Revelan fecha para la primera audiencia pública en el juicio de Donald Trump

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  • Celebrarán su primera audiencia pública
  • Comité Judicial será el panel encargado de determinar si redacta cargos contra el presidente
  • Al parecer testificarán expertos legales

La investigación para un juicio político al presidente, Donald Trump, cambiará de escenario la próxima semana y se reveló que será el 4 de diciembre la primera audiencia pública del caso en el Comité Judicial de la Cámara Baja, a la que por primera vez están invitados los abogados del mandatario.

Después de casi dos meses de sesiones públicas y privadas en el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, el Comité Judicial reveló hoy que celebrará su primera audiencia pública sobre el caso el próximo miércoles 4 de diciembre, para el caso de Donald Trump.

Una vez que reciba el informe sobre las pruebas contra el caso de Donald Trump que está terminando el Comité de Inteligencia, el Judicial será el panel encargado de determinar si redacta cargos contra el presidente o artículos para un juicio político, y el proceso para hacerlo comenzará con la audiencia de la próxima semana.

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“Abordaremos el marco constitucional que puede servir de base a la Cámara Baja para analizar las pruebas del caso presentadas en la investigación” y si tiene sentido redactar cargos, dijo el presidente del Comité Judicial, el demócrata Jerrold Nadler, en una carta enviada  a Donald Trump.

Nadler no precisó quién testificará en la audiencia contra Donald Trump, pero fuentes demócratas afirmaron al diario The New York Times que serán expertos legales, que hablarán sobre los precedentes constitucionales y la historia del juicio político.

El congresista dio a la Casa Blanca de plazo hasta el próximo domingo para confirmar si enviará abogados a la audiencia contra Donald Trump para interrogar a los testigos.

Si el Comité Judicial redacta y aprueba cargos contra Donald Trump, daría paso a un voto en el pleno de la Cámara Baja, que decidiría si accede a iniciar un juicio político que se celebraría en el Senado, donde los republicanos tienen la mayoría y los demócratas tendrán difícil lograr el margen necesario para destituir al presidente.

La Casa Blanca ha impedido hasta ahora el testimonio de varios asesores de Donald Trump que son claves en el caso, y aunque un juez federal falló este lunes en contra de una de esas trabas impuestas por el presidente, el largo proceso de apelaciones hará improbable que esas figuras acaben compareciendo ante la Casa Blanca.

Donald Trump escribió hoy en Twitter que le “encantaría” que testificaran algunos de sus asesores, como el secretario de Estado Mike Pompeo o el jefe de gabinete Mick Mulvaney, pero que ha impedido que lo hagan para no marcar un precedente que pueda dañar a “futuros presidentes”.

La investigación se basa en las presiones de Trump para lograr que el Gobierno ucraniano indagara en si el ex vicepresidente y aspirante presidencial demócrata Joe Biden fue corrupto en su trato con Ucrania cuando estaba en el poder en 2016 y su hijo Hunter tenía lazos con la compañía de gas ucraniana Burisma.

Aunque Trump ha reconocido que presionó a Ucrania para que investigara a Biden, ha negado que ese fuera el motivo por el que retuvo la entrega de casi 400 millones de dólares en ayuda militar al país, o por el que dio largas a los intentos del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de reunirse con él en la Casa Blanca.

Por otro lado, se destapó que Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente, Donald Trump, defendió este año al empresario venezolano Alejandro Betancourt López y presionó al Departamento de Justicia para que no presentara cargos contra él por lavado de dinero y extorsión, en un aparente conflicto de interés.

El diario The Washington Post desveló hoy los lazos entre Giuliani, el arquitecto de las presiones a Ucrania que prometen derivar en un juicio político a Trump, y Betancourt, investigado por su presunta implicación en una trama de blanqueo de dinero desfalcado a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Los dos se reunieron en Madrid a comienzos del pasado agosto, cuando Giuliani se alojó en una lujosa residencia propiedad de Betancourt y hablaron sobre la investigación del Departamento de Justicia que amenazaba con afectarle, de acuerdo con el Post, que cita a varias fuentes familiarizadas con la situación.

Un mes después, Giuliani formó parte de un equipo de abogados de Betancourt que se reunieron con el jefe de la división criminal del Departamento de Justicia y argumentaron que su cliente no debería afrontar cargos criminales dentro de un caso federal sobre lavado de dinero iniciado el año pasado en Florida.

El abogado personal de Trump presionaba así al Gobierno encabezado por su principal cliente para que no procesara a otro de sus representados, Betancourt.

Giuliani ha seguido aceptando ofertas de trabajo de clientes en el extranjero desde que comenzó a representar a Trump, y niega que eso suponga un conflicto de interés porque, según argumenta, no cobra nada por su trabajo para el presidente Trump.

El caso relacionado con Betancourt apunta a que un grupo de empresarios venezolanos y funcionarios de PDVSA conspiraron para robar unos 1.200 millones de dólares de la petrolera estatal y blanquearlos mediante la compra de propiedades inmobiliarias en Miami y complejos esquemas de inversión.

Betancourt no ha sido identificado hasta ahora como acusado en el caso -que también afecta a los hijastros del presidente venezolano, Nicolás Maduro- pero fuentes cercanas a la investigación afirmaron este mes al diario The Miami Herald que él es el “Conspirador 2” que aparece en la acusación criminal.

Según ese documento, el empresario y su primo, Francisco Convit Guruceaga, recibieron 272,5 millones de dólares gracias a la trama, aunque Betancourt ha negado “haber cometido delito alguno” a través de su abogado, Jon Sale.

El empresario venezolano es el fundador de Derwick Associates, que se ha visto envuelta en acusaciones de pagar sobornos con el fin de firmar jugosos contratos para diferentes proyectos en Venezuela.

Sale, el abogado de Betancourt, es un viejo amigo de Giuliani y le representó brevemente en el caso de Ucrania, al informar al Congreso de que el letrado de Trump no cumpliría con sus citaciones judiciales, según el Post.

Durante su visita a Madrid para reunirse con Betancourt, Giuliani también se vio con Andréi Yermak, un asesor del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para seguir presionándole para que Kiev investigara al ex vicepresidente estadounidense Joe Biden.

En la residencia de Betancourt en Madrid se alojaron también dos socios de Giuliani, Lev Parnas e Igor Fruman, que ahora afrontan cargos de violación de leyes de campaña, según el Post, que ve cada vez más indicios de que la Justicia estadounidense está investigando también al abogado de Trump.

Con información de EFE

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