Jurado declara no culpable a mujer china que entró al club de Trump en Florida

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Jurado declara no culpable a mujer china que entró al club de Trump en Florida
  • Una mujer china que entró a un club de Trump en Florida fue declarada no culpable por un jurado.
  • Jing Lu, de 56 años, fue, sin embargo, declarada culpable de oponer resistencia cuando fue detenida.
  • El jurado consideró que Jing no cometió un delito sino un “error” cuando se coló en Mar-a-Lago.

Un jurado declaró este miércoles no culpable a una mujer china del delito de entrar sin permiso en el club Mar-a-Lago de Palm Beach, sureste de Florida, donde el presidente de EE.UU. Donald Trump tiene su residencia privada.

Jing Lu, de 56 años, fue, sin embargo, declarada culpable de oponer resistencia cuando fue detenida el 18 de diciembre pasado, día en que ni el presidente ni su familia estaban en Mar-a-Lago, y recibirá sentencia el próximo viernes, según medios de Palm Beach, ciudad a unas 50 millas kilómetros al norte de Miami.

Según el canal WPTV, la pena máxima que puede recibir es de un año de prisión.

VIDEO DEL JUICIO:

Jurado declara
Jurado declara no cupable a mujer china que entró al club de Trump en Florida

El jurado consideró que Jing no cometió un delito sino un “error” cuando, pese a las advertencias, se coló en Mar-a-Lago y se dedicó a tomar fotografías hasta que fue detenida.

Durante una audiencia celebrada este martes prestaron testimonio el guardia de seguridad que interceptó a la mujer, el jefe de seguridad de Mar-a-Lago y los policías que la detuvieron.

El caso está en manos del juez del condado de Palm Beach Mark Eissey.

En 2019 fue detenida otra ciudadana china que ingresó ilegalmente a la residencia del presidente en el sureste de Florida.

En marzo de ese año Yujing Zhang fue detenida tras intentar ingresar a áreas de acceso restringido en Mar-a-Lago. A la mujer se le encontraron cinco teléfonos celulares, varias tarjetas de memoria, un computador portátil, un disco duro portátil y un artefacto capaz de detectar cámaras ocultas.

En noviembre pasado fue condenada a ocho meses de prisión por violación a la propiedad privada y hacer declaraciones falsas a agentes del Servicio Secreto de EEUU.

Más recientemente, a fines de enero, la policía detuvo a Hanna Roemhild, de 30 años, cantante de ópera y residente en Connecticut por pasarse dos controles de seguridad con su vehículo cerca del ingreso a Mar-a-Lago y escapar de la policía a toda velocidad.

Según dijeron sus abogados al juez del caso el pasado viernes, Roemhild tiene un historial de problemas mentales y dos expertos consultados consideran que no es apta para ser sometida a juicio y debe ser ingresada en un hospital psiquiátrico.

Florida Perdería 253 Mil Empleos Si Aprueban Ley Que Verifica Indocumentados

Un proyecto de ley en Florida que obligaría a las empresas a verificar que sus empleados no sean indocumentados enfrenta la oposición de los sectores de la agricultura, el turismo y la construcción, que perderían hasta 253 mil 500 empleos, según un informe divulgado por el grupo proinmigrante FWD.us.

La medida, una promesa de campaña del gobernador Ron DeSantis, alineado con las fuertes políticas migratorias del presidente Donald Trump, busca el cumplimiento del programa federal migratorio E-Verify entre empresas vinculadas al gobierno estatal, pero también las privadas.

Esta última parte ha encontrado la oposición de los sectores que mueven la economía en el turístico “Estado del Sol”, que perdería 10.660 millones de dólares en ganancias y 1.250 millones en ingresos fiscales estatales y locales, según el estudio.

El informe, divulgado hoy por FWD.us, el día que el comité Judicial del Senado estatal se dispone a debatirlo, enfatiza que los “trabajadores indocumentados ya son contribuyentes importantes a la economía de Florida”.

Precisa que de los aproximadamente 700.000 indocumentados que viven en Florida, unos 440.000 están trabajando o buscando trabajo.

“Estos trabajadores aportan hasta 36.500 millones de dólares anuales en ganancias que permanecen en el estado de Florida”, agrega el documento.

Destaca que una vez que se contabilizan los efectos de su presencia en el mercado laboral, hacen parte de los 868.444 empleos totales en Florida y los 3.900 millones anuales en ingresos fiscales locales y estatales.

El reporte, llamado “Evaluación del impacto de la adopción obligatoria de verificación electrónica para Florida” y a cargo de Rick Harper, matiza que la pérdida de empleos sería de 253.500 si los empleadores tienen que verificar el estatus migratorio de sus trabajadores.

Proyecta que las empresas de alojamiento y servicio de alimentos serán afectadas con la pérdida de más de 79.000 puestos, seguidos de construcción (54.500) y agricultura, comercio minorista y atención médica (10.000).

La adopción del E-Verify “transfiere parte de la carga del costo y la responsabilidad de la aplicación de la ley de inmigración a las empresas de Florida”, precisa.

El estudio se basa en la experiencia y el fracaso de la medida en otros estados, como California, que entre otros aspectos evidenciaron que los trabajos perdidos en agricultura no quedan en manos de trabajadores nativos.

Grupos proinmigrantes como la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), señalaron hoy que E-Verify es un abuso del gobierno, “poco confiable y oneroso en la vida cotidiana de trabajadores y empleadores por igual”.

“Dañará enormemente a la población inmigrante de Florida, al tiempo que sofocará una economía vibrante y dependiente de inmigrantes”, manifestó Cal Soto, directivo de NDLON en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el Partido Republicano de Florida invitó hoy a los ciudadanos a apoyar E-Verify: “Es justo exigir a los empleadores que cumplan con el estado de derecho y garanticen que los trabajadores que contratan sean elegibles y estén en nuestro país legalmente”.

El proyecto, sin embargo, ha dividido incluso a los legisladores republicanos, quienes dominan ambas cámaras de Florida.

Una versión más moderada, presentada por el republicano Cord Byrd, que solo obligaría a cumplir con E-Verify entre las empresas vinculadas al gobierno de Florida, se tramita en la cámara Baja.

Bajo el proyecto de Byrd, los empleadores privados, que no sean contratistas del Gobierno, no tienen la obligación de utilizar E-Verify.

En 2011 en Florida, el entonces gobernador Rick Scott, también republicano, ordenó mediante una orden ejecutiva a todas las agencias de su administración a usar E-Verify mientras que a las otras agencias estatales se le “sugirió” usar el sistema.

En 2019, en su primer año de mandato, el gobernador DeSantis hizo ley un proyecto contra las llamadas ciudades santuario, que protegen a los indocumentados de deportaciones y castiga a las jurisdicciones que no colaboran con ciertas directrices federales de inmigración.