Empleado del gobierno usó ‘food stamps’ para robar más de $400 mil
Un exempleado del gobierno en Washington D.C. se declaró culpable el miércoles de un cargo federal por fraude al desviar más de 400,000 dólares de fondos de asistencia social, entre esos los ‘food stamps’, que eran para residentes del distrito, indicaron las autoridades.
Gary T. Holliday, de 49 años, se declaró culpable en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, según una declaración del fiscal federal Jessie K. Liu, quien colaboró en el caso con el inspector general de Washington D.C. Daniel W. Lucas, el FBI el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, reseñó The Washington Post.
Según los reglamentos federales para sentencias, Holliday podría enfrentar hasta 41 meses en prisión, aunque su acuerdo de culpabilidad podría reducir esa pena. El veredicto de su sentencia se programó para junio.
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Al ser llamado por teléfono el miércoles, Holliday se negó a hablar con un periodista del referido medio. Su abogado, Jeffrey S. Jacobovitz, también se negó a comentar sobre el caso.
La vocera del Departamento de Servicios Humanos de D.C., Dora Taylor-Lowe, dijo en un correo electrónico que la agencia había «descubierto irregularidades» en los pagos de asistencia social y las había informado a la oficina del inspector general de D.C.
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«Las acciones desmesuradas de este (antiguo) servidor público violaron la confianza de los residentes a los que servimos», mencionó Taylor-Lowe. «Robar a programas creados para ayudar a los niños más vulnerables de nuestra comunidad y a sus familias merece una justicia rápida y agresiva», enfatizó.
Los fiscales dijeron que Holliday, residente de Fort Washington, en Maryland, era un analista de políticas en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés), donde trabajó en una parte de la agencia que revisó las solicitudes para el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), comúnmente conocido como ‘food stamps’ o cupones de alimentos, y para el de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).
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Ambos programas emiten tarjetas de beneficios electrónicas para familias de bajos ingresos. Holliday aprovechó ese sistema, dijeron las autoridades, para desviar el dinero de los ‘food stamps’ y del TANF. Entre marzo y junio de 2017, según documentos judiciales, el acusado creó una solicitud fraudulenta a nombre de otra persona para obtener los dos beneficios.
Holliday canalizó más de 400,000 dólares a la tarjeta de beneficios emitida como resultado de ese proceso, al que luego accedió, según documentos judiciales. Ahora, Holliday aceptó devolver el dinero, apuntaron los funcionarios.
El Distrito es único entre las ciudades en su control de los extensos programas de servicios humanos normalmente administrados por estados y condados. Esas funciones constituyen una parte sustancial del presupuesto anual de la ciudad de más de 14 mil millones de dólares. La gestión de la ciudad de los programas federales de asistencia social, en particular, se ha visto afectada por las quejas y controversias en los últimos años.
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Los funcionarios municipales se habían movido para cortar los beneficios de asistencia social para los beneficiarios que habían estado en la lista por más de cinco años, pero en el otoño de 2017, a medida que se acercaba el plazo de la acción, cedieron, perdonando a 6,000 adultos y 12,000 niños la abrupta pérdida de asistencia.
Ese mismo año, la organización sin fines de lucro Bread for the City, junto con los beneficiarios de los ‘food stamps’, demandó al Distrito, alegando una mala gestión del programa SNAP. La demanda, que está en curso, alegó que los funcionarios de la ciudad adoptaron un sistema informático defectuoso para ejecutar el programa sobre las objeciones de los funcionarios federales, lo que provocó retrasos en los pagos de beneficios y otros problemas.
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En la primavera de 2018, la ciudad lanzó una campaña publicitaria con fondos federales para alentar a los residentes a reportar el fraude de los ‘food stamps’. Sin embargo, los funcionarios del DHS cancelaron la campaña después de que los críticos dijeron que los anuncios eran insensibles y animaron a las personas de bajos ingresos a espiarse entre ellos.
«En el futuro, trabajaremos con los interesados en la seguridad alimentaria y con nuestros socios federales para identificar estrategias más apropiadas para educar a los residentes sobre las formas de prevenir comportamientos fraudulentos y proteger y apoyar este importante programa», dijo la agencia en una declaración citada por The Washington Post.
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