Reporte detalla muertes y abusos en cárcel para inmigrantes en Colorado

Agencia EFE
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Samimi, un iraní con presencia legal en el país, murió en diciembre de 2017 cuando el médico de la cárcel decidió no administrarle los medicamentos necesarios por considerarlo “drogadicto”.

Por ese hecho, y por denuncias recibidas, el congresista demócrata Jason Crow estableció visitas semanales al centro de detención.

Además, en junio de 2018 y nuevamente en junio último, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) demandó a GEO y a ICE por “la peligrosa falta de servicios de cuidados médicos de salud mental en las instalaciones de Aurora”.

Además de las demandas de ACLU, el Centro de Educación y Cumplimiento de Derechos Civiles (CREEC) también acudió a la corte en 2019 contra GEO por la muerte de Samimi.

“Yo tengo presencia legal en este país desde hace 25 años, pero estuve detenida en ese centro por semanas hace dos años y sé que lo que dice ACLU es verdad, por lo que sufrí yo y sufrió mi familia”, dijo a Efe una inmigrante mexicana de 40 años que solicitó anonimato.

“Ni yo ni mis hijas nos hemos recuperado de mi detención. Lo que vi y viví allí adentro no puedo contarlo. Solamente lo saben mi terapista y mi confesor”, afirmó la inmigrante, que ha iniciado acciones judiciales contra ICE.

ICE tiene “la responsabilidad constitucional” de velar por el bienestar de los detenidos, enfatizó ACLU, cuyo reporte también se apoya en documentos obtenidos mediante demandas judiciales contra ICE y contra GEO, o por medio de la Ley de Libertad de Información (FOIA).

La cárcel de GEO en Aurora comenzó a operar hace 30 años y a principios de este año se expandió para alojar hasta 1,500 presos. Entre febrero y abril de 2019 se detectaron en ese establecimiento numerosos casos de enfermedades contagiosas, lo que llevó a cuarentena a casi 400 inmigrantes.

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