Latino es sentenciado por cobrar hasta $4,000 dólares por visas de trabajo

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Foto: Shutterstock / Video: MH
  • Un hombre latino es sentenciado por cobrarle a inmigrantes hasta $4,000 dólares a cambio de visas de trabajo en Estados Unidos
  • También hizo falsas promesas a los trabajadores sobre cuánto tiempo serían válidas las visas y no les informó que se les cobraría por alojamiento, comida y transporte
  • Vásquez deberá restituir $135,389 dólares y pasar 12 meses en una prisión federal por su participación en el fraude migratorio

 

Un hombre latino es sentenciado por cobrarle a inmigrantes hasta $4,000 dólares a cambio de visas de trabajo en Estados Unidos.

El propietario de una empresa de reclutamiento de mano de obra agrícola en California fue sentenciado este viernes a pasar 12 meses en una prisión federal por su participación en un fraude migratorio que cobraba ilegalmente a mexicanos miles de dólares para obtener visas de trabajo H-2A.

Jorge Vásquez, de 60 años, propietario de H-2A Placement Services, fue sentenciado por la jueza de distrito de California, Josephine L. Staton, quien también le ordenó pagar $135,389 dólares en restitución a las víctimas.

Según la acusación, el latino viajó a México para reclutar trabajadores agrícolas, a quienes se les cobró hasta 3,000 dólares para obtener sus visas H-2A, que les permiten ingresar a Estados Unidos a trabajar, generalmente en el sector de la agricultura.

El Departamento de Justicia (DOJ) dijo en un comunicado que Vásquez también hizo falsas promesas a los trabajadores sobre cuánto tiempo serían válidas las visas y no les informó que se les cobraría por alojamiento, comida y transporte.

Además, el hispano acordó ilegalmente proporcionar visas a personas que ya están presentes en Estados Unidos a cambio de una tarifa de hasta 4,000 dólares.

Una de esas promesas fue hecha a un agente encubierto de la Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo. Vásquez creía que el investigador era un indocumentado que trabajaba en la industria de la construcción en Las Vegas y le cobró 4,000 dólares por conseguirle una visa H-2A.

Latino es acusado por cobrar hasta $4,000 dólares por visas de trabajo

Vásquez no fue el único involucrado en el delito. Melquíades Jacinto Lara, de 64 años, de Santa Paula, propietario de J&D Harvesting, que contrataba trabajadores para granjas en el condado de Ventura, también hizo parte del fraude.

Ambos fueron acusados de conspirar para cometer fraude postal, juramentos falsos en asuntos de inmigración y fraude en la contratación de mano de obra extranjera.

De acuerdo con el DOJ, los acusados presuntamente presentaron ante las autoridades federales documentos que contenían declaraciones falsas en relación con su solicitud de visas para 75 trabajadores que cosecharían limones, aguacates y naranjas.

Los investigadores han revisado los registros del Servicio de Inmigración y Ciudanía (USCIS) que indican que Vásquez y Lara han presentado peticiones para más de 350 trabajadores agrícolas de 2012 hasta mayo de 2018.

Vásquez se declaró culpable en junio de 2019 de un cargo de conspiración y un cargo de complicidad en el fraude en la contratación de mano de obra extranjera para evitar ir a juicio.

Jacinto se declaró culpable de dos delitos graves, conspiración y fraude en la contratación de mano de obra extranjera.

En el caso también fue acusado Ricardo Mendoza Oseguera, de 41 años, de Santa Paula, propietario de la tienda Mi Pueblito.

Las autoridades aseguran que Mendoza canjeó vales entregados a los trabajadores por J&D Harvesting, y dedujo sus honorarios del sueldo de los trabajadores.

A comienzos de mes unos 2,000 trabajadores temporales demandaron a un importante contratista que trae campesinos, especialmente de México, a plantar caña en los estados del sur y al que acusan de incumplir las leyes de salario que protegen a los favorecidos por la visa H-2A.

La organización Southern Poverty Law Center (SPLC), que representa a los trabajadores, presentó la demanda colectiva alega que la compañía Lowry Farms de pagar a los inmigrantes menos que el salario mínimo establecido.

Empleada de USPS botaba documentos de inmigrantes incluidas Green Cards

Una empleada de la oficina del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) en Salt Lake City, Utah, enfrenta numerosos cargos en una corte federal como sospechosa de haber desechado importantes documentos de inmigración durante varios años, afectando a decenas y quizá centenares de inmigrantes en el oeste del país, informa AP.

Según información difundida este lunes por el Buró de Noticias de las Montañas del Oeste (MWNB, que agrupa a estaciones de radio públicas en la región), Diana K. Molyneux, la empleada de USPS, podría ser condenada a prisión y a pagar una multa si se comprueba que intencionalmente destruyó documentos o postergó su entrega.

El delito implica la desaparición de al menos 60 documentos federales de inmigración destinados a los residentes del este de Nevada, aunque podrian ser muchos más, según el Salt Lake Tribune.

Según los investigadores, además de Utah, los retrasos y pérdidas supuestamente causados por Molyneux afectaron a inmigrantes en Nevada, Idaho, Wyoming y posiblemente otros estados.

Aparentemente, Molyneux habría “robado, abierto o destruido” material de inmigración (incluyendo tarjetas de residencia permanente) entre septiembre de 2017 y marzo de 2020, aunque fue solo en junio pasado cuando la oficina del inspector general del USPS anunció que se estaban llevando a cabo investigaciones en Salt Lake City con respecto a los documentos perdidos.

Empleada botaba Green Cards y otros documentos de inmigrantes
Foto: ShutterStock

Las investigaciones comenzaron cuando, en respuestas a numerosas quejas y usando los números de rastreo de los documentos, se determinó que llegaban al centro de distribución de USPS en Salt Lake City, pero nunca salían de allí.

Como informó The Nevada Independent por primera vez, Eloisa Mendoza, directora de Elko Hispanic Services, un centro de recursos para trámites de inmigración y servicios de traducción, descubrió el problema en 2018, cuando clientes de Elko, Spring Creek, Lamoille, Battle Mountain y West Wendover le dijeron no estaban recibiendo tarjetas de residente permanente legal (tarjetas verdes) y permisos de trabajo para los beneficiarios de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

“A algunas personas les causó miedo, y algunas personas se enfermaron debido al estrés”, dijo Mendoza a The Salt Lake Tribune en una entrevista. “Ellos pensaron que si no tenían la tarjeta verde que … inmigración o alguien les haría algo”.

Debido a que, generalmente, toma de nueve meses a un año renovar una tarjeta verde o una tarjeta de residente permanente legal, los residentes de Nevada no se dieron cuenta de que algo andaba mal hasta que se acercaban las fechas de vencimiento de su documentación.

Durante este tiempo, algunos inmigrantes perdieron sus trabajos porque no pudieron probar su estatus legal para trabajar en los Estados Unidos. A otros les preocupaban los boletos de avión fuera del país que ya habían reservado, pensando que no podrían regresar a Estados Unidos si se iban. Algunos tampoco pudieron renovar su licencia de conducir si vencía al mismo tiempo que su tarjeta verde.

Empleada botaba Green Cards y otros documentos de inmigrantes
Foto: ShutterStock

Mendoza dijo que les aseguró a los clientes que era legal que permanecieran en los Estados Unidos, incluso si su documentación física había expirado, pero dijo que era “una pesadilla para mucha gente”. “Era más bien un miedo a lo que les podría pasar si no podían probar que estaban legalmente aquí”, dijo a The Tribune.

Mark Alvarez, un abogado de inmigración de West Valley City, confirmó que los residentes aún tendrían estatus legal. “Si la persona fue aprobada para una tarjeta de registro de extranjero, mucha gente los llama tarjetas verdes, esa persona ya no es indocumentada”.

La experiencia también fue estresante porque algunas personas tuvieron que reiniciar el proceso de renovación de la tarjeta verde y la autorización de trabajo, dijo Mendoza. También tuvieron que demostrarle a los Servicios de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (USCIS) que no tuvieron la culpa de la documentación perdida, incluida la presentación de cartas del servicio postal confirmando que el correo nunca fue entregado.

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