Jueces en California suponen obstáculo a políticas antiinmigrantes de Trump


Uno por uno, el juez federal William Gallo pronunció los nombres de 14 acusados ​​que fueron acusados ​​de ingresar ilegalmente al país. Los abogados defensores le dijeron que el gobierno ya los había deportado a México, por lo que era imposible que comparecieran en corte. Gallo tomó una decisión que pocos jueces asumirían.

En respuesta a la decisión de la Administración, el juez desestimó inmediatamente todos los cargos y ordenó que se devolviera el dinero de la fianza.

La escena se repitió todos los días durante varias semanas en San Diego, en un claro ejemplo de que los jueces de inmigración desafían las políticas del presidente Donald Trump. El mes pasado, un juez diferente detuvo una política de la Administración para negar el asilo a las personas que ingresan ilegalmente al país.

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Los fiscales federales llevaron a cabo las audiencias masivas sobre cargos de inmigración en California en julio, adoptando un modelo que ha estado vigente durante años en otros lugares de la frontera entre Estados Unidos y México. Las audiencias pronto comenzaron a extenderse más allá de las 6 p.m. regularmente.

Los abogados defensores a menudo se opusieron a que no tenían tiempo suficiente para consultar con sus clientes, quienes aparecían con la misma ropa que vestían al cruzar la frontera un día antes.

Luego, el 17 de septiembre, Gallo anunció que los jueces ya no aceptarían declaraciones de culpabilidad en las audiencias iniciales, como lo hacen en Arizona y Texas. En su lugar, comenzaron a fijar segundas audiencias por cinco días después.

Los inmigrantes que pagaron la fianza antes de su fecha de regreso fueron deportados.

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“El gobierno, en muchos aspectos, fue traicionero”, dijo Gallo en un viernes reciente, refiriéndose a la decisión de deportar a los acusados ​​antes de que pudieran regresar a los tribunales para resolver sus casos.

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