El Gobierno anunció el lunes a creación de un grupo de trabajo especializado para combatir el «crimen trasnacional», con foco concreto en determinadas maras y cárteles, además del grupo libanés Hezbolá.

El fiscal general y máximo responsable de la rama de Justicia del Ejecutivo, Jeff Sessions, desveló en una rueda de prensa la formación de un comité de expertos para evitar que estos grupos sigan actuando «en las calles», de acuerdo a un comunicado del Gobierno del presidente, Donald Trump.

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«Anuncio que creamos un grupo de trabajo contra el crimen trasnacional de fiscales experimentados que coordinarán los esfuerzos y desarrollarán un plan para sacar a cada uno de estos grupos de nuestras calles para bien (del país)», aseguró Sessions.

Dentro de los objetivos de este comité del Departamento de Justicia, cinco grupos «criminales trasnacionales» serán la prioridad: la Mara Salvatrucha (MS-13), el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, el Clan del Golfo y el grupo libanés Hezbolá.

Este grupo del Gobierno estará liderado por el vicefiscal general, Rod Rosenstein, y contará con un subcomité para atender a las especificaciones de cada una de esas cinco organizaciones.

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Sessions puso énfasis en la banda criminal Mara Salvatrucha o MS-13, que -según dijo- tiene a 10.000 miembros en el país y constituye la pandilla «más violenta» en suelo estadounidense.

«La MS-13 ha fijado como un objetivo especial Washington y sus suburbios», alertó el máximo responsable de Justicia, quien indicó que en los próximos noventa días, cada subcomité deberá proveerle un informe con las mejores formas de combatir a estas organizaciones.

El anuncio de Sessions se enmarca en un contexto en el que Trump ha incidido desde su llegada a la Casa Blanca en la necesidad de atacar a estos grupos de origen sudamericano e incluso se ha servido de su presencia para vincular la inmigración con el crimen.
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La semana pasada, el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, pidió en Washington que EE.UU. apoye una solicitud para que la ONU declare a las maras «violadores de derechos humanos» y poder, así, combatirlas de forma más coordinada a nivel internacional.

Más noticias sobre inmigración

La llegada de 46 nuevos jueces a las cortes de inmigración de todo el país esta semana preocupa a abogados especializados en esta materia, que temen que los magistrados sean una mera correa de transmisión de la política de mano dura del fiscal general, Jeff Sessions.

«Hay mucha desconfianza porque no creemos que serán imparciales. Muchos de estos nuevos jueces fueron fiscales responsables de la deportación de decenas inmigrantes», considera Fernando Romo, abogado de inmigración y asesor de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL).

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El nombramiento de los 46 nuevos jueces de inmigración hace parte del plan que Sessions anunció a comienzos de 2017 para realizar una contratación simplificada de los magistrados, reduciendo en un 74 % el tiempo que se requería en este proceso.

Uno de los principales motivos de Sessions para nombrar a los nuevos jueces es reducir el retraso y acumulación de los 764.561 casos que están esperando resolución en las cortes, según datos recientes del centro independiente Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse, de Nueva York.
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A pesar de que Romo tiene casos que no se escucharán hasta 2022, la noticia de las nuevas designaciones no es muy halagüeña, indica.

Defensores de los inmigrantes como el abogado Alex Gálvez comparten este sentimiento.

«Ya no vamos a tener que defender a nuestros clientes solo contra el fiscal de la ‘migra’, sino contra el juez que estará en nuestra contra. Es un panorama muy complicado», insiste Gálvez.

Como ejemplo los abogados citaron el nombramiento de Janette L. Allen, quien ha trabajado en la Oficina de Litigios de Inmigración, o el de la jueza Hye Y. Chon, que inició labores esta semana y ocupó antes un cargo de asesora principal de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en Los Ángeles.
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«Me ha tocado presenciar audiencias donde el juez le ayuda al fiscal y lleva prácticamente el caso en contra de mi cliente», lamenta Gálvez.

Marni Guerrero, también asignada en Los Ángeles, es otra de las magistradas con vínculos muy cercanos a las autoridades de Inmigración, pues la nueva jueza pasó más de un año como consejera adjunta de ICE.

La misma situación se afronta en San Francisco, donde arribaron jueces como Shadee M. Star, que por los últimos ocho años ocupó un puesto similar al de Guerrero.