Un juez nombrado por Trump asesta la primera derrota migratoria de Biden
- Drew Tipton, designado por el expresidente Donald Trump, ha sido el primer juez en asestar primera derrota a Biden en inmigración
- El juez asentado en Corpus Christi, Texas, ordenó bloquear por tiempo idefinido y a nivel nacional la suspensión por 100 días de las deportaciones
- La orden del juez Drew Tipton, en Corpus Christi, puede ser cuestionada ante el Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Distrito
Drew Tipton. La política migratoria «justa y humanitaria»
del presidente, Joe Biden, sufrió su primer revés judicial en Texas, donde un juez federal nombrado por el expresidente Donald Trump bloqueó, por tiempo indefinido y a nivel nacional, la suspensión por 100 días de las deportaciones decretada por el mandatario demócrata.
La orden del juez Drew Tipton, en Corpus Christi, puede ser cuestionada ante el Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Distrito, de tendencia conservadora, especialmente con la llegada de nuevos magistrados nombrados por Trump, aunque el grupo de defensa los derechos civiles Unión de Libertades Civiles (ACLU) indicó que estudia sus opciones.
El dictamen de Tipton se aplica a todo el país y permanecerá en vigencia mientras el caso va a juicio o hasta que haya una nueva decisión en un tribunal de más alta instancia.
La pausa en las deportaciones se contó entre los decretos firmados por Biden cuando asumió la presidencia el 20 de enero, y de inmediato se topó con una demanda del fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton.
El 26 de enero Tipton emitió una orden temporaria que bloqueó la suspensión de deportaciones, haciendo referencia a un acuerdo de última hora firmado por el gobierno de Trump y varios estados y que requería un avisó con 180 días de antelación en cualquier modificación de las prácticas migratorias.
Los abogados del gobierno de Biden han alegado que ese pacto fue ilegal y no es obligatorio porque ningún estado tiene poder de veto sobre la autoridad de Washington en materia de migración, de competencia exclusiva del Gobierno federal.
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De todos modos, esta decisión de Tipton incluye un aspecto positivo para el gobierno de Biden ya que «no prohíbe que el gobierno lleve a cabo o adhiera a otras áreas del decreto del 20 de enero».
Esto incluye la revisión total de las políticas y prácticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en lo que concierne a la inmigración.
Grupos que abogan por los migrantes han señalado, asimismo, que el Gobierno de Biden, que ha continuado las expulsiones, tiene atribuciones para no ejecutar las deportaciones ya ordenadas, con decisiones caso por caso.
La primera orden de Tipton se extendía por 14 días, luego el juez la amplió hasta este martes y, a pocas horas de vencer este plazo, el magistrado anunció una extensión por tiempo indeterminado.
Pero en esta oportunidad Tipton no consideró la legalidad del acuerdo de la era de Trump, sino que afirmó que el decreto de Biden excedió las atribuciones presidenciales al suspender o alterar una ley federal que requiere la deportación dentro de los 90 días desde que la orden de expulsión se haya firmado.
Asimismo Tipton calificó el decreto de Biden como arbitrario y caprichoso y carente del análisis necesario de las razones para la pausa en las deportaciones y su impacto.
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El hecho mismo de que la pausa en las deportaciones se decretó a pocas horas de la investidura de Biden, añadió el juez en su dictamen de 105 páginas, muestra que «eso no dejó mucho tiempo para la reflexión y el análisis».
El Gobierno federal «no cita, ni el Tribunal encuentra, otras instancias en las cuales cualquier agencia del gobierno hizo una pausa en sus deberes y tareas esenciales por 100 días para reevaluar sus prioridades».
La semana pasada el Departamento de Seguridad Nacional divulgó las nuevas prioridades temporarias para deportaciones mientras el gobierno de Biden reevalúa toda la política migratoria de su predecesor.
En estas prioridades figura la deportación de individuos que representen un peligro para la seguridad nacional, que hayan cometido crímenes y sean una amenaza para la seguridad pública, o que estén asociados con pandillas criminales, así como aquellos inmigrantes que acaben de cruzar ilegalmente la frontera.
La Unión de Libertades Civiles (ACLU) denunció la decisión del juez Tipton, y Kate Huddleston, abogada de esta organización en Texas, dijo que Paxton busca que el gobierno de Biden «continúe las políticas xenófobas del ex presidente Trump».
«El permitir que continúen estas deportaciones significa que habrá familias separadas y que la gente que tiene una oportunidad de buscar alivio en Estados Unidos sea devuelta al peligro», añadió.
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