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Pelosi pide iniciar la redacción de los cargos del juicio político a Trump

La congresista Nancy Pelosi hizo un inusual anuncio sobre la investigación en la Cámara que podría llevar a la destitución de Trump.
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  • La congresista Nancy Pelosi hizo un inusual anuncio público sobre el estado de la investigación en la Cámara que podría llevar a la destitución del presidente Trump.
  • En una comparecencia televisada, la líder de la mayoría en el Congreso habló sobre lo que ha quedado demostrado en las audiencias.
  • Pidió presentar los artículos de juicio político pues «la democracia está en juego» con las acciones de Trump, aseguró.

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, solicitó hoy formalmente a los legisladores la redacción de los cargos para el proceso de destitución contra el presidente Donald Trump, a quien acusó de «abuso de poder» para su «beneficio personal».

«Nuestra democracia está en juego. El presidente no nos deja otra opción», dijo Pelosi en una intervención desde el Congreso en la que remarcó que «el presidente abusó de su poder para su propio beneficio político personal a expensas de la seguridad nacional».

Los demócratas están acelerando el proceso para votar sobre la destitución del 45to presidente alrededor de Navidad, una situación que Pelosi esperaba evitar, pero que ahora parece inevitable. Su declaración está prevista para las 9, hora del este de Estados Unidos.

Tres especialistas en derecho constitucional declararon el miércoles ante la Comisión Judicial de la cámara que los intentos de Trump de lograr que el gobierno ucraniano investigue a sus rivales demócratas fundamentan un juicio político.

Un cuarto especialista, convocado por los republicanos, advirtió que no se debe acelerar el proceso, que éste sería el juicio político más breve de los tiempos modernos y el más “parco” en pruebas, lo que sentaría un precedente peligroso.

Se denuncia a Trump por abusar del poder de su cargo, anteponer sus intereses políticos a la seguridad nacional, e intentar sobornar a Ucrania al retener 400 millones de dólares de ayuda militar aprobada por el Congreso; y además, obstruir la investigación.

En la cámara baja, los demócratas dicen que cumplen con su deber, en tanto los republicanos dicen que todo el proceso es un fraude. Y en la cámara alta, senadores de ambos partidos conferenciaron discretamente, preparándose para un eventual juicio a Trump.

Juicio político: Clases de historia y disputas partidistas

La siguiente fase de la investigación por juicio político del presidente Donald Trump pasó el miércoles a la Comisión de Asuntos Jurídicos de la cámara baja, con audiencias públicas donde comparecieron profesores de derecho que hablaron sobre los orígenes constitucionales del poder del Congreso en relación al juicio político.

Tres de los abogados fueron escogidos por demócratas, uno por republicanos, y los expertos estuvieron divididos al igual que la comisión, de manera partidista, sobre si Trump cometió un delito punible con juicio político cuando pidió al presidente de Ucrania que investigara a su rival político Joe Biden.

Los argumentos en torno a la Constitución fueron frecuentemente interrumpidos por peleas partidistas entre los miembros de la comisión.

Estos son algunos de los puntos más destacados hasta ahora:

INTERRUPCIÓN REPUBLICANA

Los republicanos aliados con el presidente usaron la audiencia para forzar una votación de procedimiento y aplazar el proceso, creando un ambiente caótico pese a las nobles referencias a los principios constitucionales hechas por los profesores.

Miembros republicanos interrumpieron al presidente de la comisión, el demócrata Jerrold Nadler, y a los expertos que testificaron, pidiendo más testigos republicanos, un aplazamiento de la audiencia y que se llame a testificar a Adam Schiff, presidente de la Comisión de Inteligencia de la cámara baja. Schiff encabezó la investigación sobre los tratos de Trump con Ucrania.

El republicano de mayor rango en el panel, Doug Collins, dijo que el proceso era un “fraude”. Y agregó que la comisión había quedado rezagada porque otros paneles dirigieron la investigación de juicio político.

DELITOS Y FALTAS GRAVES

Los cuatro profesores de leyes dieron algunas clases de historia durante la audiencia, al hablar sobre los fundadores de la patria y la monarquía británica, de la Convención Constitucional del siglo XVIII y los procesos de juicio político del siglo XX contra los presidentes Richard Nixon y Bill Clinton.

Su testimonio también tuvo un propósito contemporáneo, a la vez que los demócratas trataron de reforzar sus argumentos en favor de un juicio político al invitar a expertos constitucionales independientes para que establezcan que Trump cometió un delito punible con juicio político.

Tres de los testigos dejaron en claro que ellos pensaban que la conducta de Trump cumplía con la definición de abuso de poder que los creadores de la Constitución tenían en mente cuando escribieron sobre la destitución de un mandatario. Dijeron que la interacción del presidente con Ucrania equivalía a delitos y faltas graves, el estándar de juicio político establecido en la Constitución.

“Si de lo que estamos hablando no justifica un juicio político”, dijo Michael Gerhardt, profesor de leyes de la Universidad de Carolina del Norte, “entonces nada lo es».

El único que estuvo en desacuerdo fue Jonathan Turley, de la Universidad George Washington, quien dijo que, aunque no era simpatizante de Trump, cree que el caso contra el presidente era legalmente débil y advirtió que podría “derrumbarse” debido a que carece de intención criminal.

EL REPORTE MUELLER

Los demócratas han estado debatiendo sobre incluir un cargo de obstrucción de justicia, conforme a lo establecido en el reporte del fiscal especial Robert Mueller.

Ese informe, divulgado en abril, estableció posibles actos de obstrucción, pero no determinó ni para bien o mal si el presidente había socavado la investigación rusa. Mueller citó las directrices del Departamento de Justicia que indican que un presidente de turno no puede ser acusado de un delito grave. Esencialmente le dejó esa decisión al Congreso.

El miércoles, Nadler dio a entender que él cree que los hallazgos de Mueller deberían ser incluidos, diciendo en su declaración de apertura que Trump tomó “medidas extraordinarias y sin precedentes” para obstruir la investigación del fiscal especial.

Cláusula para posible destitución de Trump cabría en un tuit

La cláusula de la Constitución de Estados Unidos que estipula las condiciones para destituir a un presidente es tan breve que cabría en un tuit, pero tan opaca que los jerarcas del gobierno siguen debatiendo su significado más de dos siglos después.

La frase tiene apenas 199 palabras y curiosamente, recuerda la afinidad del presidente Donald Trump de colocar mayúsculas azarosamente.

“El Presidente, Vicepresidente y todos los Oficiales civiles de los Estados Unidos, serán destituidos de sus Cargos si son Enjuiciados y Convictos de Traición, Soborno y otros Delitos Menores o de Suma Gravedad”, dice la cláusula.

En estos momentos, cuando tiene lugar apenas el cuarto proceso de juicio político en la historia de Estados Unidos, la interpretación de esas palabras definirá la suerte de la presidencia de Trump.

Los juicios políticos por lo general giran en torno al abuso del poder, una estimación sobre la cual, por lo menos hasta ahora, los legisladores estadounidenses discrepan prácticamente según líneas partidistas.

El miércoles, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes comenzó la audiencia que probablemente producirán las bases para un juicio político, el equivalente a una acusación formal ante un tribunal, y remitirá el caso al Senado.

El martes, la Comisión de Inteligencia de la cámara baja emitió un reporte acusando a Trump de uso indebido de su poder, de obstruir las funciones del Congreso y de colocar “sus intereses políticos personales por encima del interés nacional”, términos que evocan el lenguaje usado contra Richard Nixon, el único presidente que ha perdido su cargo bajo amenaza de juicio político.

A mediados de noviembre, los demócratas agudizaron la confrontación con el mandatario al acusarlo de un delito específico, el de soborno, logrando vincular su conducta con un estándar claro de destitución.

En esa oportunidad la presidenta de la cámara baja, Nancy Pelosi, básicamente decidió dejar a un lado la complicada frase en latín “quid pro quo” a favor de resaltar un acto de corrupción criminal comprensible para el ciudadano común.

Fue un paso lógico, pero conlleva sus riesgos, opinó Cal Jillson, historiador especializado en la presidencia estadounidense, en la Southern Methodist University.

“El proceso de juicio político ha entrado en su fase pública, no sólo porque las audiencias ahora se realizan abiertas al público, sino porque ambos partidos ahora están dirigiendo sus argumentos hacia el electorado”, opinó Jillson. “Es por ello que los demócratas decidieron, con mucha razón a mi parecer, olvidarse de esa frase en latín ‘quid pro quo’ en favor de términos más modernos, como soborno y extorsión”.

“Pero deben tener cuidado de no caer en la trampa republicana de pensar que tienen que demostrar un delito para lograr el juicio político. Eso no es necesario”, añadió.

Precisamente el día anterior, el representante republicano Devin Nunes, el de mayor rango en la Comisión de Inteligencia de la cámara baja, parecía estar tratando de tender esa trampa, denunciando que “este es un proceso en busca de un crimen”.

Para un lector moderno, la frase “delitos menores o de suma gravedad” puede resultar confusa. ¿Acaso se trata de algo tan grave como un asesinato, o de algo tan simple como ensuciar una calle, o de algo entre esos dos extremos? ¿Cuándo alcanza un delito el nivel de “suma gravedad”? ¿Para qué siquiera mencionar los delitos menores?

Expertos constitucionalistas, que han examinado los escritos durante esos cuatro meses en 1787 cuando se redactó la Constitución en Filadelfia, afirman que la frase vaga fue intencional, para dejar claro que cualquier abuso de poder será considerado inaceptable siempre y cuando perjudique los intereses nacionales.

“No es que estaban exhaustos o que eran unos flojos”, escribió el historiador presidencial Jeffrey A. Engel en su libro “Impeachment: An American History” (“Juicio político: Su historia en Estados Unidos”). Al contrario, los próceres se abocaron a un proceso minucioso a fin de lograr el equilibrio exacto entre los delitos que serían castigados con el voto popular en las elecciones venideras, y los que eran de tanta gravedad que ameritaban destituir al funcionario incluso a mitad de período.

Una frase que consideraron al redactar fue “malversación o negligencia de sus deberes”. Otra fue “corrupción y otras ofensas” y otra “mala administración”.

James Madison sugirió “Incapacidad, negligencia o perfidia” expresando su preocupación de que futuros presidentes “se rendirán a la influencia de potencias extranjeras”.

Los delegados aprobaron inicialmente esta frase: “Será destituido el funcionario que sea acusado por la Cámara de Representantes, y convicto en el Senado, por traición o soborno”.

Pero ello no agrupaba toda conducta delictiva posible. George Mason propuso añadir “otros delitos graves o menores”. Casi, pero seguía siendo demasiado amplia.

Fue entonces que se decidió “delitos menores o de suma gravedad”, para incluir ofensas tan graves que le hacen daño a la república o a la voluntad popular.

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