Las ciudades santuario podrían recibir un impulso por legalización de apuestas deportivas

En una vida anterior, cuando Donald Trump no era el presidente de Estados Unidos sino un rico empresario dueño de casinos, podría haber aplaudido la decisión de esta semana de la Corte Suprema que anuló una ley federal que prohibía a todos los estados, salvo Nevada, permitir apuestas sobre la mayoría de los eventos deportivos del país.

Sin embargo, la Administración Trump se opuso a la sentencia de la Corte, al menos en parte, porque podría traer obstáculos a su avanzada legal contra los llamadas ciudades y estados santuarios.

Siete de los nueve magistrados, cinco conservadores y dos liberales, respaldaron la decisión al interpretar que la décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos impone un límite al poder del gobierno federal al obligar a los estados a cumplir con los deseos de Washington.

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Según la sentencia de la Corte, la ley federal contra el juego es inconstitucional porque “inequívocamente dicta lo que una legislatura estatal puede y no puede hacer”, escribió el juez Samuel Alito en su ponencia. “Es como si los funcionarios federales estuvieran instalados en cámaras legislativas estatales y tuvieran la autoridad para impedir que los legisladores voten sobre cualquier propuesta que les resulte ofensiva”.

Hay un vínculo directo entre la decisión de la Corte del lunes, en el caso de apuestas deportivas, y el esfuerzo de Trump de castigar a los gobiernos locales que se resisten a aplicar sus políticas migratorias, dijeron varios expertoslegales.

“La Corte dictaminó definitivamente que el gobierno federal no puede obligar a los estados a hacer cumplir la ley federal”, dijo Ilya Shapiro, experta en derecho constitucional del conservador Instituto Cato. “En el contexto de la inmigración, esto significa que no puede exigir a los funcionarios estatales o locales que cooperen con las autoridades federales de inmigración”.

Omar Jadwat, director del proyecto de derechos de inmigrantes de la ACLU, dijo que el fallo reforzó decisiones que datan de la década del 90, incluida una que anuló parte de una ley federal de control de armas, que requería que la policía local determinara si los compradores se encontraban aptos para ser propietarios de rifles y pistolas.

“Reitera que el espíritu de la décima Enmienda y los principios de la ley en el sentido de que el gobierno no puede decirle a los estados o ciudades cómo legislar”, dijo Jadwat. La enmienda dice que los poderes que no han sido específicamente otorgados al gobierno federal son de competencia de los estados.

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Esta vieja decisión se produjo a propósito de una ley de control de armas, que entonces dividió a magistrados conservadores y liberales de la Corte en 1997. Los conservadores se quejaban de la extralimitación de poderes del gobierno federal y la importancia de los derechos de los estados. En la decisión del lunes, los magistrados liberales Stephen Breyer y Elena Kagan, se unieron a sus colegas conservadores.

El Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios sobre la decisión, pero había pedido a la Corte que respetara la ley federal demandada y no la declara inconstitucional, una práctica habitual de éste Departamento cuando se impugnan las leyes federales.

En el dictamen más reciente sobre las ciudades santuario, un tribunal federal de apelaciones de Chicago dijo el mes pasado que el gobierno federal no puede retener dinero destinado a la seguridad pública de las ciudades que no concuerden con las políticas de inmigración de Trump.

En otras demandas que desafían al gobierno, las ciudades argumentan que convertir a las autoridades de policía local en agentes de inmigración erosiona la confianza de las comunidades minoritarias y desalienta a los residentes a denunciar los delitos. La Administración dice que las ciudades y estados santuario permiten que delincuentes de peligrosidad vuelvan a las calles.

Los esfuerzos de la Administración para tomar medidas enérgicas contra quienes no cumplen con las autoridades de inmigración han sido de diversa naturaleza. Trump emitió una orden ejecutiva que retenía dinero federal de las ciudades santuario. También demandó al estado de California por tres leyes que promulgó para proteger a los inmigrantes que viven en el país de manera ilegal.

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