Reporte detalla muertes y abusos en cárcel para inmigrantes en Colorado

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Reporte detalla muertes y abusos en cárcel para inmigrantes en Colorado
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  • Denuncian crueldades en cárcel para inmigrantes en Colorado.
  • El reporte de la cárcel para inmigrantes en Colorado detalla “historias de muerte, abuso y negligencia”.
  • El recinto pertenece a una compañía privada contratada por ICE.

La filial en Colorado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) publicó este miércoles un detallado reporte sobre “historias de muerte, abuso y negligencia” en una cárcel privada para inmigrantes indocumentados en la ciudad de Aurora, al este de Denver, en Colorado.

El reporte, un documento de 48 páginas y cuya difusión espera que se tomen medidas para evitar que se repitan estas historias, se basa en entrevistas con personas que permanecieron en el centro de detención del GEO Group, una empresa privada que obtuvo un contrato del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), informó Efe.

cárcel inmigrantes Colorado

ACLU analiza seis muertes acaecidas en este centro, ya sea por abusos o por no haber recibido tratamiento médico: las de los inmigrantes George Zoley, Kamyar Samimi, Evalin-Ali Mandza, Dan Courson, Ronnie Keyes y Mohammed Dirshe.

También se anotan seis casos de “sufrimiento y descuido” a los internos John Mathews, Diana López, Jane Smith, Fabián Vásquez, Elías Salgado y Miguel Ángel Ávila Arce.

Según ACLU, el “sufrimiento” en la cárcel para inmigrantes en Colorado está relacionado con heridas físicas, falta de tratamiento médico, violencia de los carceleros, discriminación y castigos reiterados o innecesarios.

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López, como ejemplo y de acuerdo con el documento, padeció complicaciones físicas luego de la extracción de un diente. Vásquez fue colocado en confinamiento solitario porque no tenía sus audífonos, y Ávila sufrió la fractura de varios dedos cuando un guardia cerró con fuerza la puerta de su celda.

“La crueldad debe detenerse”, dice el reporte de ACLU sobre la cárcel para inmigrantes en Colorado. “Tenemos el poder para asegurarnos de que la muerte de Kamyar Samimi y el sufrimiento de muchos otros no sea en vano”.

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Samimi, un iraní con presencia legal en el país, murió en diciembre de 2017 cuando el médico de la cárcel decidió no administrarle los medicamentos necesarios por considerarlo “drogadicto”.

Por ese hecho, y por denuncias recibidas, el congresista demócrata Jason Crow estableció visitas semanales al centro de detención.

Además, en junio de 2018 y nuevamente en junio último, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) demandó a GEO y a ICE por “la peligrosa falta de servicios de cuidados médicos de salud mental en las instalaciones de Aurora”.

Además de las demandas de ACLU, el Centro de Educación y Cumplimiento de Derechos Civiles (CREEC) también acudió a la corte en 2019 contra GEO por la muerte de Samimi.

“Yo tengo presencia legal en este país desde hace 25 años, pero estuve detenida en ese centro por semanas hace dos años y sé que lo que dice ACLU es verdad, por lo que sufrí yo y sufrió mi familia”, dijo a Efe una inmigrante mexicana de 40 años que solicitó anonimato.

“Ni yo ni mis hijas nos hemos recuperado de mi detención. Lo que vi y viví allí adentro no puedo contarlo. Solamente lo saben mi terapista y mi confesor”, afirmó la inmigrante, que ha iniciado acciones judiciales contra ICE.

ICE tiene “la responsabilidad constitucional” de velar por el bienestar de los detenidos, enfatizó ACLU, cuyo reporte también se apoya en documentos obtenidos mediante demandas judiciales contra ICE y contra GEO, o por medio de la Ley de Libertad de Información (FOIA).

La cárcel de GEO en Aurora comenzó a operar hace 30 años y a principios de este año se expandió para alojar hasta 1,500 presos. Entre febrero y abril de 2019 se detectaron en ese establecimiento numerosos casos de enfermedades contagiosas, lo que llevó a cuarentena a casi 400 inmigrantes.

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cárcel inmigrantes ICE
MH Archivo

Redadas por inmigrantes

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kevin McAleenan, confirmó el martes que habrá más operativos masivos contra inmigrantes sin papeles y contra los empleadores que los contraten.

McAleenan hizo la afirmación en una entrevista con Noticias Telemundo, en la que abordó, entre otros temas, la separación de familias y los nuevos operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El alto funcionario del gobierno de Trump indicó que se aproximan nuevas redadas contra inmigrantes indocumentados en sitios de trabajo como las efectuadas el mes pasado en procesadoras de alimento en Mississippi.

Entre otros temas, el secretario también mencionó que hay unos 8,000 niños en custodia que llegaron solos a la frontera y dijo que apoyaba el plan del presidente Trump de ampliar el muro fronterizo con México.

“Hemos sido muy claros de que nos enfrentamos a una crisis humanitaria y de seguridad aquí en la frontera en 2019″, sostuvo. “En algunas zonas clave, definitivamente (hace falta)”, agregó.

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cerrará la frontera arrestos
Foto: Getty Images

México considera un éxito reducir en 56% la migración a EE.UU.

Por otra parte, México consideró un éxito las medidas puestas en marcha en los últimos tres meses tras un acuerdo con Estados Unidos porque han conseguido que la migración disminuya un 56%. Sin embargo, grupos de derechos humanos denuncian el acoso al que son sometidos los migrantes mientras crece la desesperación de los que han quedado varados en el norte y sur del país.

“Se logró la reducción de un flujo migratorio muy grande, complejo y que ponía en tensión nuestras normas legales y nuestra propia política migratoria”, afirmó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien agregó que, además, se hizo con respeto a los derechos humanos.

Ebrard presentó el viernes un informe sobre el acuerdo que evitó la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas y dijo no temer una nueva amenaza en ese sentido cuando viaje a Washington para reunirse el martes con las autoridades estadounidenses y evaluar el tema.

A su juicio, México demostró que funciona su estrategia basada en los controles, la cooperación para el desarrollo y la lucha contra el tráfico de personas, delito por el que ya se iniciaron procesos penales a 357 personas.

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