Revelan plan de Trump para expandir política antiinmigrante a Arizona
- La Administración de Trump empezaría a expandir su política antiinmigrante de Texas y Nuevo México hasta Arizona.
- La acción busca que los inmigrantes que buscan asilo sean devueltos a México.
- A pesar de los constantes reclamos por la aplicación, este plan antiinmigrante de Trump sigue vigente.
El gobierno de Donald Trump buscaría expandir una de sus políticas antiinmigrantes hasta Arizona a partir del viernes, según reveló hoy el medio NBC News.
La administración de Donald Trump planea expandir su política de «Permanecer en México» el viernes enviando a los solicitantes de asilo que cruzan la frontera en el sector de Tucson, Arizona, de regreso a México para esperar sus fechas de corte, indicó un correo electrónico interno obtenido por NBC News.
La expansión enviaría a los inmigrantes que solicitan asilo en Tucson y sus alrededores primero a El Paso, Texas, y luego a Ciudad Juárez, México, de acuerdo con el correo electrónico al que logró tener acceso el referido medio.
El correo electrónico se envió ampliamente a los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés), donde se les dijo que el sector de Tucson debe «comenzar a manifestar y procesar a las personas responsables para que el MPP sea devuelto mañana por la mañana», en referencia al Protocolo de Protección a Migrantes (MPP en inglés), el título oficial de la acción denominada “Permanecer en México”.
La CBP ya está enviando solicitantes de asilo no mexicanos, principalmente de América Central, de regreso a México si cruzan a los sectores de El Paso y el Valle del Río Grande, en Texas.
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La CBP remitió a NBC News con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) para obtener comentarios sobre la nueva medida. Sin embargo, el DHS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
En octubre, 6,352 inmigrantes indocumentados cruzaron el sector de Tucson, un tramo fronterizo de 262 millas entre la frontera del estado de Nuevo México y el borde oriental del condado de Yuma en Arizona, aunque se desconoce cuántos solicitaron asilo. Tucson fue el segundo en cruces de migrantes solo en el sector del Valle del Río Grande, que tenía casi 10,000 el mes pasado.
Desde que “Permanecer en México” entró en vigencia en enero, los abogados de inmigración han desafiado la política en la corte, alegando que a los solicitantes de asilo se les están violando sus derechos al hacerles esperar en condiciones inseguras en el norte de México.
Los inmigrantes son llevados a salas de tribunal instaladas en tiendas de campaña en el lado estadounidense de la frontera y se enfrentan a tiempos de espera de un año para una adjudicación final de su caso.
A pesar de los desafíos judiciales, la política de antiinmigrante “Permanecer en México” que creó Trump sigue vigente.
La administración de Trump reveló otra política que limita los derechos de los solicitantes de asilo esta semana. A partir del miércoles, el DHS comenzó a deportar a los centroamericanos a países que han firmado acuerdos con los Estados Unidos. Por ejemplo, si un migrante de El Salvador u Honduras pasa por Guatemala en su camino a los Estados Unidos sin solicitar asilo, sería deportado a Guatemala.
Exclusive from @JuliaEAinsley The Trump admin's 'Remain in Mexico' policy for asylum seekers will expand from Texas and New Mexico to cover CBP's Tucson sector, a 262-mile long stretch of the Arizona border. https://t.co/5ukW6EGfVy
— NBC Investigations (@NBCInvestigates) November 22, 2019
Migrantes devueltos a México: Juez permite que puedan tener abogados
Por otra parte, la semana pasada un magistrado federal determinó en San Diego, California, que los migrantes que piden asilo en el país y temen ser enviados a México mientras esperan los resultados tengan acceso a abogados de inmigración.
El juez Dana Sabraw falló a favor de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otras dos organizaciones proinmigrantes que la semana antepasada presentaron una demanda colectiva.
El magistrado resolvió que, cuando los inmigrantes expresan que temen regresar a México y, por lo tanto, se les asignan “entrevistas no devolutorias”, deben tener acceso a abogados.
Un portavoz de la ACLU, Edward Sifuentes, explicó a Efe que ese tipo de entrevistas son adicionales al proceso regular y están a cargo de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés).
Se inician cuando los migrantes expresan temor si regresan a México durante las entrevistas con agentes de inmigración, para demostrar el “miedo creíble” y solicitar asilo.
La decisión del juez Sabraw es “una orden de restricción temporal que garantiza a los demandantes acceso a abogados, y prepararse durante las entrevistas” en las que quieren explicar sus razones para permanecer en territorio estadounidense sin integrarse al Protocolo de Protección a Migrantes, dijo Sifuentes.
El MPP fue creado por la administración del presidente Donald Trump en enero pasado, para que los solicitantes de asilo lleven su proceso desde México y así desalentar la llegada de migrantes.
“La decisión del juez es una victoria para nuestros demandantes, para el derecho a contar con abogado y para nuestra visión de un sistema de inmigración justo y equitativo”, dijo Monika Langarica, abogada de derechos de los inmigrantes de ACLU.
Langarica había acusado a la administración Trump de levantar “un muro entre los migrantes y sus abogados”, por impedir a los representantes legales participar en las entrevistas de USCIS para revisar temores de volver a México.
La demanda colectiva representa a varias familias migrantes que se declararon temerosas.
La directora regional de la ACLU para la frontera de California con México, Norma Chávez Peterson, presentó el caso de una de esas familias.
La citada familia huyó de Guatemala cuando la mayor de cinco hijos, una adolescente de 17 años, fue violada y amenazada de muerte.
Al cruzar México, madre, padre e hijos fueron asaltados y vejados, obligados a desnudarse incluso, en una ocasión, por hombres uniformados.
Esa familia ha permanecido en una instalación de la Patrulla Fronteriza, que es la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), mientras la corte resuelve el caso, y ahora ACLU coordina las entrevistas con abogados.
En la demanda participan Servicios Familiares Judíos de San Diego y el Centro Legal para los Derechos de los Inmigrantes, reportó la agencia EFE.
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