Policía de Mississippi ya no podrá actuar como ‘La Migra’

• La policía y Oficina del Alguacil quiere optar las nuevas medidas para evitar que los oficiales actúen como la migra como consecuencia de una demanda hecha en noviembre de 2018 por parte de una familia hispana.
• En la demanda se declara que los oficiales confiscaron los pasaportes de la familia y la Green Card del padre y que, además, la autoridad hizo una amenaza indicando la separación de los hijos de sus padres.
• La abogada de SPLC comenta: «Este caso es un poderoso recordatorio de que cuando la policía local intenta hacer el trabajo de los agentes federales de inmigración, se enfrentarán a costosos desafíos legales”.

Tras una demanda en el 2018 por una familia latina, la Oficina del Alguacil ha tomado la decisión de optar nuevas medidas para garantizar que la policía de Mississippi ya no pueda “actuar como La Migra” intentando identificar racialmente a los automovilistas.

En noticias anteriores se han presentado casos de oficiales que operan como agentes de inmigración, deteniendo a civiles con rasgos que “no encajan” con los de un ciudadano estadounidense.

En el condado de Hancock en Mississippi, Estados Unidos, la Oficina del Alguacil quiere optar por las nuevas medidas para evitar que los oficiales actúen como ‘La Migra’ como consecuencia de una demanda hecha en noviembre de 2018 por parte de la familia Martínez -de origen latino- con ayuda de las organizaciones civiles Mississippi Center for Justice y Southern Poverty Law Center (SPLC).

La familia Martínez está conformada por la pareja y sus tres hijos, quienes fueron detenidos en carretera por policías quienes creían que eran indocumentados basándose en su color de piel y origen étnico. En dicha demanda presentada, ellos reclaman que la detención por parte de la policía de Mississippi la consideran ilegal.

La abogada de SPLC comentó al respecto: “Este caso es un poderoso recordatorio de que cuando la policía local intenta hacer el trabajo de los agentes federales de inmigración, se enfrentarán a costosos desafíos legales. Estamos muy contentos de que el condado de Hancock haya acordado salir del negocio de la aplicación de la ley de inmigración”.

El suceso originario de la demanda ocurrió en junio de 2017. Las organizaciones mencionadas informaron que fue el ayudante del alguacil del condado de Hancock quien realizó la operación de detener a la familia latina cuando ellos viajaban (para aprovechar las vacaciones) por la carretera interestatal 10.

El comunicado de SPLC menciona que en la demanda se denuncia que los agentes detuvieron a los involucrados en la carretera por un lapso de dos horas y que, posteriormente, los trasladaron a la Oficina del Alguacil donde tuvieron que permanecer otras dos horas. Al parecer, los oficiales habrían dicho que estaban en busca de “indocumentados”, agrega la demanda.

Stephanie Martínez agrega: “Presentamos esta demanda porque no queríamos que otras familias sufrieran de la misma manera que nosotros. Esperamos que las nuevas políticas aseguren que otras personas no sean detenidas y hostigadas solo porque se ven latinas”.

Como dato adicional de importancia dentro de la demanda es que esta indica que los oficiales confiscaron los pasaportes de la familia y la Green Card del padre y que, además, la autoridad hizo una amenaza indicando la separación de los hijos de sus padres; no obstante, los acusados declararon en el acuerdo de conciliación que “niegan responsabilidad y niegan las alegaciones hechas en la demanda”, añade SPLC

Como resultado, las nuevas normas creadas por la Oficina del Alguacil prohíben que los oficiales de la policía de Mississippi detengan a individuos solo con base de sospechas de carezcan de documentos legales para permanecer en el país. También se ha establecido que queda prohibido prolongar una parada para indagar sobre el estado migratorio de la persona detenida y, de igual manera, no se le podrá transferir con las autoridades de inmigración.

“Este acuerdo es una victoria para todos los que viajan por Mississippi a lo largo de la I-10, estarán más seguros como resultado de estas políticas. Las políticas son un modelo para otros condados que buscan promover relaciones saludables con sus comunidades y evitar litigios costosos”, declaró Beth Orlansky, directora de Mississippi Center for Justice.

Otra explicación del comunicado de SPLC es que la Oficina del Alguacil se encargará de la recopilación de datos en relación con el origen étnico y racial de los automovilistas a los que se detienen, duración de la parada y el resultado que se obtuvo de esta. La información recopilada estará a disposición del público trimestralmente con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas.

También se pretende publicar un formulario en línea tanto en inglés como en español para que el público pueda expresar sus quejas sobre los agentes en caso de percibir un trato que pueda violentar sus derechos. Posteriormente, la oficina leerá e investigará cada caso en un lapso de 90 días y mantendrá las quejas en un archivo permanentemente.

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Policía de Mississippi ya no podrá actuar como ‘La Migra’

Cabe mencionar que en EE.UU. existe un concepto conocido como “Ciudades Santuario” que hace referencia a lugares que limitan su cooperación con los esfuerzos del Gobierno Federal para hacer cumplir las leyes migratorias. En estas ciudades se protege a los indocumentados de la persecución por parte de la policía migratoria.

Entre estas ciudades están:

Washington DC. En año 2011 el ex alcalde firmó una ley para prohibir a los funcionaros de seguridad pública de DC que averiguaran sobre el estado de inmigración de un residente durante arrestos y otras operaciones.

San José, California. La ciudad de San Francisco ha adoptado políticas que instruyen a los funcionarios a no denunciar a las personas indocumentadas que viven aquí.

Nueva York. Recientemente el alcalde anunció que defendería a los residentes de New York de las autoridades de inmigración, independientemente de dónde vengan o de su estatus migratorio.

San Francisco, California. En 1989 esta ciudad aprobó la ley “Ciudad y Condado de Refugio”. Esta legislación fue una de las primeras leyes de este tipo en EE. UU, dicha ley prohíbe que los fondos de la ciudad colaboren en la aplicación de leyes federales de inmigración.

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