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ICE y DOJ demandan a Carolina del Norte entregar registros de votantes de los últimos ocho años

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia (DOJ) obtuvieron una orden judicial para que Carolina del Norte entregue los registros de votantes en el estado de los últimos ocho años, informaron autoridades.

La solicitud está relacionada con las acusaciones que el DOJ e ICE hicieron a finales del mes pasado, cuando aseguraron que 19 ciudadanos extranjeros – entre ellos mexicanos – votaron ilegalmente, dijo un oficial federal.

La junta electoral de Carolina del Norte hizo pública la citación judicial, que solicita a la oficina estatal de registros que proporcione “todas y cada una de las solicitudes de registro de votantes … a partir del 1 de enero de 2010 y hasta el 30 de agosto de 2018, dentro de cualquiera de los condados en Carolina del Norte”, informó CNN.

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La lista de documentos solicitados incluye formularios de inscripción de votante, papeletas de votación en ausencia, formularios de solicitud de votación anticipada, formularios de votación provisional, formularios de “admisión o denegación de devolución no ciudadana” y formularios de cancelación o revocación de votantes.

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Tan sólo en lo que se refiere a las boletas electorales de los condados, la solicitud podría cubrir más de 2.2 millones de boletas que son rastreables a votantes individuales, y más de 3.2 millones que no pueden rastrearse a individuos, de acuerdo con una estimación de la Oficina de la Junta Estatal.

La solicitud de registros de los ocho años cubriría más de 15 millones de documentos, consideraron autoridades del estado. El requerimiento se limita al Distrito Este de Carolina del Norte y dos agencias estatales, incluido el Departamento de Vehículos Motorizados, pero sólo en lo que respecta al Distrito Este.

La ley de Carolina del Norte dictaría que los registros se destruyen después de dos años, dijo el funcionario, por lo que a medida que se desarrolla la investigación, las autoridades federales quieren asegurarse que pueden acceder a los registros pertinentes.

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A finales de agosto, fiscales federales en Carolina del Norte presentaron cargos contra 19 extranjeros por registrarse para votar o votar ilegalmente sin ser ciudadanos estadounidenses, entre ellos inmigrantes de México, Nigeria y Japón.

“En un momento en que el gobierno federal debería desplegar sus recursos limitados para hacer cumplir la Ley de Derechos Electorales y promover el acceso a las casillas de votación, en cambio los vemos tomando medidas destinadas a tener un claro efecto de enfriamiento en los votantes de las minorías”, lamentó Kristen Clarke, presidenta y directora ejecutiva del Comité de Abogados para la Ley de Derechos Civiles, en un comunicado.

“Rechazamos esta campaña para intimidar a los votantes e instamos al gobierno federal a abandonar de inmediato este esquema de supresión de votantes peligroso y sin precedentes”, añadió la líder del grupo que aboga por los derechos civiles y la justicia equitativa, particularmente para las minorías.

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