Demandan a gobierno de Trump por pedir seguro médico a migrantes

• Ordenar que migrantes paguen un seguro médico antes de llegar a Estados Unidos podría salirle caro a Trump.
• Varias personas se unieron para demandar al gobierno de Trump por exigir seguro médico a migrantes que vienen al país.
• La orden de cobrar seguro médico a migrantes entraría en vigor este domingo.

La medida de exigir seguro médico a migrantes podría salirle cara al presidente Donald Trump si la justicia emite un fallo a favor de quienes ahora demandan al gobierno.

Una demanda entablada el miércoles acusa al gobierno del presidente Donald Trump de impedir que estadounidenses traigan al país a cónyuges o padres extranjeros para que vivan con ellos en Estados Unidos al requerir que estos inmigrantes demuestren que pueden pagar su seguro médico antes de que se les otorgue una visa, reportó la agencia de noticias AP.

Siete ciudadanos estadounidenses y una ONG interpusieron la demanda federal en Portland, Oregon, en torno al requerimiento que está programado a entrar en vigor el domingo.

La medida aplica a personas que solicitan una visa de migrante desde el extranjero, y no a quienes ya están dentro del país, y no afecta a solicitantes de asilo, refugiados ni menores de edad, axplicó AP.

“El Congreso hace las leyes, el presidente las ejecuta. Este es un intento atroz de sobreseer y revocar la voluntad del Congreso, no sólo en el ámbito migratorio, sino en el sector salud”, dijo Jesse Bless, director de litigio federal en la Asociación Estadounidense de Abogados Migratorios (American Immigration Lawyers Association), que ayudó a interponer la querella.

El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.

La regla es el intento más reciente por parte del gobierno federal para limitar el acceso de migrantes a programas públicos mientras intenta distanciar al país de un sistema migratorio basado en la familia para convertirlo en uno con base en méritos.

Hace unos meses, el gobierno estableció cambios radicales en las regulaciones que negarían “green cards” a los inmigrantes que utilizaran algunos tipos de asistencia pública, sin embargo, dicha medida fue bloqueada por los tribunales.

Según la regla de visado del gobierno, se puede adquirir un seguro médico requerido de forma individual u obtenerlo de un empleador, y puede ser una cobertura a corto plazo o de cobertura “catastrófica”.

El plan Medicaid no cuenta, y un inmigrante no puede obtener una visa si utiliza los subsidios de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible para adquirir un seguro. El gobierno federal paga esos subsidios.

La demanda busca obtener estatus de colectividad e impedir que la norma entre en vigor.

La regla es un problema para Iris Angelina Castro, ciudadana estadounidense residente de Springfield, Illinois. La exmaestra ha presentado una solicitud para que su esposo, ciudadano dominicano, obtenga una visa de migrante y pueda unírsele en Estados Unidos.

Él ha estado preparando sus documentos para una entrevista consular, pero ahora dudan que sea elegible porque ella renunció a su trabajo debido a que su hijo enfermó y actualmente depende del seguro médico estatal, según la denuncia.

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Castro está embarazada del segundo hijo de la pareja y quiere que su esposo esté con ella para el nacimiento de su hija.

Otros denunciantes en la demanda intentan traer a Estados Unidos a cónyuges que viven en México y Alemania. Una mujer intenta traer a sus padres de Nicaragua y no ha podido encontrarles un seguro médico a precio razonable.

“Es una imposibilidad”, dijo Bless. “No se han proporcionado estándares: ‘¿cuánto dinero necesito tener para demostrar que puedo pagar por mi salud?’”.

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Proponen ley que permitiría que los “soñadores” obtengan seguro médico

Por otra parte, hace dos semanas dos legisladoras demócratas presentaron en el Congreso un proyecto de ley que permitiría a los “soñadores”, los beneficiarios del amparo migratorio de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), y a otros inmigrantes indocumentados obtener un seguro médico, reseñó Efe.

Las legisladoras Pramila Jayapal y Debra Haaland propusieron la iniciativa para la Equidad Sanitaria y Acceso bajo la Ley para Mujeres Inmigrantes y Familias para permitir que esos inmigrantes puedan inscribirse en la Ley del Cuidado de Salud Asequible (ACA, en inglés), conocida popularmente como Obamacare.

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El Instituto Nacional de Latinas para la Salud Reproductiva (NLIRH) dio en ese momento en un comunicado la bienvenida a la introducción de proyecto de ley y subrayó que también garantizará que todo inmigrante con autorización federal pueda acogerse a Medicaid, diseñado para personas de bajos ingresos y discapacitados.

La directora principal de Relaciones Gubernamentales de NLIRH, Ann Marie Benitez, destacó en la nota que “mientras la Administración de (Donald) Trump busca maneras de sembrar miedo en las comunidades inmigrantes, hay líderes dispuestos a decir: ya basta”.

“Primero, vimos a los tribunales aplazar la expansión de Trump de la carga pública. Hoy (martes), aplaudimos a las Representantes Jayapal y Haaland, y a todos los que apoyan este proyecto de ley, por avanzar esta legislación audaz para lograr ampliar la cobertura de seguro médico a toda persona, sin importar su estatus migratorio”, expresó la directora principal de Relaciones Gubernamentales de NLIRH.

El DACA, creado por el expresidente Barack Obama (2009-2017), es un programa migratorio que ofrece amparo a miles de jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños.

Para acceder a él, los jóvenes tuvieron que demostrar que habían llegado antes de los 16 años, que no tenían antecedentes penales y que cursaban estudios de educación secundaria o estaban en la universidad.

Los inscritos en DACA pudieron frenar su deportación, obtener permiso de trabajo y en muchos estados una licencia de conducir, unos beneficios que debían de ser renovados cada dos años.

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En 2014, Obama trató de ampliar su alcance para beneficiar a más “soñadores”, pero un grupo de estados republicanos lo demandó y la justicia anuló la expansión del programa, así como otro plan llamado DAPA que buscaba frenar la deportación de los padres de los jóvenes indocumentados.

Con Trump en el poder, el DACA ha sufrido varios reveses y ha visto disminuir su número de beneficiarios, que llegó a superar en el pasado los 800,000.

En septiembre de 2017, Trump anunció que DACA debía expirar el 5 de marzo siguiente si el Congreso no llegaba a un acuerdo sobre inmigración; iniciativa que acabó en las cortes.

El caso ha llegado al Tribunal Supremo, que se espera que escuche los argumentos del gobierno y de los defensores de este programa el próximo 12 de noviembre, aunque no se espera que emita su fallo hasta el próximo año.

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