Hispanos de California acusados de robar un botín de 2 millones

Cuatro hispanos de California fueron acusados de robar 1,9 millones de dólares en relojes y carteras de diseñador, joyas, armas y dinero en efectivo
Los cuatro detenidos tenían condenas previas por robo a residencias
“Hay que sacar a estos criminales de las calles y que vuelvan a la prisión donde pertenecen”, indicó el fiscal de distrito del condado de Orange

Cuatro hispanos fueron acusados

este lunes de presuntamente pertenecer a una red de ladrones responsables de asaltar más de 44 residencias en diferentes condados del sur de California y llevarse un botín de cerca de 1,9 millones de dólares, reseñó la agencia Efe.

Jurandir Endnilson Peñate, de 24 años; Erick Daniel Soria, de 27 años; Álvaro Ramos, de 37 años, y Sergio Soto, de 33 años de edad, fueron arrestados el viernes 15 de mayo en el condado de Los Ángeles en un operativo en el que participaron agentes de varios departamentos de policía y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) del Gobierno federal.

Five men accused of running a multi-county burglary ring responsible for the theft of $1.9 million in designer watches and purses, jewelry, guns and cash in 44 residential burglaries in Orange and San Bernardino counties have been arrested https://t.co/i6HENyBkMj

— KCAL News (@kcalnews) May 18, 2020

Los acusados supuestamente son responsables de robar 1,9 millones en relojes y carteras de diseñador, joyas, armas y dinero en efectivo en 44 robos residenciales en los condados de Orange y San Bernardino.

Los cuatro detenidos tenían condenas previas por robo a residencias, y algunos se encontraban en libertad condicional tras cumplir condenas por robo.

Soto, quién tenía varias condenas previas por robos residenciales y asalto con arma mortal, enfrenta de 35 años de prisión a cadena perpetua si es declarado culpable de todos los cargos.

Mientras Ramos y Soria, que estaban en libertad condicional por robo, enfrentan 125 años y 85 años de prisión respectivamente si son hallados culpables de todos los cargos, advirtió el fiscal.

“Los esfuerzos continuos para despenalizar los delitos mayores y liberar a los prisioneros estatales y los reclusos de nuevo en nuestras comunidades ha resultado en un aumento de los delitos contra la propiedad” dijo el fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer.

Authorities announce arrests in burglary ring involving nearly $2 million in cash, jewelry, guns in nearly 50 residential crimes in Orange, San Bernardino counties https://t.co/UdewgPzc7X

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) May 18, 2020

Spitzer ha implementado desde el año pasado la Fuerza de Tarea de Impacto del Crimen para identificar personas en libertad condicional que cometan nuevos delitos.

La iniciativa pretende ayudar a las agencias policiales en sus investigaciones “para sacar a estos criminales de las calles y que vuelvan a la prisión donde pertenecen”, resaltó Spitzer en conferencia de prensa.

«Este caso subraya la determinación de las fuerzas del orden público de colaborar efectivamente, en todas las jurisdicciones, para llevar a los criminales ante la justicia», dijo el jefe de policía de Fullerton, Bob Dunn, quien habló en una conferencia de prensa el lunes por la mañana en la Oficina del Fiscal de Distrito para anunciar los arrestos.

Desde julio de 2019, el grupo de trabajo ha arrestado a 128 agresores por nuevos delitos, incluidos cinco sospechosos de intento de asesinato, cuatro sospechosos de robo de autos y 73 sospechosos arrestados por delitos graves.

Asimismo, el grupo de trabajo ha realizado 5.840 verificaciones de cumplimiento y revocó la supervisión comunitaria posterior al lanzamiento de 71 delincuentes condenados, de igual forma, ha localizado sujetos buscados en otros estados y ha coordinado sus arrestos y extradición de regreso al Condado de Orange para enfrentar cargos.

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Inmigrante de 74 años se suicida en centro de detención en California

Un inmigrante de 74 años con graves problemas de salud que lo hacían especialmente vulnerable a la COVID-19 se suicidó el domingo en un centro de detención en Bakersfield, California, informó este lunes la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), según eFE.

Choung Won Ahn, quien tenía diabetes, hipertensión y varios problemas relacionados con elcorazón, había estado recluido en el centro de detención de Mesa Verde, operado por la compañía privada de prisiones GEO, desde el 21 de febrero.

En marzo pasado, ACLU había hecho un llamado a las autoridades migratorias para que liberaran al inmigrante y otros detenidos con problemas graves de salud preexistentes, advirtiendo sobre la alta probabilidad de que pudieran contraer COVID-19 mientras estaban detenidos. Sin embargo, las repetidas solicitudes al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) fueron rechazadas.

«Estamos enfadados. (Mi hermano) no merecía ser tratado de esta manera. Es un ser humano, pero para ellos es solo un número. Hay otras personas en la misma situación. No debería estar sucediendo de nuevo”, dijo en un comunicado Young Ahn, hermano del inmigrante fallecido.

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En el último mes, en respuesta a una demanda presentada por la Oficina del Defensor Público de San Francisco, ACLU y otros defensores de los inmigrantes, un grupo de detenidos con graves problemas de salud habían sido liberados, «Trágicamente, Ahn no estaba entre ellos”, resalta el comunicado.

Priya Patel, abogada de derechos de los inmigrantes del Centro Legal de la Raza, quien representaba al inmigrante, advirtió que las autoridades migratorias “sabían que Ahn era médicamente vulnerable».

«Sabían que tenía antecedentes de enfermedad mental. Su vida estaba en sus manos. Su muerte no puede ser en vano. Las autoridades deben aprender de la muerte innecesaria y dolorosa del señor Ahn e inmediatamente dejar de enjaular a otras personas vulnerables», añadió.

En ese sentido, Eunice Cho, abogada principal del proyecto de la prisión nacional de ACLU, explicó que los suicidios en centros de detención del ICE han aumentado a niveles inquietantes bajo esta administración, y eso fue antes de la pandemia de COVID-19.

“No se equivoquen: ICE y la Administración son responsables de esta muerte. Nadie debe permanecer en detención civil durante una pandemia”, agregó la jurista.

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