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Jueces de inmigración de EE.UU. denuncian condición laboral

Jueces de inmigración de Estados Unidos denunciaron lo impensable: además de quejarse de las condiciones de trabajo, afirman que hay racismo.
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  • Jueces de inmigración de Estados Unidos denunciaron lo impensable.
  • Además de quejarse de las condiciones y la presión en que trabajan, parece que también reciben ‘cucharada de su propia medicina’
  • Las denuncias de los magistrados contra el gobierno de Trump tienen a muchos sorprendidos

Jueces de inmigración de Estados Unidos denunciaron condiciones laborales inapropiadas, luego que el Departamento de Justicia envió un boletín con contenidos de un blog antiinmigrante y desestimó el derecho de los magistrados de sindicalizarse.

La asociación que agrupa a los más de 400 jueces de inmigración del país presentó dos denuncias el viernes ante la Autoridad Federal de Relaciones Laborales. Las denuncias activarán automáticamente una investigación, que es lo que están buscando los jueces, que son empleados del Departamento de Justicia.

La jueza Ashley Tabaddor, líder del sindicato de jueces, declaró en un discurso ante el Club de Prensa Nacional que el trabajo de sus representados se hace casi imposible bajo las políticas del gobierno de Donald Trump, pues algunos emiten ciertos fallos solo por temor a perder sus empleos.

«En los últimos tres años y particularmente en las últimas semanas, el Departamento de Justicia ha tomado pasos grandes, dramáticos y revolucionarios para desmantelar el sistema judicial y, honestamente, para atentar contra los principios básicos que nosotros los jueces consideramos fundamentales», afirmó la jueza.

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Los jueces llevan más de un año en una disputa con el Departamento de Justicia sobre las cuotas de casos que deben resolver y sobre los límites impuestos a su habilidad de manejar casos atrasados. Tabaddor afirmó que la cifra de casos atrasados asciende a más de un millón.

Las denuncias surgen después de que el Departamento de Justicia le preguntó a la Autoridad si el sindicato tiene derecho a existir. El Departamento de Justicia alega que los jueces son personal administrativo, lo que los jueces niegan, señalando que ellos no administran personal alguno.

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La Oficina Ejecutiva de Asuntos de Inmigración, la agencia dentro del Departamento de Justicia que supervisa los tribunales de inmigración, envió a los jueces su boletín diario con contenidos de la página VDare, con mensajes que atacaban a los jueces con insultos racistas.

Fuentes del Departamento dijeron que el boletín fue redactado por una empresa contratista y que los mensajes no debían ser incluidos. Afirman que el Departamento condena enfáticamente el antisemitismo.

Tabaddor afirmó que el Departamento nunca pidió disculpas ni expresó arrepentimiento por los contenidos racistas.

Además, el Departamento impuso cuotas de casos que los jueces deben resolver y les quitó una herramienta que los jueces usaban para manejar casos, con lo que los expedientes atrasados aumentaron en unos 300,000. Tabaddor denunció que no se les ha dado a los jueces las herramientas para decidir casos correctamente, como asistentes o intérpretes, a pesar de que se han contratado más jueces.

El sindicato de jueces pide que las cortes sean independientes, a lo que se opone el Departamento de Justicia. La jueza Perry Martínez, directora del Colegio de Abogados de Estados Unidos, que representa a unos 300,000 abogados, ha dicho que el sistema de tribunales debe ser independiente.

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Victoria para inmigrantes

Una jueza federal bloqueó una medida del gobierno del presidente Donald Trump que pretende ampliar la autoridad de los agentes de inmigración a nivel nacional para deportar por la vía rápida a inmigrantes sin permitirles comparecer ante jueces, el tercer revés jurídico en un día contra la agenda de inmigración del mandatario.

La medida, anunciada en julio sin que se haya aplicado aún, permitiría la repatriación rápida de personas que tengan menos de dos años viviendo en Estados Unidos sin autorización legal. En la actualidad, las deportaciones exprés están restringidas principalmente a personas arrestadas casi inmediatamente después de cruzar la frontera con México.

La jueza federal Ketanji Brown Jackson señaló el viernes por la noche en su fallo en Washington que la expansión del gobierno federal de la autoridad para efectuar “deportaciones expeditas” viola los requisitos procesales de solicitar primero el comentario público e ignoró las deficiencias en la manera como se ha aplicado a menor escala en la frontera.

Las deficiencias mencionadas, que los abogados del gobierno no impugnaron, incluyen denuncias de que algunos migrantes con derecho a radicar en el país han sido sometidos a procesos de deportación y que en muchos casos no se facilitaron traductores.

Además, las autoridades cometieron “flagrantes errores” cuando grabaron las declaraciones de migrantes que manifestaron su temor a enfrentar persecución o tortura de ser devueltos a sus países de origen.

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Archivado como: jueces de inmigración

“Con respecto a la política en cuestión aquí, la posible devastación es tan obvia que (el Departamento de Seguridad Nacional) puede ser culpada justamente por su inexplicable fracaso para predecir, e intentar mitigar, los futuros flujos totalmente previsibles”, escribió Jackson.

La jueza, nombrada por el presidente Barack Obama, no se ha pronunciado sobre los méritos del caso, pero su decisión impide al gobierno ampliar a nivel nacional la autoridad para efectuar deportaciones expeditas mientras prosiga el juicio.

Horas antes el mismo viernes, un juez federal en Los Ángeles bloqueó nuevas disposiciones que permitirían al gobierno detener por tiempo indefinido a niños inmigrantes con sus padres.

El juez indicó que estas medidas contradicen un acuerdo de 1997 bajo el cual los menores detenidos en la frontera deben ser entregados lo antes posible a parientes en Estados Unidos y solo se les puede mantener en instalaciones con licencia estatal.

El acuerdo Flores, por el nombre del demandante adolescente, continuará vigente y rige las condiciones de los menores en custodia, incluidos los que están con sus padres.

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Asimismo el viernes, otro juez federal en Los Ángeles impidió que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) dependa solo de bases de datos deficientes para actuar específicamente contra personas que están sin permiso en el país.

La decisión afecta las órdenes de detención emitidas por algún agente del ICE en el Distrito Central de California del sistema de cortes federales.

Las facultades para las deportaciones inmediatas fueron creadas conforme a una ley de 1996 pero no fueron un elemento importante en la acción policial fronteriza sino hasta 2004, cuando Seguridad Nacional dijo que las aplicaría a personas arrestadas a las dos semanas de haber ingresado por tierra en Estados Unidos y detenidas a 160 kilómetros (100 millas) de la frontera.

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