A inicios del nuevo milenio, un aumento poblacional en el condado de McHenry, en Illinois, impulsó la ampliación de la cárcel local y, para ahorrar fondos, sus funcionarios llegaron a un acuerdo con las autoridades federales, informa el diario Chicago Sun-Times.

El convenio establece que el gobierno se compromete a destinar millones de dólares para la ampliación del recinto carcelario a cambio de que las autoridades locales detengas a inmigrantes indocumentados, detalla el diario.

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Tres años después de finalizado el primer contrato, sin embargo, una baja poblacional en el condado redujo la necesidad para el espacio extra en la cárcel de Woodstock, donde se continúa albergando a detenidos del gobierno federal.

Detaining undocumented immigrants became a $10 million cash cow for McHenry County, @RachelFrazin & @alexarriaga__ report. https://t.co/j7ekSXCRu2

— Chicago Sun-Times (@Suntimes) December 5, 2018

Pese a que hubo un tiempo en el que algunos comisionados quisieron terminar el contrato, últimamente el condado se ha visto beneficiado por un despunte en arrestos en la zona, reseña el Chicago Sun-Times.

El año pasado, por ejemplo, el condado recibió 8.3 millones de dólares y se estima que reúna más de 10 millones al finalizar el 2018, lo que supondría la mayor cantidad de ganancias desde el 2015, según documentos.

«Actualmente hay disponibilidad en nuestra cárcel y lo estamos aprovechando de modo que sea rentable», dijo el administrador del condado, Peter Austin.

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Pero Carlos Acosta, ex director de la Coalición para Latinos en el condado de McHenry, levantó dudas sobre el contrato.

«Es un asunto divisivo porque genera la duda de si el sheriff realizará paradas de tráfico motivado por dinero», dijo Acosta, aludiendo a los retenes que podrían terminar con el arresto de indocumentados.

Fiscales piden a Trump documentos sobre negocios

Los fiscales generales de Maryland y el Distrito de Columbia pidieron por la vía judicial al presidente Donald Trump una serie de documentos sobre sus negocios, incluidas las cuentas de su hotel en Washington.

El fiscal general del Distrito de Columbia, Karl A. Racine, anunció en Twitter que él y su homólogo en Virginia, Brian Frosh, ya han comenzado a enviar citaciones judiciales a los negocios de Trump para que les entreguen documentos.

#EmolumentsUpdate: We're not playing around. It's time for Donald Trump to be held accountable for illegally profiting from the presidency.

Read more: https://t.co/dmal0FrXuB

— Karl Racine (@KarlRacineDC) December 4, 2018

Los fiscales, ambos demócratas, mandaron sus citaciones a agencias federales, negocios de la Organización Trump y otras entidades para probar que el presidente se está «aprovechando» de su puesto para mejorar sus negocios, detalló Racine.

Los dos fiscales interpusieron en junio del año pasado una demanda contra Trump, al que acusan de violar la Constitución al aceptar millones de dólares de Gobiernos extranjeros en pagos a sus empresas.

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Los procuradores quieren acceder a documentos internos de la Organización Trump, que incluye el hotel y en la que el presidente se mantiene como propietario, aunque cedió el control de sus negocios a un colaborador y a sus hijos Donald Jr. y Eric Trump.

Los fiscales aseguran que Trump está violando unas provisiones de la Constitución que tienen como objetivo evitar la corrupción del Ejecutivo y la influencia de poderes extranjeros.

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Una de esas provisiones prohíbe a los funcionarios aceptar regalos de Gobiernos extranjeros sin la aprobación del Congreso.

Desde que Trump llegó al poder en enero de 2017, en el hotel se ha celebrado numerosos eventos de Gobiernos extranjeros, mientras que el mandatario ha seguido visitando con frecuencia sus clubes privados, incluido el de Mar-a-Lago, que ha pasado a ser conocido como «la Casa Blanca de Invierno».