Padres deportados de EE.UU. pueden perder custodia de hijos

Mientras los deportados eran llevados del avión a la humeante pista del aeropuerto de San Salvador, una angustiada Araceli Ramos Bonilla estalló en lágrimas con una mueca de dolor en su rostro: "¡Mi hija me la están robando!"

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Mientras los deportados eran llevados del avión a la humeante pista del aeropuerto de San Salvador, una angustiada Araceli Ramos Bonilla estalló en lágrimas con una mueca de dolor en su rostro: “¡Mi hija me la están robando!”

Habían pasado 10 semanas desde la última vez que Ramos tuvo en brazos a su hija de dos años, Alexa. Diez semanas desde que fuera arrestada cruzando la frontera de Estados Unidos en Texas y desde que las autoridades de inmigración se llevaron a la pequeña y le dijeron que no volvería a verla nunca.

Lo que vino después _ una familia de crianza logró inicialmente la custodia total de Alexa _ revela lo que podría ocurrir con algunos de los bebés, niños y adolescentes separados de sus familias en la frontera a principios de este año en base a una política del gobierno de Donald Trump. La iniciativa “tolerancia cero” terminó en junio, pero cientos de menores siguen detenidos, en albergues o en hogares de acogida y funcionarios estadounidenses apuntan que más de 200 no son candidatos a la reunificación o a la liberación.

Las autoridades federales insisten en que están reuniendo familias y seguirán haciéndolo. Pero una investigación de The Associated Press basada en cientos de documentos judiciales, registros migratorios y entrevistas tanto en Estados Unidos como en Centroamérica destapó agujeros en el sistema que permiten que jueces estatales otorguen la custodia de niños migrantes a familias estadounidenses sin notificar a los padres.

A día de hoy, con cientos de madres y padres deportados a miles de kilómetros (millas) de distancia, el riesgo ha crecido de forma exponencial.

Los estados suelen blindar los casos de custodia y las agencias federales encargadas de los menores migrantes no monitorean la frecuencia con la que un juez estatal permite que sean entregados en adopción. Pero proporcionando el nombre del niño y su fecha de nacimiento al tribunal de distrito, testamentario o circuito implicado, la AP halló que a veces es posible rastrear su paradero.

El caso Alexa comenzó en noviembre de 2015, bajo el gobierno del expresidente Barack Obama, luego de que Ramos huyó de El Salvador para escapar de lo que dijo era una pareja abusiva. La separación de su madre durante 15 meses expone la frágil situación legal de los niños que están bajo el cuidado de la Oficina federal de Reasentamiento de Refugiados y a un sistema irregular y con fallas que puede cambiar el curso de la vida de un niño.

Un juez de una corte rural cerca del Lago Michigan tardó 28 minutos en conceder a los padres de acogida de Alexa, Sherri y Kory Barr, su tutela temporal. La madre de la pequeña y su abogado de inmigración no fueron ni siquiera notificados del proceso.

Basándose en su experiencia con Alexa, los Barr se habían convencido de que Ramos era una mala madre y de que la niña sufriría abusos si regresaba con ella.

“Mi esposa y yo estamos enfermos por eso”, dijo Kory Barr al juez que accedió a su pedido dos días después de Navidad.

El sistema federal que tenía la custodia de Alexa alega que los tribunales estatales nunca debieron haber permitido que los padres de crianza llegaran tan lejos, sin importar lo buenas que fueses sus intenciones.

Cada sistema judicial estatal, desde Nueva York a California, gestiona los procesos de custodia y adopción de forma distinta, y en ocasiones puede haber cambios incluso entre condados.

En Missouri, una pareja local logró en 2014 la adopción del bebé de una madre guatemalteca que fue detenida en una redada antiinmigración, luego de una batalla legal de siete años. En un caso similar en Nebraska, prevaleció el derecho de otra madre guatemalteca tras cinco años y más de un millón de dólares en gastos legales donados.

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