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Policías y militares de México se enfrentan a la MS-13 en la frontera

De día y de noche, policías y militares de México patrullan por los barrios y comunidades de una quincena de municipios del suroriental estado de Chiapas, frontera con Guatemala, con el fin de frenar la efervescencia que el fenómeno de la MS-13 ha tenido en los últimos dos meses.

Los dispositivos de seguridad, integrados por elementos de la Marina Armada de México, militares, policías estatales y municipales e integrantes de la Policía Federal, buscan pandilleros preparados para delinquir.

La venta de droga y la práctica de la trata de personas se ha vuelto un mercado negro que da grandes réditos para integrantes de la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18 en esa región.

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El enfrentamiento entre pandilleros ha dejado una estela de asesinatos que ha puesto en alerta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno en el sur de México.

Según información de la Fiscalía estatal, hasta agosto de 2018 habían sido detenidos aproximadamente 90 pandilleros de ambos bandos. De esta cifra, los detenidos estaban dispersos en 14 clicas, células criminales adheridas a la MS-13 o el Barrio 18.

La militarización y el cerco policial de la frontera entre Chiapas y Guatemala tiene como objetivo la captura y la desintegración de estas bandas antagónicas que emigraron de Centroamérica y han sentado sus bases en municipios como Tapachula, Suchiate y Huixtla.

La presencia de pandilleros en el sur de Chiapas es un malestar generalizado que agobia a sectores sociales y empresariales.

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Fidel Gómez López, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en la frontera sur, relató que la iniciativa privada ha visto la evolución de los actos delictivos en esta región de México, situación que ha comenzado a tener sus primeras consecuencias.

“Cada día tenemos más asentamientos de pandilleros, lo vemos a la orden del día con los asaltos, los famosos cadeneros, robo de celulares. Pero ahora tenemos los asesinatos y el manejo de la droga y el cobro del piso (extorsión) en algunos lugares”, señaló.

Asimismo, auguró un duro golpe para el desarrollo económico de Tapachula y la región, pero ese sería sólo uno de los tantos sectores que, en caso de no frenar el acecho de maras, se vería afectado.

“Lo único que estamos viendo es que vamos a tener una retirada de inversiones y vamos a empezar a tener problemáticas para la cuestión del manejo de mercancías”, comentó Gómez.

Activistas que trabajan para comunidades vulnerables, como los inmigrantes, afirman que los dispositivos de seguridad deben fundamentarse en el respeto a los derechos humanos y dar con los responsables de los asesinatos durante esta oleada de delincuencia organizada.

Para Rosemberg Samayoa, miembro de Red Nacional por la Diversidad y la no Discriminación, el fenómeno de la violencia de pandillas se remonta a 2005, cuando se hizo la primera manifestación de detenciones arbitrarias tras enfrentamientos entre maras.

“Pareciera que está surgiendo otra vez este fenómeno, pero creo que es responsabilidad del estado preservar la integridad de cada uno de los ciudadanos de Chiapas y de los que transitan por nuestro estado”, sostuvo.

“Cuando hablamos de seguridad no sólo hablamos de los inmigrantes, también hablamos de esta seguridad que como pobladores y parte de esta sociedad nos corresponde”, añadió.

Hasta ahora, la Fiscalía estatal ha informado sobre la repatriación de 13 pandilleros a Honduras, Guatemala y El Salvador por delitos como extorsión, asaltos y homicidios.

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