Operador de prisiones de ICE busca que inmigrantes ¡paguen por su detención!
- Operador de prisiones busca que migrantes paguen por su detención en Georgia.
- El Centro de Detención Stewart, en Georgia, y CoreCivic en el foco.
- Obligan a los inmigrantes detenidos a trabajar por sueldos mínimos de uno a cuatro dólares al día, y si se rehúsan los ponen en confinamiento o los privan de algunas necesidades básicas
La organización Southern Poverty Law Center (SPLC) y Project South presentaron este viernes una moción para desestimar una contrademanda de CoreCivic, el mayor operador de centros de detención de inmigrantes en el país, en su batalla legal para detener el trabajo forzoso en una prisión de Georgia, informa EFE.
“La desvergonzada contrademanda
de CoreCivic demuestra que la corporación prioriza engordar sus propios bolsillos antes que cuidar a las personas que detiene”, manifestó el abogado CJ Sandley, del Immigrant Justice Project de SPLC, en una declaración divulgada este viernes a la prensa.
De acuerdo con SPLC, que presentó una demanda contra CoreCivic en 2018 en nombre de los inmigrantes recluidos en el Centro de Detención Stewart, en Georgia, esta corporación alegó en su moción que si los presos ganan su caso, le deberán el costo de su detención.
“La contrademanda ofrece una ventana de cómo la empresa ve a Stewart, que ya tiene la reputación de ser un lugar miserable, de ser ante todo una oportunidad para generar el máximo beneficio”, sostuvo Sandley.
El Centro de Detención de Stewart, ubicado en la pequeña localidad Lumpkin, en el suroeste de Georgia y a unas 140 millas de Atlanta, es una de las mayores prisiones de inmigrantes indocumentados del país, con una capacidad para casi 1.800 reclusos, y, al igual que muchas otras en el resto del país, es administrada por CoreCivic.
“Nosotros presentamos la demanda hace unos años en nombre de los inmigrantes del Centro de Detención de Stewart porque los obligan a trabajar por sueldos mínimos de uno a cuatro dólares al día, por trabajos como limpiar la cocina, los baños, y si se rehúsan los ponen en confinamiento o los privan de algunas necesidades básicas”, declaró a Efe Azadeh Shahshahani, directora legal de Project South.
Shahshahani agregó que “la catástrofe de derechos humanos en Stewart exige que reinventemos nuestro injusto sistema de inmigración” porque las corporaciones privadas “impulsadas por sus resultados financieros no tienen cabida” en la vida de estos inmigrantes.
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Jueza permite demanda colectiva contra Trump por solicitudes de asilo
En otro orden de cosas, pero siempre referente a la inmigración en EE.UU., una jueza federal en San Diego, California, permitió incluir en una demanda a todos los afectados por la política del Gobierno del presidente Donald Trump de rechazar solicitudes de asilo en los puertos fronterizos, lo que representa una “victoria” para los migrantes que buscan impugnar la regla, dijeron este viernes sus abogados.
La decisión dada por la magistrada Cynthia Bashant del Tribunal de Distrito para el Sur de California representa un triunfo de los defensores de los solicitantes de asilo que intentan atajar la política de la Administración Trump desde 2017, dijo a Efe la abogada Sarah Rich del Southern Poverty Law Center (SPLC), organización que hace parte de la querella legal.
La abogada explicó que la decisión de convertir la demanda en colectiva permitirá que un posible fallo en favor de los inmigrantes incluya a todos los afectados, incluso aquellos que no tuvieron representación legal.
El litigio conocido como “Al Otro Lado vs Wolf” se inició en julio de 2017, en un esfuerzo de activistas en la frontera de California y México por detener las prácticas de los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que según las denuncias “utilizaron mentiras, amenazas, coacción y abuso físico, entre otras tácticas, para negar a los migrantes el acceso al proceso de asilo en los puertos de entrada a lo largo de la frontera sur”.
En noviembre de 2018 el SPLC se unió a la demanda en un esfuerzo por detener las múltiples acciones del Gobierno para afectar las solicitudes de asilo político, advierte Rich.
“Son muchos los obstáculos que ha puesto la Administración para los solicitantes, como la ´política de devolución´, o el ´tercer país´, haciéndolos esperar meses en medio del peligro”, insistió la abogada.
Inmigrantes paguen su detención: Operador de ICE lo pretende
La queja enmendada describe cómo la conducta de la CBP viola los derechos de los demandantes bajo la ley estadounidense e internacional al evitar que las personas que han huido de daños graves en sus países busquen protección en Estados Unidos.
También explica que la Política de Devolución abarca una variedad de prácticas que CBP ha utilizado para evitar que los migrantes busquen asilo en Estados Unidos, incluidas las denegaciones directas de acceso y la discriminación racial.
En marzo de 2018, por ejemplo, cuatro solicitantes de asilo guatemaltecos en un puerto de entrada de El Paso, Texas, fueron rechazados después de que funcionarios de la CBP les dijeran que «los guatemaltecos nos enferman».
Melissa Crow, abogada supervisora de SPLC, advirtió que “esta política, que hizo retroceder a innumerables hombres, mujeres y niños después de que se presentaron en los puertos de entrada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, fue una de las primeras implementadas como parte de esta cruel campaña dirigida a los solicitantes de asilo».
Por su parte Erika Pinheiro, directora de Políticas y Litigios de Al Otro Lado, advirtió que si bien el “fallo es una victoria importante para los solicitantes de asilo, es solo un paso en el esfuerzo por derrotar la guerra contra el asilo de la Administración Trump».
Aunque la demanda se encuentra en la última fase, Rich considera que no se dará una decisión antes de las elecciones de noviembre.
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