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Orlando aprueba prohibir a Policía local preguntar sobre estatus migratorio

La ciudad floridiana de Orlando, en el centro del estado, aprobó el lunes una resolución que prohíbe a los funcionarios y a la Policía local cuestionar el estatus migratorio de sus residentes.

La medida, aprobada de manera unánime por el Concejo de esta ciudad y ante el aplauso de varios asistentes a la sesión, convierte a esta turística urbe en la primera del sur del país en adoptar una medida de este tipo, según sus promotores, la Coalición Trust Orlando, integrada por una treintena de organizaciones.

“Orlando no está metida en el negocio de la inmigración“, dijo el alcalde de la ciudad, Buddy Dyer, durante una conferencia de prensa efectuada en las escalinatas del Ayuntamiento, poco antes del inicio de la sesión de la Junta de Comisionados en la que se aprobó la llamada Fair Treatment for All Trust Act Policy.

“(Orlando) es una de las ciudades de más rápido crecimiento y su comunidad inmigrante forma una parte vital de este crecimiento, en realidad casi un cuarto de los negocios que tenemos en el área metropolitana son propiedad de inmigrantes”, añadió el alcalde.

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Dyer reconoció que entre la comunidad inmigrante hay temores y ansiedad por la política migratoria de la actual Administración del presidente Donald Trump.

“Afirmo, ratifico, nuestro compromiso de inclusión y de confianza entre nuestros agentes policiales y la comunidad, especialmente de aquellos con miedo debido a su estatus migratorio”, insistió Dyer.

El texto de la resolución, impulsada por el concejal de origen puertorriqueño Tony Ortiz, explica que es vital para la seguridad de esa ciudad contar la asistencia de cualquier persona que haya sido víctima o haya presenciado un crimen sin importar su condición migratoria.

“Ningún residente que respete las leyes será de manera rutinaria requerida a proveer su estatus migratorio durante cualquier investigación que ejecute la Policía de Orlando”, se lee en el documento de dos páginas.

La nueva medida aplica a los conductores que comentan alguna infracción de tránsito no criminal, a víctimas de crímenes, testigos, personas que reporten un crimen y otros que de manera rutinaria mantienen contacto con la Policía.

En la abarrotada sala donde se celebró la sesión de los comisionados, Karen Caudillo, una joven indocumentada y estudiante universitaria residente en Orlando, agradeció al alcalde y al comisionado Ortiz por la medida.

“Por saber que puedo ir a la tienda, al doctor, a la escuela sin tener miedo a que un encuentro con la Policía me devuelva a un país al que nunca he estado”, dijo la chica, de origen colombiano, visiblemente emocionada.

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Poco antes de la sesión, el jefe de la Policía de Orlando, John Mina, recalcó que los agentes no paran, detienen, cuestionan a nadie en base solo a su estatus migratorio.

“Cuando decimos que estamos haciendo historia, no solo estamos haciendo historia, estamos en el lado correcto de la historia”, señaló a su turno Rasha Mubarak, de la Coalición Trust Orlando, tras la votación.

La resolución recalca que Orlando está comprometida no obstante “a cumplir con la Constitución de Estados Unidos, y con cualquier ley o estatus federal, estatal o local que aplique a las leyes migratorias”.

Resalta también que esta ciudad no cuenta con cárceles ni ningún centro de detención de indocumentados, por lo que la Policía “no puede, ni lo hará”, detener a individuos en base solo a su situación migratoria “a menos que sea requerido por la ley”.

Durante la sesión, el comisionado Ortiz dijo que se asegurarán de que la Policía tramite de manera diligente el certificado que permite a víctimas de crímenes, o a quienes cooperan con las autoridades en la persecución de actividades criminales, solicitar la visa U ante el Departamento de Inmigración de Estados Unidos.

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