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Queda en suspenso ejecución de José Antonio Jiménez, programada para el 14 de agosto en Florida

La Corte Suprema de Florida dejó en suspenso “hasta nueva orden” la ejecución de José Antonio Jiménez, condenado a muerte por el asesinato de una mujer en 1992, que estaba prevista para el 14 de agosto, según documentos judiciales.

El abogado de Jiménez, Marty McClain, había solicitado un aplazamiento y el alto tribunal se lo concedió por unanimidad en un documento fechado el 10 de agosto en el que no se especifican las razones de esa decisión.

Sin embargo, el abogado de Jimenez indicó a la prensa que la Corte Suprema va a analizar ahora cuestiones relacionadas con el método de ejecución y otras sobre la forma en que se obtuvieron las pruebas incriminatorias contra Jiménez, quien fue condenado en firme en 1998.

La orden de ejecutar a Jiménez el 14 de agosto fue firmada por el gobernador de Florida, Rick Scott, el 18 de julio pasado.

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Jiménez, de 54 años, fue condenado a la pena máxima por el asesinato a puñaladas de Phyliss Minas, de 63, quien le descubrió cuando había entrado a robar en su casa de North Miami el 22 de octubre de 1992.

Jiménez, que estaba sometido a arresto domiciliario cuando sucedieron los hechos, fue relacionado con el crimen por las huellas dactilares halladas en casa de Minas, según información de la época.

Tiempo después, cuando ya estaba en prisión, fue condenado también por la muerte de Marie Debas, ocurrida en 1990 durante un robo en Miami Beach.

Su ejecución se fue atrasando por diversas razones, entre ellas un fallo de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. de 2016 en el que declaró “inconstitucional” la forma de decidir la pena de muerte en este estado y determinó que un juez necesita la recomendación unánime del jurado a la hora de imponer la pena capital a un reo.

Hasta ese fallo, en Florida, al igual que en Alabama y Delaware, no se requería un veredicto unánime del jurado para sentenciar a un reo a muerte.

A raíz de esa decisión y por posterior orden de la Corte Suprema de Florida, el gobernador Scott y el poder legislativo de Florida tuvieron que realizar cambios a la ley estatal.

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Unos 400 condenados a muerte quedaron en un limbo legal, hasta que la Corte Suprema de Florida determinó en diciembre de 2017 la revisión de unas 200 de esas sentencias.

La última ejecución en Florida fue el pasado febrero.

Según informaciones periodísticas, el reo Eric Branch presuntamente gritó “asesinos, asesinos” después de que se le administrara un anestésico, la primera sustancia de las tres de que se compone la inyección letal en Florida.

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