Juez cuestiona motivos de gobierno de Trump para eliminar el TPS

Un juez cuestionó el martes los motivos del gobierno del presidente Donald Trump para poner fin a un programa que permite que inmigrantes de cuatro países vivan y trabajen de forma legal en Estados Unidos.

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Un juez cuestionó el martes los motivos del gobierno del presidente Donald Trump para poner fin a un programa que permite que inmigrantes de cuatro países vivan y trabajen de forma legal en Estados Unidos.

Durante una audiencia, el juez Edward Chen repitió las palabras soeces que el presidente Trump utilizó para describir a algunos países durante una reunión llevada a cabo en la Casa Blanca en enero.

Chen decidirá si bloquea la decisión del gobierno de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) para los ciudadanos de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador. El juez no ha emitido un fallo aún.

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El TPS se otorga a países devastados por desastres naturales o guerras. Permite que los ciudadanos de aquellos países vivan en Estados Unidos hasta que mejore la situación en su tierra natal.

Chen también refirió un memorándum que, dijo, había insinuado que la decisión de terminar con el programa fue motivada por la política de “Estados Unidos Primero” del gobierno.

Inmigrantes piden a la Justicia que suspenda la cancelación del TPS

Un grupo de inmigrantes residentes bajo el TPS pidió el martes a la Justicia que suspenda temporalmente la orden de cancelación del mismo por parte del Gobierno.

Nueve inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán asistieron a una audiencia en los juzgados de San Francisco (California) en la que pidieron al juez que suspenda temporalmente la decisión de la Administración que dirige Donald Trump.

Este mismo grupo de inmigrantes presentó hace meses una demanda contra el Gobierno en la que aseguraron que la decisión de terminar el programa TPS tiene “motivaciones racistas”, y ahora exigen que la cancelación se suspenda mientras el juez delibera un fallo final.

“Le pedimos a la corte que suspenda la terminación de TPS hasta que se conozca el dictamen del juicio”, explicó una de las abogadas que representan a los demandantes, Jessica Bansal, a la puerta del juzgado.

“Hemos presentado pruebas de que poner fin al programa es ilegal por dos razones: una es que es una decisión con motivaciones racistas, y la otra es que el Gobierno cambió las reglas sin dar explicaciones”, apuntó la letrada.

En los últimos meses, el Ejecutivo ha arrebatado la protección del TPS a 55,000 hondureños, 195,000 salvadoreños y 50,000 haitianos, entre otros, a los que ha dado entre 12 y 18 meses para que regresen a sus países o que cambien su estatus migratorio.

Una vez superadas las fechas límites, la Administración Trump podría deportar legalmente a todas esas personas sin amparo migratorio.

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“Llevo aquí desde 1985. He vivido más tiempo en EE.UU. que en mi país, El Salvador”, explicó a Efe Orlando Zepeda, uno de los demandantes afectados por la terminación del TPS, aunque expresó su convencimiento de que “este país tiene leyes y la ley nos protege”.

El Congreso creó el TPS en 1990 como parte de la Ley de Inmigración de ese año, que otorga un estatus legal temporal a los ciudadanos extranjeros que no pueden regresar a sus países de origen debido a un conflicto armado, una guerra civil, huracanes, terremotos u otros desastres naturales.

Conforme a la ley, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) tiene discreción exclusiva de determinar cuándo los ciudadanos de otros Estados son elegibles para TPS.

Una vez que se determina, estos individuos pueden recibir permiso para vivir y trabajar en el país por un período de entre seis y 18 meses, que pueden ser renovados de forma indefinida hasta que se establezcan los factores que impidieron que estas personas regresen a su país natal ya no están vigentes.

Con información de AP y EFE.

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