EE.UU. niega demanda por muerte de mexicano a manos de agente fronterizo

  • El Tribunal Supremo de EE. UU. cerró la demanda de familia de joven mexicano asesinado por un agente fronterizo.
  • Esto podría sentar un precedente sobre las futuras decisiones en casos de tiroteos ocurridos en las fronteras.
  • México lamentó la decisión del Supremo respecto a la muerte del menor.

El Tribunal Supremo de EE. UU. decidió este martes, alegando razones de política exterior y seguridad nacional, que la familia de un mexicano de 15 años que murió en 2010 en la frontera entre ambos países no podrá demandar ante la justicia estadounidense al agente fronterizo que le disparó, reseñó la agencia Efe.

El fallo, que se alcanzó con cinco votos a favor y cuatro en contra, puede sentar un precedente sobre las futuras decisiones en casos de tiroteos ocurridos en las fronteras.

Los magistrados se pronunciaron sobre el caso de Sergio Adrián Hernández Güereca contra el agente de la Patrulla Fronteriza Jesús Mesa, conocido como “Hernández vs. Mesa”.

La familia argumenta que el joven -conocido como “Keko” y quien falleció en junio de 2010- no suponía ninguna amenaza para los agentes estadounidenses, iba desarmado y estaba jugando con unos amigos en el lecho seco del Río Bravo, que separa a El Paso (Texas) y Ciudad Juárez (México) y sobre el que se alza el llamado “Puente Negro”.

El juego de los chicos, de acuerdo con la familia, consistía en correr hasta la valla metálica de Estados Unidos, tocarla y volver a toda velocidad hasta la parte mexicana.

Cuando Hernández volvía a México, el agente Mesa “sacó su arma, apuntó y le disparó en la cabeza, justo al lado del ojo”, según narra la defensa en documentos entregados al Supremo.

Pero el Gobierno de EE.UU. alegó que el chico era parte de un grupo de traficantes de personas que trataba de cruzar de manera ilegal la frontera y que rodeó y atacó con piedras a Mesa, quien se defendió con su arma.

Un vídeo difundido poco después del suceso desmintió esa versión: mostró que Mesa no estaba rodeado y disparó contra Hernández varias veces.

Al explicar el fallo, el magistrado del Supremo Samuel Alito advirtió que en este tipo de casos puede haber un riesgo “significativo” de “intrusión disruptiva por parte del Poder Judicial en el funcionamiento de otras ramas”.

Pero además argumentó que “el riesgo de socavar la seguridad fronteriza proporciona razones para dudar” de la decisión de dar luz verde al reclamo de los demandantes y recordó que “la regulación de la conducta de los agentes en la frontera incuestionablemente tiene implicaciones de seguridad nacional”.

De igual forma, alegó que “las ramas políticas, no el Poder Judicial, tienen la responsabilidad y la capacidad institucional de sopesar las preocupaciones de política exterior”.

Al expresar su disenso, la magistrada Ruth Bader Ginsburg puntualizó que “la ubicación de Hernández en el momento preciso en que cayó la bala no debería importar lo más mínimo”.

“Todavía no hay una buena razón por la cual los padres de Hernández deben encontrarse con la puerta de una corte cerrada”, opinó Ginsburg, para quien no se están cuestionando “políticas o políticos” sino las “acciones deshonestas de un agente de la ley”.

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