Jueces en California suponen obstáculo a políticas antiinmigrantes de Trump

Uno por uno, el juez federal William Gallo, pronunció los nombres de 14 acusados ​​que fueron acusados ​​de ingresar ilegalmente al país...

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Uno por uno, el juez federal William Gallo pronunció los nombres de 14 acusados ​​que fueron acusados ​​de ingresar ilegalmente al país. Los abogados defensores le dijeron que el gobierno ya los había deportado a México, por lo que era imposible que comparecieran en corte. Gallo tomó una decisión que pocos jueces asumirían.

En respuesta a la decisión de la Administración, el juez desestimó inmediatamente todos los cargos y ordenó que se devolviera el dinero de la fianza.

La escena se repitió todos los días durante varias semanas en San Diego, en un claro ejemplo de que los jueces de inmigración desafían las políticas del presidente Donald Trump. El mes pasado, un juez diferente detuvo una política de la Administración para negar el asilo a las personas que ingresan ilegalmente al país.

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Los fiscales federales llevaron a cabo las audiencias masivas sobre cargos de inmigración en California en julio, adoptando un modelo que ha estado vigente durante años en otros lugares de la frontera entre Estados Unidos y México. Las audiencias pronto comenzaron a extenderse más allá de las 6 p.m. regularmente.

Los abogados defensores a menudo se opusieron a que no tenían tiempo suficiente para consultar con sus clientes, quienes aparecían con la misma ropa que vestían al cruzar la frontera un día antes.

Luego, el 17 de septiembre, Gallo anunció que los jueces ya no aceptarían declaraciones de culpabilidad en las audiencias iniciales, como lo hacen en Arizona y Texas. En su lugar, comenzaron a fijar segundas audiencias por cinco días después.

Los inmigrantes que pagaron la fianza antes de su fecha de regreso fueron deportados.

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“El gobierno, en muchos aspectos, fue traicionero”, dijo Gallo en un viernes reciente, refiriéndose a la decisión de deportar a los acusados ​​antes de que pudieran regresar a los tribunales para resolver sus casos.

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El mismo día, Gallo desestimó los cargos contra los 14 acusados, muchos de ellos mexicanos que fueron atrapados escondidos entre rocas y arbustos gruesos en montañas escarpadas al este de San Diego.

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La Administración respondió el 9 de octubre, diciendo que no deportaría a las personas hasta que se completaran sus casos criminales. Eso impidió que los casos fueran desestimados, pero introdujo nuevos problemas: mantener a las personas bajo custodia durante períodos más prolongados, restringió el espacio de detención e impuso costos más altos.

“Querían que fuera una cosa de un día, como ocurre en toda la frontera, porque es más barata”, dijo Jami Ferrara, quien representa a los abogados defensores en un panel con jueces y fiscales que trabajan en los cambios. “No es un sistema barato”.

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No está claro cuántos casos fueron desestimados en San Diego, pero los abogados defensores estiman que fueron cientos.

Aunque descartar los casos no liberó a las personas en los EE. UU., socavó el propósito de la política de “tolerancia cero” de Trump: hacer frente a las condenas penales. Quienes infringen la ley por primera vez son castigados con hasta seis meses de prisión y pueden ser acusados ​​de un delito grave si son capturados nuevamente.

Las escaramuzas legales en el tribunal de San Diego no han provocado una reacción pública de Trump, y el Departamento de Justicia y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) declinaron hacer comentarios.

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Al Servicio de Alguaciles le cuesta un promedio de casi 90 dólares al día albergar a un acusado. En San Diego, el espacio es escaso, con capacidad para solo 815 personas en el edificio principal.

Para abordar las limitaciones de espacio, el Servicio tiene acuerdos con los gobiernos estatales y locales y la Oficina Federal de Prisiones, así como contratos con empresas privadas, dijo el portavoz Drew Wade.

Los acusados ​​recibieron un impulso de The Bail Project, un grupo sin fines de lucro lanzado en enero que ha establecido fondos de fianza en San Diego y en otras seis ciudades de los EE. UU. Robin Steinberg, su director ejecutivo, dijo que el grupo llegó a San Diego el 20 de agosto y ayudó con la fianza a 700 inmigrantes en sus primeras siete semanas.

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El Proyecto de Fianzas aún no se ha expandido a otros tribunales fronterizos que celebran audiencias masivas por ingreso ilegal.

“Nuestro enfoque actual es ayudar a todas las personas que podamos en San Diego”, dijo Steinberg.

Por ahora, muchos acusados ​​no pueden participar porque algunos jueces insisten en que sean entregados a “un tercero” en California, a menudo un familiar que es responsable de asegurarse de que regresen a la corte. Pero algunos miembros de la familia pueden mostrarse reacios a presentarse si están en el país ilegalmente, y muchos viven lejos de San Diego.

Los abogados defensores han objetado el requisito.

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“Es extremadamente inusual que los tribunales exijan a un custodio externo en casos de delitos menores”, dijo David Loy, director legal de la ACLU de los condados de San Diego e Imperial. “Estos son básicamente delitos menores federales en el nivel más bajo”.

Las audiencias masivas sobre cargos de inmigración se introdujeron en Del Rio, Texas, en 2005 y se extendieron en pocos años a otros tribunales federales en la frontera, excepto California.

Las salas de audiencia en Tucson, Arizona y McAllen, Texas, se llenaron con aproximadamente 70 personas por día que se declararon culpables en su primera comparecencia y que normalmente fueron sentenciadas a un tiempo ya cumplido.

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