Nueva York prohíbe el término «extranjero ilegal» y multará a quien discrimine
- Nueva York prohíbe decir ilegal: Las autoridades de la ciudad aprobaron nuevas pautas con las que buscan imponer multas a quienes discriminen
- Cualquiera que amenace o discrimine a un extranjero por su estatus legal o porque no sepa inglés podría pagar una multa de hasta $250,000
- Las autoridades locales citaron varios ejemplos que pueden resultar comunes en la vida de los inmigrantes
La ciudad de Nueva York prohibió el término “extranjero ilegal” (illegal alien) cuando se usa “con la intención de degradar, humillar o acosar a una persona”, informó el gobierno local, según reseña CNN.
Las nuevas pautas de la ciudad, anunciadas la semana pasada, también prohíben la discriminación contra alguien por su dominio del inglés, así como amenazar a alguien con llamar a las autoridades de inmigración “por un motivo discriminatorio”. Estas violaciones pueden resultar en multas de hasta 250,000 dólares.
Las reglas se deben aplicar en todos los establecimientos públicos, de empleo y vivienda, dijo la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad.
“Estamos orgullosos de haber trabajado con la Comisión de Derechos Humanos de Nueva York para producir y publicar esta importante pauta mientras combatimos la retórica del gobierno federal de miedo y las políticas xenófobas que han amenazado la salud y el bienestar de las comunidades inmigrantes”, dijo Bitta Mostofi, comisionada de la Alcaldía y Asuntos de Inmigrantes.
El Departamento de Seguridad Nacional define “extranjero” como “cualquier persona que no sea ciudadana o nacional de Estados Unidos».
En las directrices, de 29 páginas, la comisión describió las formas en que la discriminación puede basarse en el “estatus de enajenación y ciudadanía” y “origen nacional” real o percibido de alguien”.
La comisión enumeró casos en los que pudieran ocurrir este tipo de discriminación, que incluyen:
- Un hotel que prohíbe a sus trabajadores de limpieza hablar otro idioma porque “ofendería” a los huéspedes.
- Un arrendador que amenaza con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) si una familia inmigrante india se queja en un tribunal de vivienda, después de encontrar moho y cucarachas en su hogar.
- El dueño de una tienda le dice a dos personas que hablan tailandés que “hablen inglés” o que “vuelvan a su país”.
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A principios de este mes, un juez de Nueva York ordenó que un propietario pagara 17,000 dólares después de amenazar a una inquilina indocumentado con llamar a las autoridades de inmigración. La Comisión de Derechos Humanos de la ciudad representó a la inquilina y presentó una queja en su nombre en enero de 2018, citando la discriminación del propietario contra ella.
Según el informe escrito del juez, algunos de los mensajes que el arrendador dijo incluían “TENGA MI DINERO O LLAMARÉ A ICES [sic] ESE DÍA. PUNTO” y “LA REPORTÉ CON INMIGRACIÓN, Y SABEN QUE SOY EL PROPIETARIO Y LES DARÉ LAS LLAVES PARA QUE VAYAN DIRECTAMENTE POR TI».
Luego de las redadas de ICE en julio en algunas ciudades importantes de EE. UU., el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, pidió un camino a la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados en el país.
El lema del presidente, dijo el alcalde, debería ser “Hacer que Estados Unidos odie otra vez, porque está tratando de fomentar la división como una campaña política».
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Los propios jueces de inmigración denuncian discriminación
Jueces de inmigración de Estados Unidos denunciaron condiciones laborales inapropiadas, luego que el Departamento de Justicia envió un boletín con contenidos de un blog antiinmigrante y desestimó el derecho de los magistrados de sindicalizarse.
La asociación que agrupa a los más de 400 jueces de inmigración del país presentó dos denuncias el viernes ante la Autoridad Federal de Relaciones Laborales. Las denuncias activarán automáticamente una investigación, que es lo que están buscando los jueces, que son empleados del Departamento de Justicia.
La jueza Ashley Tabaddor, líder del sindicato de jueces, declaró en un discurso ante el Club de Prensa Nacional que el trabajo de sus representados se hace casi imposible bajo las políticas del gobierno de Donald Trump, pues algunos emiten ciertos fallos solo por temor a perder sus empleos.
“En los últimos tres años y particularmente en las últimas semanas, el Departamento de Justicia ha tomado pasos grandes, dramáticos y revolucionarios para desmantelar el sistema judicial y, honestamente, para atentar contra los principios básicos que nosotros los jueces consideramos fundamentales”, afirmó la jueza.
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Los jueces llevan más de un año en una disputa con el Departamento de Justicia sobre las cuotas de casos que deben resolver y sobre los límites impuestos a su habilidad de manejar casos atrasados. Tabaddor afirmó que la cifra de casos atrasados asciende a más de un millón.
Las denuncias surgen después de que el Departamento de Justicia le preguntó a la Autoridad si el sindicato tiene derecho a existir. El Departamento de Justicia alega que los jueces son personal administrativo, lo que los jueces niegan, señalando que ellos no administran personal alguno.
La Oficina Ejecutiva de Asuntos de Inmigración, la agencia dentro del Departamento de Justicia que supervisa los tribunales de inmigración, envió a los jueces su boletín diario con contenidos de la página VDare, con mensajes que atacaban a los jueces con insultos racistas.
Fuentes del Departamento dijeron que el boletín fue redactado por una empresa contratista y que los mensajes no debían ser incluidos. Afirman que el Departamento condena enfáticamente el antisemitismo.
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Tabaddor afirmó que el Departamento nunca pidió disculpas ni expresó arrepentimiento por los contenidos racistas.
Además, el Departamento impuso cuotas de casos que los jueces deben resolver y les quitó una herramienta que los jueces usaban para manejar casos, con lo que los expedientes atrasados aumentaron en unos 300,000. Tabaddor denunció que no se les ha dado a los jueces las herramientas para decidir casos correctamente, como asistentes o intérpretes, a pesar de que se han contratado más jueces.
El sindicato de jueces pide que las cortes sean independientes, a lo que se opone el Departamento de Justicia. La jueza Perry Martínez, directora del Colegio de Abogados de Estados Unidos, que representa a unos 300,000 abogados, ha dicho que el sistema de tribunales debe ser independiente.
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