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Gobierno eximió a menores de la suspensión de visas ordenada por Trump

El Gobierno eximió a los niños extranjeros de la suspensión de residencias conocidas como “green card” ordenada por el presidente Trump.
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  • Gobierno eximió a los niños extranjeros de la suspensión de permisos de residencia conocidos como “green card”
  • Esta medida permitirá a los menores continuar con sus solicitudes migratorias pese a la prohibición del Ejecutivo
  • El pasado lunes el Gobierno extendió hasta diciembre una orden ejecutiva en la que suspendió la emisión de permisos de residencia

El Gobierno del presidente Donald Trump

eximió a los niños extranjeros de la suspensión de emisiones de permisos de residencia permanente para inmigrantes, conocidos como «green card”, lo que permite a los menores continuar con sus solicitudes a pesar de la prohibición del Ejecutivo, advirtieron este miércoles abogados de inmigración.

En un comunicado la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) explicó que gracias a una demanda presentada en mayo pasado en contra de la Casa Blanca, el Gobierno se vio obligado a continuar con los proceso de los menores, de acuerdo con la agencia Efe.

El pasado lunes el Gobierno extendió hasta diciembre una orden ejecutiva en la que suspendió la emisión de permisos de residencia, en un endurecimiento de su política migratoria en el contexto de la pandemia de COVID-19.

Suspensión de visas ordenada por Trump queda eximida para menores
Foto: captura pantalla Twitter.

Inicialmente el mandatario había firmado la prohibición, que incluye el visado a trabajadores por 60 días, cuyo texto original no había hecho ninguna excepción para los niños.

En mayo, AILA, en conjunto con Justice Action Center (JAC) e Innovation Law Lab, demandaron al presidente en nombre de varios padres que esperaban completar los procesos con los que estaban inmigrando a sus hijos y se vieron afectados por la orden ejecutiva.

La demanda pedía al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia (DC) que protegiera a estas familias del daño causado por la prohibición de visas de inmigrante, ya que los procesos de muchos niños podían retroceder años e incluso dejarlos fuera de la categoría por cumplir 21 años.

Este era el caso de Domingo Arreguin Gómez, quién encabeza la demanda. El inmigrante, que ha sido residente permanente legal durante 30 años, había presentado una solicitud para inmigrar a Estados Unidos desde México a su hijastra, menor de edad.

Debido a la orden ejecutiva, la joven corría un riesgo inminente de perder su lugar en la lista de espera de visas porque cumplía 21 años en junio. Al convertirse en una solicitante mayor de edad, la joven había tenido que ingresar a otra categoría, lo que la obligaría a esperar incluso décadas antes de poder inmigrar, alerta la demanda.

La exclusión de la Casa Blanca a estos menores les permitirá ahora seguir con sus casos sin verse afectados por la prohibición.

AILA dijo en un comunicado que “están aliviados por los demandantes y las otras familias igualmente afectadas que ahora podrán reunirse con sus hijos”.

Una caravana recorre Washington para pedir residencia para migrantes con TPS

Una caravana de hasta 150 vehículos llegados de todo Estados Unidos recorrió el miércoles Washington para exigir la residencia permanente para miles de inmigrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS) de países como Honduras o El Salvador, cuyo beneficio migratorio expirará en enero de 2021 si el Gobierno no lo renueva, reseñó Efe.

Bajo el lema «De camino a la justicia: Somos esenciales, ahora y siempre», decenas de automóviles decorados con pancartas hicieron sonar sus cláxones al recorrer una de las principales arterias de la ciudad, la calle 16, rumbo a los alrededores del Senado de EE.UU., donde dieron una rueda de prensa.

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«Somos trabajadores esenciales, estamos aquí para contribuir a la economía, y es hora de que el Congreso actúe para proteger a estas miles de familias. Basta», dijo Doris Landaverde, una salvadoreña que lleva casi veinte años en EE.UU. y que se desplazó a Washington desde Boston para participar en la caravana.

Decenas de miles de hondureños, salvadoreños, nicaragüenses y haitianos viven y trabajan en EE.UU. gracias al TPS, un programa creado en 1990 y que concede un estatus migratorio legal a ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.

Más de 131.000 de los beneficiarios de TPS han sido trabajadores esenciales durante la pandemia de COVID-19, ya fuera como empleados sanitarios o en tareas de procesamiento de alimentos, reparaciones o limpieza, según cálculos de abril de la organización progresista Centro para el Progreso Americano.

Landaverde es una de ellas: es limpiadora en la universidad de Harvard, y durante esta pandemia ha «desinfectado oficinas y puertas» hasta que se enfermó con «síntomas similares a los del coronavirus» y tuvo que aislarse de su familia durante dos semanas, lo que provocó que se perdiera el cumpleaños de su hija.

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«Con lo duras que fueron esas dos semanas, cuando pienso en lo que pasará el 4 de enero, no puedo ni imaginar la pesadilla» que implicaría perder su estatus legal y ser deportada, afirmó en la rueda de prensa al concluir la caravana, organizada por la Alianza Nacional del TPS.

Durante décadas, EE.UU. renovó de manera automática el TPS, pero el actual presidente estadounidense, Donald Trump, ha decidido acabar con algunos de esos permisos.

Sin embargo, una corte federal en California frenó el intento de Trump de acabar del todo con el TPS para salvadoreños, hondureños y haitianos; y el Gobierno accedió el año pasado a extender el programa hasta el 4 de enero de 2021 para los ciudadanos de esos países y los de Nicaragua, Nepal y Sudán.

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Los beneficiarios del TPS están preocupados por qué pasará si Trump no extiende el programa más allá del próximo enero, y creen que ha llegado el momento de que el Congreso les conceda una vía a la residencia permanente en un país donde muchos viven y trabajan desde hace más de dos décadas.

«Mi familia se arriesga a que la separen», lamentó en la rueda de prensa María Ayala Flores, una salvadoreña de 21 años que llegó a EE.UU. cuando era un bebé y que fue una de las demandantes del caso judicial que permitió frenar la derogación del TPS.

Una de las que más kilómetros viajó para participar en la caravana fue Marta Fernández, una profesora hondureña de 53 años que se desplazó a la capital desde California para compartir su mensaje: «Estamos en un limbo. Llevo aquí más de 20 años y me mandan a casa, ¿adónde? Esta es mi casa, la de mis hijos».

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