Corte federal dice que es ilegal excluir a indocumentados del censo
- Corte federal dice que es ilegal excluir a indocumentados del censo
- «La política que el Memorando Presidencial intenta promulgar ya ha sido rechazada por la Constitución»
- La orden prohíbe entregar a la Casa Blanca cualquier información para excluir indocumentados
Corte federal dice que es ilegal excluir a
indocumentados del censo. Un tribunal federal en California bloqueó este jueves el intento del Gobierno del presidente Donald Trump de excluir a los indocumentados del Censo 2020.
Lo anterior supone la segunda derrota judicial para la Administración, que propone un cambio sin precedentes con repercusiones millonarias para los estados donde viven estos inmigrantes.
Un panel de tres jueces del Tribunal de Distrito de EE. UU. en el Distrito Norte de California en San Francisco dictaminó que el memorando ejecutivo emitido en julio pasado por la Casa Blanca, que ordenaba no incluir en el conteo a los inmigrantes indocumentados, es “inconstitucional y viola las leyes que rigen el censo”.
«La política que el Memorando Presidencial intenta promulgar ya ha sido rechazada por la Constitución, los estatutos aplicables y 230 años de historia», escribió el panel en una decisión de 90 páginas.
El fallo en California se une a la decisión tomada el pasado diez de septiembre por un panel del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
En su dictamen, el tribunal neoyorquino apuntaba a que la orden de Trump viola las «responsabilidades constitucionales» del órgano ejecutivo estadounidense.
Además de «contar el número completo de personas en cada estado y repartir los miembros de la Casa de Representantes entre los estados de acuerdo con las cifras respectivas», según reportó la agencia de noticias Efe.
La orden de este jueves prohíbe al Departamento de Comercio, dirigido por el secretario de Comercio, Wilbur Ross, entregar a la Casa Blanca cualquier información que ayude a llevar a cabo la orden.
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El censo se realiza en Estados Unidos cada diez años por mandato constitucional, y el propósito de contar a todas las personas presentes en el país es la asignación de representación de los estados en el Congreso y el Colegio Electoral, y de miles de millones de dólares para programas de infraestructura, hospitales, escuelas y asistencia social.
La decisión de este jueves supone una victoria para el estado California, que junto a las ciudades de Long Beach, Los Ángeles y Oakland, así como el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y el condado de Los Ángeles, había demandado al Gobierno Trump por la iniciativa, que de aplicarse representaría una pérdida de peso en el Congreso federal y millones en fondos públicos.
“La decisión de hoy es una victoria fundamental para todos nosotros. Ya es hora de que el presidente reconozca que no se puede eludir la Constitución. Ya sea en las urnas o mediante el censo, todos tenemos que hacer nuestra parte para que se escuche nuestra voz”, dijo en un comunicado el fiscal general de California Xavier Becerra.
California tiene el mayor número de indocumentados en el país, con cerca de 2,2 millones de extranjeros sin estatus legal, según el Centro de Pew.
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Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois completan la lista de estados con más indocumentados en el país.
Becerra subrayó que “un censo completo y preciso es fundamental para garantizar que los californianos sean escuchados en el Congreso y que obtengamos los recursos que necesitamos para proteger la salud y el bienestar de nuestras comunidades”.
No obstante, la decisión del tribunal de California de este jueves no es una victoria total para los demandantes. Tras la presión del Gobierno Trump, la Corte Suprema decidió acelerar su revisión sobre el fallo de Nueva York.
El Máximo Tribunal escuchará los argumentos el próximo 30 de noviembre.
Es muy probable que el Supremo cuente para esa fecha con la asistencia de la jueza conservadora Amy Coney Barrett, que avanzó este jueves para su confirmación en el Senado en pleno, a pesar de un boicot realizado por los demócratas del Comité Judicial de la Cámara Alta.
Aunque, en 2019, Trump ya había perdido una batalla legal sobre este tema cuando intentó que el cuestionario del censo incluyera una pregunta acerca de la ciudadanía de los residentes en el país. La pelea concluyó con una decisión del Supremo desfavorable para el presidente.
Las operaciones de campo del Censo 2020 culminaron el 15 de octubre, tras una orden del Alto Tribunal en respuesta a una apelación de la Casa Blanca para poner fin al conteo, que debería culminar el 31 de octubre.
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La Corte Suprema de Justicia no publicó los motivos de su decisión, pero la magistrada progresista Sonia Sotomayor sí hizo pública su opinión disconforme.
«Los daños causados por apresurar el conteo del censo de este año son irreparables», dijo la magistrada, quien advirtió además de que tendrán un «impacto duradero durante al menos los próximos diez años».
Quienes se oponían a la finalización del censo argumentaron que hacerlo resultará en un menor registro de las comunidades migrantes, minorías o pobres, excluyéndolos así de futura financiación y representación en el Congreso.
La Oficina del Censo anunció el 13 de octubre que ya había contado a los residentes en el 99,9 % de las viviendas en Estados Unidos, por lo que el trabajo estaba prácticamente completo.
Las cifras del censo utilizadas han incluido tanto a ciudadanos como a no ciudadanos, independientemente de su estatus migratorio, desde el primer recuento nacional en 1790.
Con Información: Agencia Efe
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