Gobierno de Trump apelará orden judicial que impide restringir asilo

El gobierno del presidente Donald Trump dijo el martes que apelará una orden judicial que le prohíbe negar asilo a los inmigrantes que entren a Estados Unidos de manera ilegal.

El Departamento de Justicia presentó un aviso de apelación al interdicto emitido por la Corte de Apelaciones del 9no Circuito. También pidió al juez que suspenda el interdicto en lo que se resuelve la apelación.

Trump acusó la semana pasada al 9no circuito de ser parcial y calificó al juez que falló en su contra como un “juez de Obama”, en referencia al mandatario anterior.

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El magistrado presidente de la Corte Suprema John Roberts respondió en un comunicado que el poder judicial no tiene “jueces de Obama o jueces de Trump, jueces de Bush o jueces de Clinton”. Fue la primera vez que Roberts se refiere a alguna crítica del presidente, ya que los jueces por lo general evitan hacer declaraciones públicas sobre política.

Roberts y el resto de la Corte Suprema podrían terminar decidiendo el caso de asilo. El 9no Circuito, visto como de inclinación liberal, ya ha fallado en contra de Trump en varios casos importantes en materia migratoria.

El juez federal de distrito Jon S. Tigar, en San Francisco, emitió el 19 de noviembre una orden temporal de restricción contra la proclama de Trump del 9 de noviembre que automáticamente prohibía solicitar asilo a cualquiera que entrara a Estados Unidos por la frontera con México entre los puertos oficiales de entrada.

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Trump emitió la proclama en respuesta a las caravanas de migrantes que se dirigían a la frontera sur de Estados Unidos, las cuales -afirmó- son una amenaza a la seguridad nacional.

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Sin embargo, Tigar dio la razón a los grupos jurídicos que entablaron demandas horas después de que se emitió la proclama. Los grupos argumentaron que la ley federal estipula explícitamente que los inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos pueden solicitar asilo sin importar si entraron al país de manera legal.

“Cualquiera que sea el alcance de la autoridad del presidente, no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso ha prohibido expresamente”, dijo el juez en su orden.

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En su solicitud del martes para que se suspenda el interdicto, el Departamento de Justicia dijo que la orden de Tigar “daña inmediatamente al gobierno y pone en peligro importantes intereses nacionales”.

Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, dijo en un comunicado que el grupo se “opondría vehementemente a la petición de suspensión (del interdicto), a fin de que las vidas de las personas no sean puestas en peligro”.

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