Juez en EE.UU. ordena retrasar las ejecuciones federales

• Una juez ordenó el lunes un nuevo retraso en las ejecuciones federales
• La ejecución de Daniel Lewis Lee estaba programada para esta tarde en una prisión federal de Indiana.
• La administración del presidente Donald Trump apeló de inmediato ante un tribunal superior, pidiendo que las ejecuciones sigan adelante

Una juez ordenó el lunes un nuevo retraso en las ejecuciones federales,

a unas horas de que estuviera programada la primera inyección letal en una prisión federal en Indiana, de acuerdo con The Associated Press.

La administración del presidente Donald Trump apeló de inmediato ante un tribunal superior, pidiendo que las ejecuciones sigan adelante.

La juez de distrito Tanya Chutkan dijo que todavía hay problemas legales que resolver. Las ejecuciones serían las primeras llevadas a cabo a nivel federal desde 2003.

Chutkan dijo que los reclusos han presentado pruebas que demuestran que el plan del gobierno de usar solo pentobarbital para llevar a cabo las ejecuciones «plantea un riesgo inconstitucionalmente significativo de dolor grave».

Chutkan dijo que los reclusos produjeron evidencia de que, en otras ejecuciones, los prisioneros que recibieron pentobarbital sufrieron «edema pulmonar repentino», lo que, según ella, interfiere con la respiración y produce sensaciones de ahogamiento y estrangulamiento.

Los internos han identificado alternativas, incluido el uso de un opioide o un medicamento contra la ansiedad al comienzo del procedimiento o un método completamente diferente, un pelotón de fusilamiento, dijo Chutkan.

El Departamento de Justicia apeló de inmediato al Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia.

La nueva suspensión se conoce un día después de que un tribunal federal de apelaciones suspendió la ejecución de Daniel Lewis Lee, que estaba programada para esta tarde en la prisión federal de Terre Haute, Indiana.

Lewis Lee fue declarado culpable en Arkansas de los asesinatos en 1996 del traficante de armas William Mueller, su esposa, Nancy, y su hija de 8 años, Sarah Powell.

La ejecución sería la primera desde 2003 de un preso federal condenado a muerte.

«El gobierno ha estado tratando de avanzar con estas ejecuciones a pesar de muchas preguntas sin respuesta sobre la legalidad de su nuevo protocolo de ejecución», dijo Shawn Nolan, uno de los abogados de los hombres que enfrentan la ejecución federal.

La ejecución de Lee se llevaría a cabo después de que un tribunal federal de apelaciones levantó una orden judicial el domingo que se había puesto en práctica la semana pasada después de que algunos miembros de la familia de las víctimas argumentaron que correrían un alto riesgo de contraer el coronavirus si tuvieran que viajar para asistir. La familia apeló el lunes ante la Corte Suprema.

La decisión del gobierno de seguir adelante con la ejecución, y otras dos programadas más adelante en la semana, mientras el país lidia con una terrible pandemia atrajo el escrutinio de grupos de derechos civiles, quienes argumentan que el gobierno está creando una urgencia innecesaria en torno a un tema que no es prioridad en este momento.

Los críticos argumentan que el gobierno intenta obtener ganancias políticas. También es probable que esto agregue un nuevo frente a la conversación nacional sobre la reforma de la justicia penal en el período previo a las elecciones de este año.

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Los manifestantes contra la pena de muerte comenzaron a reunirse en Terre Haute el lunes. El organizador Abraham Bonowitz condujo una camioneta por la ciudad con un letrero estampado en el costado de un remolque que decía: «¡Alto a las ejecuciones ahora!» Algunos que lo vieron le dieron el visto bueno, mientras que otros le dieron el dedo medio, dijo Bonowitz en una entrevista telefónica.

Debido a las preocupaciones por el coronavirus, Bonowitz dijo que su grupo, Death Penalty Action, no estaba alentando a otros a presentarse.

Se esperaba que no más de una docena de manifestantes se unieran a él, y se les dijo a todos que usaran máscaras, dijo.

«Es simbólico», dijo Bonowitz sobre las protestas. «Estamos aquí para decir que esto está mal».

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En una entrevista con The Associated Press la semana pasada, el Procurador General William Barr dijo que el Departamento de Justicia tiene el deber de cumplir las condenas impuestas por los tribunales, incluida la pena de muerte, y dar una sensación de cierre a las víctimas y a los que están en el comunidades donde ocurrieron los asesinatos.

Pero los familiares de los asesinados por Lee se oponen firmemente a esa idea. Querían estar presentes para contrarrestar cualquier afirmación de que se estaba haciendo en su nombre.

“Para nosotros es una cuestión de estar allí y decir: ‘Esto no se hace en nuestro nombre; no queremos esto», dijo la pariente de las víctimas Monica Veillette.

Los familiares viajarían miles de kilómetros y presenciarían la ejecución en una pequeña habitación donde el distanciamiento social recomendado para prevenir la propagación del virus es prácticamente imposible.

Un abogado de los familiares que se opusieron a la ejecución dijo que no habían viajado a Indiana hasta el lunes por la mañana.

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