Juez quita a los agentes de CBP la autoridad de decidir en casos de asilo

• Este lunes, un juez removió la autoridad que tenían agente de la CBP para tomar decisiones en casos de asilo.
• El juez frenó temporalmente la autoridad de la CBP para determinar el futuro de inmigrantes que piden asilo.
• El juez que le quitó la autoridad a la CBP calificó como una “tontería” que el gobierno de Trump los capacitara para determinar un asilo.

Un movimiento que tal vez no agrade al presidente Donald Trump: un juez quitó a los agentes de la CBP la autoridad para decidir en casos de asilo.

La agencia de noticias Efe informó que un juez federal frenó temporalmente este lunes la política del gobierno del presidente Donald Trump que autoriza a los agentes de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en inglés) para que evalúen la validez de los argumentos de quienes piden asilo en Estados Unidos porque temen regresar a sus países.

De acuerdo con el reporte de la mencionada agencia, el juez Richard Leon,

del Distrito de Columbia, calificó como «tontería» el argumento gubernamental sobre la capacitación de los agentes de la CBP para esa tarea.

Además, el juez prohibió que el gobierno saque del país a las demandantes «a la espera de un dictamen sobre los méritos de este caso».

Bajo la ley estadounidense, explicó Efe, cuando una persona solicita asilo, su caso es evaluado por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), pero el 30 de enero, por una ordenanza del gobierno de Trump, hubo un «memorando de entendimiento» el cual le dio esa autoridad a la CBP.

En esas entrevistas, la persona solicitante, con debido asesoramiento legal, puede presentar las razones por las cuales ha huido de su país, y por las que el retorno representa una amenaza a su seguridad o su vida.

El juez Leon escribió en su decisión: «Los demandantes han presentado muchos argumentos importantes, pero yo necesito enfocarme en sólo uno de ellos».

Agregó: «Los demandantes han demostrado la probabilidad de éxito sobre los méritos de su reclamo según el cual el uso de agentes de CBP, que reciben instrucción sustancialmente inferior que (los agentes de) USCIS para conducir las entrevistas de asilo, viola la Ley de Inmigración y nacionalidad».

Ante esa situación, el juez ordenó quitarle la autoridad a la CBP para decidir sobre el futuro de los inmigrantes quienes piden asilo.

El presidente Trump, que ha hecho de la política antimigratoria uno de los pilares de su gobierno y, ahora, de su campaña por la reelección, instauró a inicios de 2019 una medida (MPP) que rechaza en la frontera sur a quienes piden asilo y los devuelve a México y algunos países centroamericanos para que esperen allí la cita para una audiencia sobre sus casos.

Asimismo, tres meses atrás, Trump ordenó que los agentes de CBP apliquen las directrices del Centro para Prevención y Control de Enfermedades (CDC, en inglés) para determinar si los solicitantes de asilo presentan síntomas de la COVID-19, lo cual ha permitido que la agencia federal devuelva por razones de salud a los solicitantes.

Los demandantes en el caso sobre el cual el juez Leon puso un alto son cuatro madres y sus hijos recluidos en el centro de detención de Inmigración y Aduanas (ICE) en Dilley, Texas.

Estas personas alegan que huyeron de sus países por la violencia y las persecuciones e indicaron su intención de pedir asilo, pero en lugar de ser entrevistadas por agentes capacitados de USCIS, cada uno de ellas fue sujeta a lo que el Centro de Responsabilidad Constitucional describe como «interrogatorios agresivos» por parte de agentes de la CBP.

Los agentes, según la demanda, no buscaron información relevante para las solicitudes, tomaron notas incorrectas de lo que declararon las solicitantes y cometieron otros errores. En todos los casos los agentes de CBP concluyeron que las demandantes no corrían un peligro de persecución.

Las familias demandaron a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, y al director interino de la CBP, Mark Morgan, quien había aprobado la ordenanza.

Entre los otros argumentos de la demanda a los cuales el juez Leon hizo referencia se cuenta el de que Morgan no tenía atribuciones para aprobar el acuerdo con USCIS dado que su posición como director interino de CBP es inválida bajo la Ley de Reforma de Vacantes Federales.

Asimismo, las demandantes alegaron que la política viola la Ley de Seguridad Nacional, que creó el departamento de ese nombre, así como las leyes de inmigración de Estados Unidos.

Un hondureño que estuvo bajo custodia de ICE muere en Texas por coronavirus

Por otra parte, un inmigrante de origen hondureño que había estado bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos falleció en Texas debido al coronavirus, informó este domingo el medio BuzzFeed citado por Efe.

El hondureño, de 50 años, estaba hospitalizado en Texas después de dar positivo de la COVID-19 y murió de complicaciones respiratorias debido a la pandemia, según una fuente cercana.

Con este caso serían ya seis los reclusos de centros de detención de ICE que fallecen debido a la COVID-19, detalló Efe.

El hondureño estaba recluido en el Centro de Procesamiento Joe Corley en Conroe (Texas), donde medio centenar de detenidos han dado positivo por coronavirus desde el inicio de la pandemia, aunque solo uno de ellos estaba bajo vigilancia o aislamiento, aunque se desconoce si se trata del fallecido.

En total, son ya 19 los reclusos que mueren mientras estaban bajo custodia de ICE desde el inicio del actual año fiscal, que comenzó el 1 de octubre de 2019, según el recuento de BuzzFeed.

El primer recluso de ICE en morir por la COVID-19 fue el salvadoreño Carlos Ernesto Escobar Mejía, de 57 años y quien se encontraba bajo custodia de la agencia federal en San Diego, y el segundo fue el guatemalteco Santiago Baten Oxlaj, de 34 años, que estaba recluido en el Centro de Detención de Stewart, en el sur de Georgia.

Desde el inicio de la pandemia, activistas y grupos de defensa de los derechos civiles han alertado del peligro que corren estos detenidos, que en su mayoría no ha cometido ningún crimen violento, y han pedido al ICE que los libere.

Y ya sea por deportaciones o razones médicas u órdenes judiciales, la agencia federal ha ido reduciendo la ocupación de los centros de detención, que este viernes estaba en 20.066 reclusos, cuando la media diaria en el año fiscal de 2019 fue de 50.165 inmigrantes.

Los últimos datos de ICE, con fecha del pasado viernes, han realizado más de 26.000 test de coronavirus entre los reclusos, de los cuales dieron positivo 5.300, incluidos 830 casos que siguen activos.

Inmigrantes recluidos en dos centros de detención de ICE en el estado de Luisiana denunciaron este domingo las condiciones insalubres que sufren tras el paso del huracán Laura, lo que aumenta el riesgo de un brote de coronavirus en estas instalaciones.

Según familiares de los detenidos, desde el paso de Laura en el Centro Correccional Jackson Parish, en Luisiana, carecen de agua y electricidad.

A ello habría que sumar que las instalaciones se «inundaron de orina y heces», no hay alimentos limpios y, debido a la falta de electricidad, el aire acondicionado no funciona y no pueden dormir en el interior de los recintos, con «escasa ventilación», lo que los obliga a «dormir al aire libre en ropa interior».

El huracán tocó tierra el pasado jueves en la costa de Louisiana con vientos de categoría 4 (150 millas por hora o 250 km/h), dejando además importantes inundaciones.

Todo ello, aseguran los reclusos, ha afectado a este centro de detención, así como el de Lasalle, lo que intensifica «aún más el riesgo de propagación del coronavirus».

Según los inmigrantes detenidos en Jackson Parish, ya hay 25 casos confirmados y algunas personas se encuentran en aislamiento bajo sospecha de la COVID-19, aunque ICE elevaba este viernes esa cifra a 10, número que es de 4 en el caso de Lasalle.