Trump apelará para mantener política de enviar a México a quienes piden asilo

  • Solicitantes de asilo saldrían perdiendo ante Trump
  • La Casa Blanca hará lo que sea necesario para continuar la medida de Trump
  • El pretexto es defender la crisis en la frontera sur
  • La Casa Blanca anunció hoy que planea apelar una decisión judicial que este lunes bloqueó su política de enviar a México a esperar a los indocumentados que solicitan asilo, y advirtió de que hará lo que sea “necesario” para defender las medidas del presidente Donald Trump.

    “Pretendemos apelar (esta decisión), y tomaremos todas las medidas necesarias para defender los esfuerzos legales de la rama ejecutiva para defender la crisis en nuestra frontera sur”, indicó la Casa Blanca en un comunicado.

    El juez federal Richard Seeborg, del distrito Norte de California, con sede en San Francisco, emitió este lunes una orden preliminar que entrará en efecto el próximo viernes, y que impedirá al Gobierno de Trump “implementar o expandir el programa” de envío a México de los demandantes de asilo.

     

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    Bajo la ley, los inmigrantes indocumentados que entran al país y reclaman asilo tienen derecho a una audiencia en un tribunal de inmigración, siempre que superen una primera entrevista en la que un funcionario evalúa si tienen un “miedo creíble” de persecución en su lugar de origen.

    Ante las denuncias de Trump de que esa legislación dificulta la deportación de los indocumentados, su Gobierno comenzó a aplicar en enero un programa titulado “Protocolo de Protección de Migrantes”, por el que se exige a los inmigrantes que esperen en México a que se tramite su petición de asilo.

     

     

    Desde que comenzó a implementarse esa política, se han enviado a México a unas 400 personas en espera de que se resuelvan sus casos, según cifras de Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

    La Casa Blanca basará su apelación de la decisión del juez de San Francisco, en el argumento de que esa orden “socava gravemente la capacidad del presidente para afrontar la crisis en la frontera con las herramientas que ha autorizado el Congreso, y afecta al desarrollo de las relaciones exteriores” del país, dice la nota.

     

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