ICE y el operador privado de cárceles GEO sufren revés legal en California

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ICE y el operador privado de cárceles GEO sufren revés legal en California
Foto: GettyImages / Video: MH
  • ICE y el operador de cárceles privadas GEO sufrieron un gran revés legal al tratar de eliminar la ley AB 32 de California
  • Dicha ley prohibió la construcción de prisiones privadas y centros de detención y exige que las instalaciones existentes se cierren para 2028 en el estado
  • Según la decisión de la magistrada, cinco centros de detención de inmigrantes en el estado se eliminarían gradualmente en los próximos años

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el operador de cárceles privadas GEO sufrieron un gran revés legal al tratar de eliminar la ley AB 32 de California, que prohibió la construcción de prisiones privadas y centros de detención y exige que las instalaciones existentes se cierren para 2028 en el estado, destacaron este viernes activistas.

La coalición Dignity Not Detention, que impulsó la aprobación de la ley el año pasado, la cual entró en vigencia este 2020, aplaudió hoy en una conferencia de prensa el fallo de la juez federal del Distrito Sur en San Diego, Janis Sammartino, que el jueves confirmó en gran medida la legalidad de la AB 32.

Según la decisión de la magistrada, cinco centros de detención de inmigrantes en el estado se eliminarían gradualmente en los próximos años.

“No permitiremos que estas cárceles privadas eludan nuestras leyes y la voluntad del pueblo por más tiempo”, dijo hoy Christina Fialho, cofundadora y directora ejecutiva de Freedom for Immigrants (FFI), organización que hace parte de la coalición.

Foto: Twitter

“El fallo de es una gran reprimenda tanto para el ICE como para el Grupo GEO, y un revés para su plan ilícito para subvertir la legislación popular. Mientras esta lucha continúa, está claro que tenemos la Constitución de nuestro lado”, ahondó la activista.

ICE y el operador privado de cárceles GEO sufren revés legal en California

En diciembre de 2019, antes de que entrara en vigor la AB 32, GEO demandó al gobernador de California, Gavin Newsom, y al fiscal general Xavier Becerra alegando que el propósito de la medida era “socavar y eliminar la aplicación aprobada y financiada por el Congreso de las leyes penales y de inmigración federales”, y pedía al tribunal prohibir al estado hacer cumplir el estatuto.

Según la demanda, AB 32 afectará a 10 cárceles y centros de detención de inmigrantes administrados de manera privada en California con casi 11.000 camas en total, la gran mayoría de la capacidad de detención federal en el estado. GEO, que tiene su sede en Florida, administra siete de esas instalaciones.

También en diciembre el ICE firmó nuevos contratos para mantener abiertos los centros de detención de California y expandir algunas de estas cárceles migratorias como la de Adelanto, que está administrado por GEO.

No obstante, en otra derrota para el ICE y GEO, la juez también se negó a mantener afirmativamente esta serie de contratos multimillonarios de 15 años que las corporaciones penitenciarias celebraron con el Gobierno federal.

En este sentido, Kimberly Galindo, de Inland Coalition for Immigrant Justice (ICIJ), subrayó que el ICE está “tomando ventajas de la pandemia de coronavirus” al querer contratar más centros de detención en California.

La activista se refirió a la decisión del ayuntamiento de la ciudad de McFarland, en el Valle Central de California, que aprobó en abril pasado convertir dos cárceles locales en centros de detención de indocumentados para lidiar con sus problemas económicos derivados de la pandemia.

Galindo destacó que en esta zona reside una gran cantidad de trabajadores esenciales y que las acciones del ICE para instalar uno de sus centros es “tramposa y horrible”.

La decisión de la juez llega a pocas semanas que el gobernador Newsom convirtiera en ley otro proyecto que permitirá a los inmigrantes detenidos en cárceles operadas por compañías privadas demandar a esas entidades por no cumplir los estándares de servicio.

Los activistas urgieron hoy al fiscal Becerra a tomar más medidas, incluida la investigación sobre la responsabilidad de las corporaciones penitenciarias que se benefician a costa de la salud y el bienestar de la comunidad.

“Mientras enfrentamos las crisis gemelas de COVID y el racismo sistémico, afirmamos: Ya sea que las jaulas sean administradas por una corporación o el Gobierno, el encarcelamiento es incorrecto, abusivo y debe terminar”, aseguraron en un comunicado conjunto.

California: Más de 120 indocumentados detenidos en operativos de ICE

En el estado de California, más de 120 indocumentados terminaron detenidos después de cinco días de operativos de ICE.

Hasta 128 inmigrantes indocumentados han sido detenidos en el curso de una redada de cinco días en California, en su mayoría acusados o condenados por crímenes, y serán deportados en los próximos días, informó hoy el secretario de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Chad Wolf.

El operativo “Operation Rise” se desarrolló principalmente en las áreas de Los Ángeles y San Diego, dos de los principales núcleos urbanos con mayor población de inmigrantes de este estado, que se ha declarado santuario para los indocumentados y, por ende, limita su colaboración con las agencias federales de inmigración.

“Lamentablemente, hay dirigentes políticos, muchos de ellos en California, que dan prioridad a la política sobre la seguridad con las así llamadas ‘ciudades santuarios'”, dijo Wolf en una conferencia de prensa. “Erróneamente, creen que esto muestra compasión, pero el hecho es que no muestra compasión por las vidas de los estadounidenses”, agregó.

“Los santuarios albergan la violencia cometida por extranjeros al precio de vidas estadounidenses”, ahondó, para luego calificar las políticas santuario como “juegos políticos”.

Foto: Twitter

California: Más de 120 indocumentados detenidos en operativos

El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Tony Pham, dijo que el objetivo del operativo fue “identificar, localizar y detener para deportación a individuos condenados por homicidios, crímenes violentos, crueldad hacia menores de edad, violencia doméstica”.

Las autoridades de cientos de ciudades han adoptado alguna forma de “santuario”, por la que los agentes policiales y los tribunales locales no informan a las autoridades federales cuando un indocumentado ha sido detenido por delitos menores.

“La política de inmigración no cesa en los límites de las así llamadas ciudades santuario”, advirtió Wolf. “El presidente Trump, el Departamento de Seguridad Nacional, ICE aplican la ley tal como está escrita y no como la interpreten las autoridades locales”, agregó.

Wolf y Pham insistieron en que las redadas que lleva a cabo ICE buscan detener a indocumentados que hayan cometido crímenes, que hayan reingresado a Estados Unidos después de haber sido deportados o que tengan pendiente una orden de deportación.

“Los individuos que ICE detiene no son inmigrantes al azar”, continuó Wolf. “Primero, y más que nada, buscamos a los que representan una amenaza para la seguridad pública y la seguridad nacional”, precisó.

Según Pham, entre los detenidos por Operación Rise se cuentan dos individuos condenados por homicidio, varios condenados por delitos sexuales contra menores de edad, y otros varios condenados por violencia sexual.

Wolf manifestó que el gobierno de Trump no concentra estas operaciones en determinadas ciudades porque su gobierno local sea llevado por representantes del Partido Demócrata.

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