Afirman que Donald Trump quiere comenzar en enero a deportar a Honduras a solicitantes de asilo

  • El acuerdo estaría enfrentando una serie de problemas para la fecha límite
  • Se obligaría a los que huyen de su país a regresar a su tierra
  • Esta acción ha causado controversia en EE.UU.

La Casa Blanca, liderada por Donald Trump, supuestamente ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que se active un acuerdo para mandar a Honduras a los ciudadanos que piden asilo en enero, éste se convierte en el segundo dentro de un conjunto de convenios que han causado polémica con países de América Central para regresar a los inmigrantes que buscan refugio en la frontera sur, de acuerdo a un documento del Gobierno que está en poder de BuzzFeed News.

La activación del acuerdo se ha topado con un conjunto de conflictos que parecen obstaculizar la fecha límite de enero. El acuerdo con Honduras se signó desde el mes de septiembre, en ese entonces, los oficiales de la agencia no dieron información específica sobre su esta activación, y forma parte del plan de la gestión de Donald Trump para disipar a los indocumentados que piden refugio de llegar a la frontera con Estados Unidos.

Los detractores dicen que la gestión de Donald Trump prácticamente obliga a las personas que huyen de la violencia y la pobreza a regresar a países que tienen sistemas de asilo débiles y no pueden proteger a su propia gente, y mucho menos a los inmigrantes.

La semana pasada, los funcionarios del DHS pusieron en marcha un convenio parecido para mandar a Guatemala a los que piden refugio, adultos recogidos en el área de El Paso que son de Honduras y El Salvador, según la página de BuzzFeed News.

El mes pasado, los oficiales del DHS viajaron a Honduras para platicar los datos sobre la activación del plan, llamado el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), según información hecha para el secretario interino del DHS, Chad Wolf y obtenidos por BuzzFeed News.

Pero las cosas no pintan tan bien. Se ha dicho que las discusiones en Honduras enfrentan complicaciones. Se dice que los funcionarios hondureños han pedido que nadie condenado o acusado de un delito grave sea regresado a su territorio, una petición que fue catalogada por los funcionarios del DHS como “inviable dada la naturaleza acelerada de los retiros”.

También querían que los que piden refugio “manifestaran su conformidad” o expresaran su acuerdo de ser enviados, situación que los funcionarios del DHS aconsejaron negar o aclarar porque “no era legal ni operacionalmente factible”.

Los funcionarios hondureños buscaban la forma que las transferencias iniciaran cuando ambos países “notificaron que habían cumplido con las condiciones legales e institucionales necesarias para la implementación adecuada de este acuerdo”. Pero en en secreto, los funcionarios del DHS vieron esa solicitud como un intento de salir del país.

“Esto se lee como la escotilla de escape del gobierno de Honduras] para no implementar el ACA dada su falta de condiciones institucionales o como el gancho para exigir más ayuda de los Estados Unidos o de organizaciones no gubernamentales”, escribieron los funcionarios.

Los funcionarios del país centroamericano buscaban definición de lo que sería una exención de “interés público” para deportar a alguien a Honduras. La exención se utiliza en el plan para deportar a solicitantes de asilo de El Salvador y Honduras a Guatemala.

Pero en su recomendación a Wolf, los funcionarios del DHS dijeron que la solicitud debería rechazarse ya que “le da al gobierno de Estados Unidos más flexibilidad operativa para no definir lo que consideramos la ‘exención de interés público’ para cuando elegimos no eliminar a un extranjero de conformidad con la ACA”.

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