Trump reduce aún más cifra de aceptación de refugiados

• El presidente Trump aprobó un programa para reducir más el número de refugiados.
• Con la medida de Trump, la cifra de refugiados en EE.UU. sería la mas baja desde que se creó el programa hace 39 años.
• La acción contra los refugiados ocurre luego de que un juez bloqueara la orden de Trump de exigir el pago de un seguro médico a los migrantes.

El presidente Donald Trump aprobó un programa que reduce aún más el número de refugiados que aceptará Estados Unidos: un máximo de 18,000 en el año fiscal 2020.

Cuando el Departamento de Estado anunció el plan por primera vez en septiembre, grupos religiosos y humanitarios arremetieron contra el gobierno, reseñó AP.

En el último año del gobierno del presidente Barack Obama, la cifra máxima de refugiados aceptados fue 85,000.

Para este año, el gobierno de Trump había establecido un máximo de 30,000, la cifra más baja desde la creación en 1980 del moderno programa de reasentamiento.

En un comunicado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo este sábado que el reasentamiento de refugiados “es sólo un aspecto de las acciones de inmigración de índole humanitaria de Estados Unidos”.

Pompeo mencionó los esfuerzos diplomáticos para encontrar soluciones a las crisis y la asistencia humanitaria.

La nueva medida antiinmigrante de Trump ocurre luego de que un juez bloqueara su orden sobre el seguro de salud que debían pagar los migrantes que vendrían al país.

Un juez federal de Portland, Oregon, suspendió este sábado una regla del gobierno del presidente Donald Trump que requería que los migrantes demostraran que podrían contar con seguro médico o pagar por atención de salud antes de poder obtener visas.

El juez federal de distrito Michael Simon emitió una orden preliminar que evita que la norma entre en vigor este domingo. Se desconoce cuándo fallará sobre el mérito del caso.

Siete ciudadanos estadounidenses y una ONG presentaron el miércoles una demanda federal, con el argumento de que la medida descartaría a casi dos terceras partes de los posibles inmigrantes legales.

La denuncia también señaló que la regla además reduciría enormemente o eliminaría el número de inmigrantes que ingresan a Estados Unidos con visas patrocinadas por familiares.

“Estamos muy agradecidos de que la corte reconociera la necesidad de bloquear de inmediato la regla de atención médica”, dijo la abogada senior del Justice Action Center Esther Sung.

La abogada fue quien presentó argumentos en la audiencia del sábado a nombre de los demandantes.

“La medida separaría a las familias y reduciría dos terceras partes de la migración basada en Green Cards a partir de esta noche, en caso de que no se suspendiera la prohibición”, aseguró.

El decreto que firmó el presidente Donald Trump a principios del mes de octubre aplicaba a personas que aspiran a visas de migrantes desde el extranjero y no a quienes ya están dentro de Estados Unidos.

No afectaba a los residentes legales permanentes, así como tampoco a solicitantes de asilo, refugiados o menores de edad.

La proclamación indicaba que se prohibirá el ingreso de inmigrantes al país a menos de que obtengan cobertura de salud en un lapso de 30 días después de su entrada o cuenten con los suficientes recursos económicos para cubrir cualquier costo médico.

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La regla era tan solo el más reciente intento del gobierno de Trump por limitar el acceso a los programas públicos, mientras intentaba alejar al país de un sistema migratorio basado en la familia y convertirlo en uno basado en méritos.

Al momento de la proclamación, la Casa Blanca dijo en un comunicado que se tomó la medida porque demasiados extranjeros se aprovechaban de los “generosos programas de salud pública” del país, y los inmigrantes contribuyen al problema de “costos de salud sin compensación”.

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Según la regla de visado del gobierno, se puede adquirir un seguro requerido de forma individual u obtenerlo de un empleador, y puede ser una cobertura a corto plazo o de cobertura “catastrófica”.

El plan de seguro médico Medicaid no cuenta, y un inmigrante no puede obtener una visa si utiliza los subsidios de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible para adquirir un seguro.

El gobierno federal paga esos subsidios.

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De acuerdo con el Migration Policy Institute, un grupo migratorio apartidista, el 57 por ciento de los inmigrantes en Estados Unidos tenían seguro médico privado en 2017, en comparación con el 69 por ciento de los nacidos en Estados Unidos, y el 30 por ciento tenía cobertura de salud pública, comparándolos con el 36 por ciento de los nacidos en el país.

La tasa de inmigrantes sin seguro se redujo del 32 por ciento al 20 por ciento entre 2013 y 2017, desde que se implementó la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, según el grupo.

Alrededor de 1.1 millones de personas obtienen “green cards” cada año.

“Incontables miles de personas en todo el país pueden respirar con alivio este día debido a que la corte reconoció la urgencia y el daño irreparable que se habría causado” sin la suspensión, dijo Jesse Bless, director de litigio federal para la Asociación Estadounidense de Abogados Migratorios (American Immigration Lawyers Association).

Meses atrás, el gobierno realizó cambios radicales a las medidas que habrían negado “green cards” a inmigrantes que utilizaran ciertas formas de asistencia pública, una medida que también ha sido bloqueada por las cortes.

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Una demanda entablada el miércoles acusaba al gobierno de Trump de impedir que estadounidenses trajeran al país a cónyuges o padres extranjeros para que vivan con ellos, al requerir que estos inmigrantes demostraran que pueden pagar su atención médica antes de que se les otorgara una visa.

Siete ciudadanos estadounidenses y una ONG interpusieron la demanda federal en Portland, Oregon, en torno al requerimiento que estaba programado a entrar en vigor este domingo.

“El Congreso hace las leyes, el presidente las ejecuta. Este es un intento atroz de sobreseer y revocar la voluntad del Congreso, no solo en el ámbito migratorio, sino en el sector salud”, dijo Jesse Bless, director de litigio federal en la Asociación Estadounidense de Abogados Migratorios (American Immigration Lawyers Association), que ayudó a interponer la querella.

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