Estados Unidos ofrece recompensa de $15 millones por Nicolás Maduro

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Estados Unidos ofrece recompensa de $15 millones por Nicolás Maduro
  • Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de narcotraficante y ofrece 15 millones de dólares de recompensa
  • El fiscal general de EE. UU. también indicó que se ofrecía una recompensa de $10 millones por Diosdado Cabello
  • Las acusaciones de los fiscales en Miami y Nueva York incluyen cargos de lavado de dinero y tráfico de drogas

El Gobierno de EE.UU. ofreció este jueves 15 millones de dólares por cualquier información que lleve al arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de 10 millones de dólares por Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y uno de los hombres fuertes del chavismo, reseñó la agencia Efe.

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Además, el Ejecutivo estadounidense ofrece 10 millones por otras tres importantes figuras venezolanas: el vicepresidente económico Tareck El Aissami; el exgeneral venezolano Hugo Carvajal y el exjefe militar Cliver Alcalá Cordones.

La administración Trump anunció nuevas acusaciones contra el venezolano Nicolás Maduro y miembros de su círculo cercano por convertir a Venezuela en una empresa criminal al servicio de narcotraficantes y grupos terroristas, según cuatro personas familiarizadas con la situación, reseñó The Associated Press.

Las acusaciones de los fiscales en Miami y Nueva York, que incluyen cargos de lavado de dinero y tráfico de drogas, fueron anunciadas en una conferencia de prensa por el fiscal general de Estados Unidos William Barr el jueves, según los cuatro, quienes hablaron bajo condición de anonimato a discuta las acusaciones antes de su apertura.

Se esperaba que Estados Unidos anunciara recompensas de 25 millones de dólares por información que conduzca al arresto o enjuiciamiento de Maduro y de Diosdado Cabello, jefe del partido socialista gobernante. Eso es de acuerdo con dos funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto.

Asimismo, se esperaba que el Departamento de Estado anunciara las ofertas de recompensa al mismo tiempo que el Departamento de Justicia hacía públicas las acusaciones, dijeron los funcionarios.

La acusación de un jefe de estado en funcionamiento es casi sin precedentes y está destinada a aumentar las tensiones entre Washington y Caracas, ya que la propagación del coronavirus amenaza con colapsar un sistema de salud y una economía dependiente del petróleo profundamente arraigada en el suelo por años de corrupción y sanciones por parte de Estados Unidos.

Los analistas dijeron que la acción podría aumentar las posibilidades de reelección de Trump en el estado clave de Florida, que ganó por un estrecho margen en 2016 y donde los venezolanos, cubanos y nicaragüenses que huyen de los regímenes autoritarios tienen fuerza política.

Pero no está claro cómo lleva a Venezuela más cerca de poner fin a un enfrentamiento de 15 meses entre Maduro, que cuenta con el apoyo de Rusia y China, y el líder opositor respaldado por Estados Unidos, Juan Guaidó.

También podría fragmentar la coalición liderada por Estados Unidos contra Maduro si los aliados europeos y latinoamericanos piensan que la administración Trump se está extralimitando.

“Este tipo de acción no hace nada para ayudar a una solución negociada, algo que ya es realmente difícil”, dijo Roberta Jacobson, quien se desempeñó como la principal diplomática del Departamento de Estado para América Latina hasta 2018.

Maduro, un ex conductor de autobús de 57 años, se presenta como un ícono de la izquierda latinoamericana. Durante mucho tiempo acusó al “imperio” estadounidense de buscar cualquier excusa para tomar el control de las mayores reservas de petróleo del mundo, comparando su complot con la invasión de Panamá en 1989 y la expulsión del general Manuel Noriega para enfrentar cargos de narcotráfico en Florida.

Barr y Elliott Abrams, el enviado especial del Departamento de Estado en Venezuela, están impulsando la postura agresiva de los Estados Unidos hacia Maduro, ya que presionaron por la destitución de Noriega a fines de la década de 1980: Barr como alto funcionario del Departamento de Justicia y Abrams como subsecretario de Estado para América Latina.

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Los funcionarios estadounidenses también ven otros paralelos.

Noriega transformó a Panamá en un patio de recreo para los carteles internacionales violentos de la droga, mientras que la administración Trump acusó a Maduro y sus secuaces militares de albergar a narcotraficantes, guerrilleros de Colombia e incluso Hezbolá, un grupo terrorista designado.

También han acusado a los funcionarios del gobierno junto con empresarios bien conectados de robar cientos de miles de millones de dólares de las arcas estatales, gran parte del gigante petrolero estatal PDVSA, que ha visto caer su producción a un mínimo de siete décadas.

Expresidentes urgen a liberar presos políticos en Cuba, Venezuela y Nicaragua

Exjefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica urgieron al secretario general de la OEA, Luis Almagro, ordenar a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua la liberación de los presos políticos ante el riesgo del COVID-19 y denunciaron la falta de transparencia de estos países sobre la pandemia, reseñó la agencia Efe.

Los expresidentes reunidos en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) instaron en una misiva a la OEA a ordenar “la inmediata libertad de los presos políticos para evitarles que las gravosas situaciones que padecen no concluyan, como agregado, con la perdida de sus vidas”.

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“Estos gobiernos son responsables, además, de la protección de las vidas de quienes mantienen bajo prisión, todavía más las vidas de los presos a quienes de modo ilegal y arbitrario mantienen recluidos por razones políticas”, expresaron los exmandatarios en una declaración conjunta suscrita la noche del miércoles.

Los expresidentes aseguran que las “vocaciones autoritarias, militares y policiales” de los tres países “les impiden la transparencia necesaria en cuanto a suministro de datos y realidades que contribuyan a enfrentar con eficacia sus pandemias”.

La misiva, que también enviaron a los gobiernos de Nicolás Maduro, en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua, y Miguel Díaz-Canel, en Cuba, fue suscrita por los expresidentes colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.

Otros ex mandatarios firmantes son Nicolás Ardito Barletta y Mireya Moscoso (Panamá), Rafael Ángel Calderón (Costa Rica), Alfredo Cristiani (El Salvador), Mauricio Macri (Argentina), José María Aznar (España), Jamil Mahuad (Ecuador), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia) y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica).

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La solicitud se une a la de una organización no gubernamental venezolana Justicia, Encuentro y Perdón, que avanza a través de la plataforma de internet Change.org, en la que piden la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ante la propagación del nuevo coronavirus.

La iniciativa alerta sobre “la agudización progresiva de personas afectados por el COVID-19 que puede presentarse en días próximos y la evidente incapacidad del Estado (venezolano) de seguir protocolos que puedan frenar una situación de propagación inmediata, por el hacinamiento de todos los centros de reclusión del país”.

La organización, que ha reunido más de 12.000 de las 15.000 firmas que se propone, señala que las medidas cautelares de índole humanitaria son la “única manera de garantizar la vida, el resguardo de la integridad física y detener el detrimento de la salud” de los considerados como “presos políticos” venezolanos.

En ese sentido instan la intervención de varias organizaciones multilaterales, entre ellas la Comisión, el Grupo de Lima, la Unión Europea y al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.

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