Venezuela sufre hambre, Trump se enfoca en corrupción
Alrededor de una mesa en forma de U en un hotel sobre el Canal de Panamá, funcionarios del Departamento del Tesoro distribuyeron una lista de compañías sospechosas que creen que altos funcionarios venezolanos han utilizado en todo el mundo para desviar millones de dólares en contratos de importación de alimentos pese a el hambre que se padece en la rica nación petrolera.
Esa reunión, y varias desde entonces, es parte de una campaña sostenida de la administración Trump para presionar al presidente Nicolás Maduro y castigar las billeteras de altos funcionarios de la administración socialista de Venezuela.
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“Saben que los buscamos y saben que los perseguimos a nivel multinacional porque estamos empezando a ver cómo las redes se transforman y las nuevas compañías ficticias se ponen de pie y las existentes se debilitan», dijo Marshall Billingslea, funcionario del Tesoro en el área de financiamiento al terrorismo, dijo en una entrevista al margen de la reunión de junio.
En esa sesión, investigadores forenses de Estados Unidos y tres aliados conservadores de América Latina _México, Panamá y Colombia_ rastrearon transacciones de compañías que se cree estaban controladas por un empresario vinculado al gobierno, según varios participantes que hablaron con The Associated Press sobre el tema a condición de guardar el anonimato porque las discusiones fueron privadas.
Desde que Donald Trump se convirtió en presidente, decenas de altos funcionarios venezolanos han sido sancionados por acusaciones de corrupción, abusos contra los derechos humanos y tráfico de drogas. El año pasado, el mandatario estadounidense incluso amenazó con una «opción militar» para destituir a Maduro y, junto con altos asesores y líderes latinoamericanos, planteó la posibilidad de invadir el país sudamericano.
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El enfoque en la comida es deliberado, dijo Billingslea, quien dirigió el equipo de transición de seguridad nacional de Trump.
Una historia publicada por la AP en 2016 reveló cómo altos funcionarios venezolanos y miembros de las fuerzas armadas se enriquecían desviando dinero de los contratos de alimentos. Desde entonces, a medida que el hambre se ha extendido, Maduro ha logrado tener un control aún mayor de la distribución de alimentos, entregando cajas mensuales de productos básicos que los críticos califican como una forma de control social dictatorial.
A medida que Venezuela se ha sumido en la agitación, el programa CLAP se ha convertido en un tenue salvavidas para millones de personas que sufren debido a los estantes de los supermercados y la hiperinflación.
«Esto va más allá de la corrupción», dijo Billingslea, quien estuvo acompañado en Panamá por Kenneth Blanco, director de la red de ejecución de crímenes financieros del Departamento del Tesoro. «Esto es, literalmente, saquear el único programa de red de seguridad social que queda».
Billingslea no habló sobre individuos o entidades específicas en el radar del equipo de trabajo, pero dijo que es una prioridad ir tras el dinero robado de las importaciones.
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