Trump demanda a las ciudades “santuario” que protegen a migrantes indocumentados
- Trump demandó a California, Nueva Jersey y a una localidad del estado de Washington por proteger a migrantes indocumentados.
- El mandatario demandó al gobernador y al fiscal general de California por aprobar una ley que busca eliminar gradualmente el uso de centros privados de detención de migrantes.
- Para Trump estas leyes son “ilegales”.
Trump demanda. El Gobierno del presidente
Donald Trump demandó este lunes a California, Nueva Jersey y a una localidad del estado de Washington, en un nuevo capítulo de su pulso con las autoridades locales por medidas que protegen a los migrantes indocumentados, llamadas políticas de «santuario», reseñó la agencia Efe.
El Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) demandó al estado de California, su gobernador, Gavin Newson, y a su fiscal general Xavier Becerra por una ley que busca eliminar gradualmente el uso de cárceles privadas con fines de lucro, entre ellas centros de detención de migrantes.
Según un comunicado del DOJ, debido a esa legislación los prisioneros que permanecen en centros privados en California tendrán que ser trasladados «a un gran costo», lo que podría aislarlos de sus familias y causar hacinamiento en los estados vecinos.
The Trump administration is suing the state of New Jersey and the county in Washington state that encompasses Seattle, claiming their governments are flouting federal immigration law through local "sanctuary" policies. https://t.co/M9pAjniyG2
— NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) February 11, 2020
Para la Administración Trump, esa ley -que Newson suscribió en octubre pasado- es «ilegal».
La normativa, conocida como AB 32, impide que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) celebre o renueve un contrato con una compañía penitenciaria privada después del 1 de enero de 2020 y evita que el estado mantenga a los reclusos en centros penitenciarios con fines de lucro a partir de 2028.
La ley también prohíbe al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) contratar, modificar o extender un contrato actual con una prisión privada.
La Administración de Trump también demandó al estado de Nueva Jersey, su gobernador, Philip Murphy, y su fiscal general, Gurbir Grewal, en busca de bloquear una norma que prohíbe a los funcionarios estatales compartir con el ICE información relacionada con el estatus migratorio y las fechas de liberación de personas bajo su custodia.
La mencionada legislación prevé igualmente que se notifique «prontamente a una persona detenida, por escrito y en un idioma que pueda entender», si el ICE ha solicitado su detención.
Según la queja presentada este día, en múltiples ocasiones los funcionarios de Nueva Jersey no proporcionaron durante el año pasado información sobre la fecha de liberación de extranjeros que habían sido acusados o detenidos por crímenes, explicó en la nota el DOJ, que califica igualmente de «ilegal» esa normativa de Nueva Jersey.
El Gobierno inició de igual forma una demanda contra el condado de King, en el estado de Washington, y el jefe del Ejecutivo local, Dow Constantine, por una orden que ha prohibido que contratistas del ICE usen el aeropuerto de esa población como terminal de salida de los vuelos con deportados o para transportar migrantes detenidos dentro del país.
La decisión, que no incluye los aviones del Gobierno federal, «ha creado dificultades operativas y costes adicionales para el ICE», argumentó el Departamento de Justicia.
Este lunes se conocieron versiones de prensa según las cuales un juez federal del estado de Maryland prohibió que los migrantes indocumentados de esa zona casados con ciudadanos estadounidense sean arrestados o deportados mientras tramitan su estatus legal en virtud de esa unión.
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Por su parte, el director interino de ICE, Matthew Albence, criticó el miércoles pasado la ley santuario de California al decir que la norma «no tiene sentido» y va contra la seguridad pública.
Albence destacó en un comunicado que decenas de migrantes que están siendo liberados de las cárceles californianas y no son entregados a las autoridades de migración gracias a las leyes santuario han sido arrestados nuevamente.
«Esto es exactamente lo que el ICE ha dicho una y otra vez. Estas políticas no hacen más que garantizar que los delincuentes vuelvan a ser liberados en la comunidad, donde muchos vuelven a ofender, en lugar de ser entregados al ICE», consideró.
El funcionario puso de ejemplo específico los datos entregados por el Departamento del Alguacil del Condado de Orange sobre la ley santuario en los dos años anteriores.
En 2019, un total de 1.507 detenidos que fueron liberados de las cárceles de ese condado tenían solicitudes de retención de ICE. De este grupo, 492 migrantes pasaron a disposición del ICE, cumpliendo con las excepciones establecidas por la Ley SB 54, para convictos de crímenes violentos, entre otros.
The Trump administration has decided if it can’t pressure cities and states to drop their sanctuary policies limiting cooperation with ICE, it will attempt to force them to cooperate through the courts https://t.co/QQe7kFiCtx
— Michelle Hackman (@MHackman) February 11, 2020
La ley santuario cobijó a 1.015 extranjeros que fueron liberados sin notificación a las autoridades migratorias. De este último grupo 238 fueron arrestados nuevamente.
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En 2018, de los 1.106 migrantes favorecidos por la ley santuario en esa zona, 173 fueron arrestados nuevamente por cargos adicionales.
«Estas políticas de santuario no tienen sentido cuando se trata de seguridad pública. Estos son crímenes prevenibles y, lo que es más importante, víctimas prevenibles. Como lo demuestran claramente los datos publicados, todas las comunidades están más seguras cuando la policía local trabaja con el ICE», aseveró Albence.
Durante el discurso ante el pleno del Congreso, Trump dijo que «trágicamente, hay muchas ciudades en Estados Unidos donde los políticos radicales han elegido dar santuario a los extranjeros ilegales criminales», y mencionó la violación y asesinato de una anciana en Nueva York.
Por su parte el subsecretario interino de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli, retomó el tema en su cuenta de Twitter para acusar a las medidas del Gobierno californiano de «llevar a la muerte» de Rocky Jones, asesinado en diciembre de 2018 por un indocumentado que había sido deportado dos veces pero volvió a ingresar ilegalmente al país.
El gobernador de California aprovechó la oportunidad y utilizó la misma red social para señalar que cree «de todo corazón que Estados Unidos está listo para rechazar las políticas tenebrosas, discriminatorias y peligrosas de Donald Trump».
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