Fiscales de 24 estados amenazan con demanda a Biden por medidas anticovid

• Fiscales de 24 estados anunciaron que presentarán una demanda contra el presidente Joe Biden si insiste en obligar a las empresas a la vacunación de sus empleados
• “Esta toma de poder opresiva no tiene precedentes y es ilegal», indicaron los fiscales en una carta
• Entre los 24 estados, en su mayoría con gobiernos republicanos, se encuentran Florida y Texas

Fiscales generales de 24 estados, entre ellos Florida y Texas, que presentan gran incidencia de la covid-19 en las últimas semanas, anunciaron este jueves que presentarán una demanda contra el presidente de EE.UU., Joe Biden, si insiste en obligar a las empresas privadas a la vacunación de sus empleados.

«El Gobierno federal no puede imponer mandatos radicales de vacunas, y esta toma de poder opresiva no tiene precedentes y es ilegal», manifestó en un comunicado la fiscal general de Florida, Ashley Moody, al anunciar la iniciativa legal.

Amenazan con demanda a Biden por medidas anticovid

Señaló que los 24 fiscales, en su mayoría con Gobiernos republicanos, instaron en una carta enviada este jueves al presidente Biden a eliminar la orden de vacunas si no quiere arriesgarse a «una acción legal», informó la agencia Efe.

Los fiscales recuerdan en la misiva que el pasado 9 de septiembre el presidente demócrata anunció una nueva norma de emergencia que afectará a todas las compañías que tengan 100 empleados o más, en las que trabajan al menos 80 millones de personas.

Fiscales aseguran que Biden se está extralimitando de sus funciones

Esas empresas deberán garantizar que sus trabajadores están completamente vacunados o, de lo contrario, deberán mostrar un resultado de test negativo al menos una vez a la semana. Según los fiscales el presidente se está extralimitando en sus funciones, al señalar que son los estados los que por ley deben velar y proteger la seguridad y salud de sus ciudadanos.

Subrayaron que «los estados están preparados para presentar una demanda después de la implementación del mandato planificado sobre los empleados del sector privado para recibir una inyección de la covid-19, someterse a pruebas semanales o ser despedidos».

«Su plan es desastroso y contraproducente»

Según los fiscales, «los riesgos de propagación de la covid-19 también varían ampliamente según la naturaleza del negocio en cuestión, muchos de los cuales pueden hacer que sus empleados, por ejemplo, trabajen de forma remota». Biden también firmó un decreto a comienzos de septiembre que establece un mandato de vacunación para los 2,1 millones de empleados del Gobierno federal de Estados Unidos.

La carta está firmada también por los fiscales de generales de Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Georgia, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Utah, Virginia Occidental y Wyoming.

Juez prohíbe al Gobierno de Biden expulsar a familias migrantes sin dejarles pedir asilo

Por otro lado, un juez federal en el Distrito de Columbia dictaminó este jueves que es ilegal negar a las familias migrantes con hijos el derecho de asilo, aplicándoles una regulación de la administración Trump destinada a proteger la salud pública, según reportó la agencia de noticias Efe.

La orden del juez federal Emmet Sullivan, contenida en un fallo de 58 páginas, entrará en vigor en 14 días. El gobierno del expresidente Donald Trump inició el año pasado la aplicación de esta regulación, denominada Título 42, y que permite expulsar a los migrantes que llegan a la frontera, considerándolos una amenaza a la salud pública en medio de la pandemia de la COVID-19.

Han detenido a más de un millón de inmigrantes

En lo que va del año fiscal 2021, que comenzó en octubre del 2020 y termina el 30 de septiembre del 2021, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ha efectuado 1 millón 541 mil 651 detenciones de migrantes en la frontera sur, de los cuales 937 mil 628 fueron expulsados bajo el Título 42.

La aplicación de esta regulación conocida popularmente como Título 42, muy criticada por grupos de activistas y de defensa de los derechos civiles, es una de las pocas del Gobierno del expresidente Donald Trump que siguen vigentes ya con el actual presidente Joe Biden, en la Casa Blanca.

No hay pretexto para la medida

El juez federal Emmet Sullivan escribió que, teniendo en cuenta «la amplia disponibilidad de exámenes, vacunas y otras medidas para minimizar (la pandemia), este tribunal no cree que el contagio del COVID-19, durante el trámite en la frontera, no pueda mitigarse de manera significativa».

El Gobierno pidió al tribunal que dejara en suspenso la orden por 14 días a fin de tener tiempo suficiente para «explorar sus opciones de apelación», añadió el fallo, que apunta que los «demandantes no se oponen a esa solicitud». El documento describió a los demandantes como «un grupo de familias que buscan asilo y que han huido a Estados Unidos».

EEUU es un sitio de refugio

«Por casi un siglo, el Congreso ha reconocido que los ciudadanos de países extranjeros a veces se ven forzados a huir de la persecución en sus países de origen», indicó el fallo. «Y ha sido política del gobierno de Estados Unidos que este país debe servir como un sitio de refugio para las personas en tales tribulaciones».

Apenas en agosto pasado, el gobierno del presidente Joe Biden propuso una medida que beneficiará a aquellos indocumentados que soliciten asilo. Con esta acción pretenden aliviar la cantidad de solicitudes atrasadas, justo cuando cada vez llegan más solicitantes a la frontera sur del país.

Gobierno de Biden propone medida

El miércoles 18 de agosto se presentó un cambio en el trámite para pedir asilo en Estados Unidos. Si la propuesta es aprobada, entonces las decisiones sobre casos de asilo en la frontera que manejan tribunales de inmigración pasarán a manos de funcionarios instruidos para evaluar y decidir sobre este tipo de peticiones.

Andrew Selee, presidente del Instituto de Política Migratoria (MPI), explicó que «si bien esto parece simplemente como un cambio técnico en el trámite, el plan ayudará a preservar el asilo como un elemento fundamental en el sistema migratorio de Estados Unidos». Con esta propuesta, los solicitantes de asilo a los que se les apruebe la petición «tendrán derecho a ese asilo, suspensión de la deportación»; mientras que aquellos a los que se les niegue tendrán la oportunidad de presentar una apelación ante un juez de inmigración. Archivado como: Demanda a Biden.

USCIS estará a cargo de las solicitudes de asilo

Esta iniciativa, presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), propone que la decisión sobre estos casos de asilo sean manejadas por funcionarios del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por sus siglas en inglés).

«Estos cambios tienen la intención de mejorar la capacidad para considerar los pedidos de asilo hechos por individuos hallados en la frontera o cerca de ella, de manera más presta asegurando la justicia fundamental», indica el comunicado conjunto de ambos departamentos. Archivado como: demanda a Biden.

Cambiar el proceso para poder abarcar más

La propuesta a favor de inmigrantes básicamente presenta la idea de cambiar el proceso en los trámites de asilo para poder abarcar más solicitudes. «Es a la vez directa y, potencialmente, un cambio en todo el proceso», dijo Doris Meissner, ex directora del Servicio de Inmigración y Naturalización.

Meissner dice que esto «promete un vuelco fundamental para asegurar la protección humanitaria significativa para quienes califican al asilo, y el control de fronteras que permita una migración segura, legal y ordenada en la frontera con México», añadió Meissner. Archivado como: demanda a Biden.