sin fines de lucro que proveen servicios legales y sociales a no ciudadanos, muy probablemente demostrarían que la nueva regla es “arbitraria y caprichosa”.

En un fallo escrito por el juez Gerard E. Lynch, el panel del Segundo Circuito dijo que el DHS y el Congreso tienen “nociones drásticamente diferentes” de lo que significa ser “una carga pública”.

El Congreso, dijo, aún considera que el término es aplicable a los no ciudadanos que no pueden ganarse la vida y carecen de fondos suficientes para garantizar que el respaldo público no será necesario.

El DHS considera que se aplica a cualquiera que probablemente accederá a cualquier cantidad de prestaciones por un número limitado de meses, incluso si las prestaciones tienen un criterio de elegibilidad relativamente generoso dirigido a asistir a aquellos que viven por encima del nivel de pobreza, dijo la corte.

La corte de apelaciones dijo que la definición de “carga pública” fue bien definida en 1996 para excluir las prestaciones creadas para complementar los esfuerzos de un individuo o una familia para mantenerse a sí mismos, más que para lidiar con una incapacidad permanente de hacerlo.

Apuntó que 60 por ciento de los beneficiarios del programa Medicaid que no son niños, ancianos o discapacitados están empleados.

 

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Un juez federal bloqueó el pasado 29 de julio la aplicación durante la pandemia de una regla impuesta por el gobierno del presidente Donald Trump, que podía impedir la emisión de tarjetas de residencia o Green Cards a inmigrantes que recibieran asistencia pública.

Las polémicas directrices entraron en vigor en febrero, después de una serie de impugnaciones y en medio de preocupaciones de que podrían tener un efecto atemorizante sobre los inmigrantes para solicitar atención médica y otros servicios sociales.

Al emitir su orden preliminar a nivel nacional, el juez federal George Daniels, con sede en Manhattan, dijo que “cualquier política que disuada a los residentes de buscar pruebas de diagnóstico y tratamiento para el COVID-19 aumenta el riesgo de infección para dichos residentes y el público, según reportó la agencia de noticias The Associated Press.

“Sin embargo, las medidas gubernamentales adversas en contra de los inmigrantes son particularmente peligrosas durante una pandemia”, agregó el juez federal.

 

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) había dicho en marzo que las nuevas directrices no serían aplicables a los inmigrantes con coronavirus o con síntomas de la enfermedad que solicitaran asistencia médica.

Pero el juez federal George Daniels indicó que dicho anuncio era “claramente insuficiente” debido a varias inquietudes, como por ejemplo si otras formas de asistencia que pudieran requerirse, tales como los cupones para alimentos, también estarían exentas.

“Depender simplemente de la compasión o la empatía de las autoridades migratorias no es racional, ni en el proceso de elaboración de reglas ni en el intento informal de enmendar dichas reglas”, escribió.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos no respondió por el momento a un correo electrónico enviado para conocer sus comentarios.

Los activistas por los derechos de los inmigrantes quedaron complacidos con el fallo.

“Los inmigrantes, en especial las personas que se desempeñan como trabajadores esenciales en el combate a la propagación del coronavirus, necesitan acceso a atención médica vital, asistencia alimenticia y otros servicios esenciales tanto para combatir la pandemia como para proteger a sus familias sin el temor de enfrentar consecuencias migratorias”, dijo Susan Welber, de Legal Aid Society, una de las abogadas de la parte demandante.

Las reglas iban a entrar en vigencia a finales del año pasado, pero fueron bloqueadas mediante impugnaciones legales.

 

Con información de The Associated Press

 

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