Deportaciones aceleradas autorizan a Donald Trump DHS ICE

Corte autoriza ampliar la medida de deportaciones aceleradas en Estados Unidos
Se da luz verde para que el gobierno de Donald Trump continúe con las acciones
El procedimiento se lleva a cabo por el DHS y el ICE en todo el territorio nacional

Corte autoriza al Gobierno de Donald Trump a que el Servicio

de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pueda ampliar el procedimiento de deportaciones aceleradas, de acuerdo al Dallas News.

Sin embargo, por mucho tiempo los defensores de los derechos humanos de los inmigrantes, han solicitado que se detenga esta medida que consideran innecesaria.

La orden del tribunal federal de apelaciones de Washington se extiende a todo el territorio de Estados Unidos y cancela una orden previa que salió a favor de los grupos defensores de los inmigrantes.

Deportaciones aceleradas — Imagen tomada de Twitter

Una corte federal de apelaciones dictaminó este martes que el Gobierno puede acelerar la deportación de indocumentados, un fallo que ha llevado a los demandantes a prometer que proseguirán la vía judicial para anular ese programa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Un panel de tres jueces de la corte de apelaciones del Distrito de Columbia anuló el fallo de un tribunal de primera instancia, que había bloqueado el programa en septiembre pasado.

En ese momento, el DHS intentó cambiar la «remoción expeditiva» que se aplicaba a los indocumentados que eran detenidos dentro de las 100 millas en la frontera sur y en las dos semanas precedentes.

Una demanda encabezada por la Unión de Libertades Civiles (ACLU) consiguió un amparo que evitó la ampliación del programa a «todos los individuos sin documentos que hayan residido en Estados Unidos durante menos de dos años».

El fallo de la corte federal sostenía que la expansión era «arbitraria y caprichosa» y violaba la Ley de Procedimientos Administrativos (APA).

El Gobierno apeló y en su fallo de hoy la corte argumentó que cuando el Congreso aprobó el programa de deportación expeditiva en 1996, como parte de la Ley de Reforma sobre la Inmigración Ilegal, la secretaría de Seguridad Nacional fue autorizada a expandirlo sin atenerse a las disposiciones de la APA.

«La decisión es del secretario, y él tiene todo el poder para expandir o contraer» el programa, dictaminaron los jueces al levantar el fallo de primera instancia.

ACLU y los demás patrocinadores de la demanda declararon hoy que la decisión de la corte de apelaciones es «la primera ronda de nuestra lucha» contra la decisión de la Administración Trump.

Se ha detallado que solamente las personas que lleguen de otros países para solicitar asilo o comprueben peligro en sus países de origen, podrían lograr que se detuviera una orden por deportaciones aceleradas.

Ante ello, la juez Patricia Millet explicó la situación: «Difícilmente podría haber una expresión más definitiva de la intención del Congreso de dejar la decisión sobre el alcance de la remoción acelerada, dentro de los límites legales, al juicio independiente del Secretario (de Seguridad Nacional)».

Sin embargo, la corte no emitió opinión alguna sobre las demandas de los grupos de derechos humanos y el caso se turna ya a otra instancia federal.

El argumento de los activistas sobre la ampliación de los procesos acelerados es que dejarían a los inmigrantes sin oportunidad en una audiencia para su defensa legal.

Los grupos de defensa han advertido que las deportaciones masivas del DHS podrían ocurrir en cuestión de días, e incluso de horas.

Ante esto, la corte otorga al secretario del DHS la «discreción única e irreprochable», sobre la decisión a tomar en cada caso dependiendo del contexto de la situación.

Esta medida significa que el DHS se podrán incluir en las expulsiones a más inmigrantes no solo de la franja de Estados Unidos sino de todo el territorio americano.

Las deportaciones aceleradas se implementaron en 2019, pero desde 2004 solo se aplicaba a los inmigrantes que fueran hallados en una extensión 100 millas de la frontera o a menos de 14 días de que ingresaran al país.

Con esta noticia, el panorama para las personas que ingresan de otros países no es muy alentador y menos porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva que prohíbe la concesión de visados para ciertas categorías de trabajadores extranjeros hasta 2021 para potenciar el empleo entre los estadounidenses, amparándose en la idea de «EE.UU. primero».

«Como parte de nuestros esfuerzos por la recuperación de ‘Estados Unidos primero’, el presidente ha decidido suspender ciertos tipos de visados hasta final de este año», dijo un alto funcionario de la Administración estadounidense en una llamada con periodistas organizada por la Casa Blanca.

Esta decisión pretende proteger a los trabajadores estadounidenses después de la pérdida de empleos en medio de la pandemia del coronavirus y, según el Gobierno, evitará que empleados foráneos «ocupen» unos 525,000 puestos de trabajo.

La congelación se aplicará a visados que utilizan empresas para captar talento en el extranjero, especialmente en el sector tecnológico, pero también en otros como el hotelero.

En concreto, puso freno a la emisión de nuevos visados de los tipos H-1B, H-2B, H-4, L-1 y J-1 y tarjetas de residencia («green cards») hasta al menos el próximo 31 de diciembre.

Entre los visados afectados se encuentran el H-1B, que está diseñada para ciertos trabajadores cualificados, como los empleados en la industria tecnológica; el H-4, que son para las parejas de estos empleados; así como visados L-1, que están destinados a directivos que trabajan para grandes corporaciones.

Los permisos de empleo H-2B, para trabajadores de los sectores hoteleros y de construcción, y los J-1, que son para investigadores y profesores de investigación y otros programas de intercambio de trabajo, como las becas de empleo, también se verán paralizados hasta enero.

La orden excluye a trabajadores agrícolas y algunos empleados de atención médica e incluye una exención especial para los aproximadamente 20,000 proveedores de cuidado infantil que vienen a Estados Unidos como «au pairs» o niñeras.

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El Gobierno justificó que esta decisión tiene como objetivo «maximizar las oportunidades para los trabajadores estadounidenses de encontrar empleo», en unos momentos en los que el índice de desempleo en el país se encuentra en el 13,3 %.

En este sentido, argumentó que existen compañías en Estados Unidos, como el gigante de entretenimiento Disneyland o la telefónica AT&T, entre otras, que utilizan un mecanismo de subcontrataciones de empleados extranjeros que limitan las posibilidades de trabajo para los nacidos en el país.

En principio, esta normativa no afectará a los trabajadores extranjeros que se encuentran ya en Estados Unidos.

Sin embargo, sí impactará a cientos de empresas y miles de personas, ya que en el año fiscal 2019, EE.UU. otorgó el visado H-1B a unos 130,000 trabajadores; el L-1a 12.000; y el H-2B a más de 98.000 empleados.

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Los críticos a este tipo de restricciones han argumentado que Donald Trump está utilizando el contexto de la pandemia para llevar a cabo ciertas políticas de reforma migratoria que ha tenido en mente desde su llegada a la Casa Blanca.

De hecho, la medida anunciada hoy por la Administración es en parte una extensión de la decisión que tomó Trump en abril de suspender la emisión de permisos de residencia permanente para inmigrantes, conocidos como «green card», como consecuencia de la destrucción de empleo sin precedentes provocada por la pandemia de Covid-19.

Además, es también la culminación de una maniobra ejecutiva de Trump en 2018, cuando endureció las reglas para que las compañías contratasen trabajadores altamente cualificados que se encontraban en el país con visados H-1B.