Crónica: Casi lo deportan y, encima, tuvo que pagar
- Crónica: Casi lo deportan y, encima, tuvo que pagar
- Ignacio Lanuza es un mexicano al que un fiscal del ICE le falsificó un documento.
- Pudo probarlo y el fiscal fue castigado… pero, al final, le obligaron a pagar $25,000 al gobierno.
«¡Nunca firmé eso, te digo!», Ignacio le gritaba a su abogado. Del otro lado del teléfono se escuchaban preguntas y más preguntas sin sentido.
«¡Que no! ¿Tú crees que estoy loco? ¿Cómo m… voy a firmar que acepto una deportación? ¿Y mi esposa? ¿Y mi familia? ¡��¡Te digo que NO!!
El abogado de Ignacio se rascó la nuca mientras examinaba una vez más el documento. Es que no entendía nada, estaba tan claro que lo había firmado en el año 2000…
Al detenerlo en 2009 por portación de armas, saltó que había firmado su deportación voluntaria en el año 2000 y no se había autodeportado. Así que el ICE lo tenía bien agarrado. De vuelta a Mexico.
Pero Ignacio pataleaba y juraba por sus muertos que nunca firmó nada, y tenía lógica… ¿por qué habría de hacer eso?
Apelaron la decisión del juez de deportarlo pero la Junta de Apelaciones de Inmigración avaló la decisión.
«No podemos hacer nada, hermano», le dijo el abogado.
«¡Vete a la chin….!», le contestó Ignacio.
Y buscó alguien que sí le creyese.
Y ese alguien llegó. En 2011, su nuevo abogado examinaba el documento. Lo miró dos, tres veces. Entonces sus cejas se arquearon y los ojos se le abrieron como platos.
«¡¿Cómo nadie se dio cuenta?! Claro que no firmaste, Ignacio… ¡esto es FALSO!»
El documento firmado de regreso voluntario tenía el logo del Departamento de Seguridad Nacional, una dependencia federal que en el 2000 no existía, y ese era el año que figuraba en el documento.
O sea, el fiscal de ‘La Migra’ había falsificado el documento para mandar a Ignacio de vuelta a México a pesar de estar casado con una ciudadana y tener hijos estadounidenses.
Lo que siguió fue un escándalo.
El fiscal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Jonathan M. Love, es decir, el falsificador, se fue a la cárcel (un mes… pero fue) y le impidieron usar su licencia durante 10 años. Lo que sucedio fijó un precedente legal en torno a los derechos constitucionales durante trámites de inmigración y le dieron la residencia permanente a Ignacio. Además, Love debía pagarle $12,000.
Pero no había acabado todo.
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Ignacio y su abogado demandaron a Love y al gobierno federal en 2014. ¡No podían quedarse las cosas así, había que ir más lejos y darles una lección! Acusaron al fiscal de violar sus derechos constitucionales y al gobierno por perseguirlo con malicia y causarle angustia.
Y entonces… el tiro le salió por la culata.
Ignacio Lanuza recibió una compensación económica por parte de Love, de $12,000 que debía pagarle por la demanda, accedió a pagarle poco más de $6,000 después de que la 9° Corte de Apelaciones le diera la razón tras haber perdido inicialmente contra un juez.
Esta corte aseveró que los inmigrantes tienen derecho a ser resarcidos personalmente por oficiales federales que hayan cometido violaciones constitucionales durante el proceso de inmigración.
Pero las demandas de Ignacio contra el gobierno fueron desoídas porque «ya la causa había prescrito después de dos años». Solo le aceptaron la de persecución maliciosa.
Parecía que todo iba bien… hasta que llegó una notificación del Departamento de Justicia, que trata de cobrarles a él y a sus abogados por sus gastos legales… ¡Alrededor de 100,000 dólares!
Crónica: Casi lo deportan y, encima, tuvo que pagar
El fiscal federal adjunto Timothy Durkin asevera que el gobierno debería poder recuperar ese dinero porque la demanda de Lanuza aduciendo que fue perseguido con malicia no era seria.
Los abogados de Ignacio Lanuza, del Proyecto sobre Derechos del Inmigrante del Noroeste (Northwest Immigrant Rights Project), respondieron que la presentación de Durkin buscaba “denigrar y hostigar al señor Lanuza y a sus abogados”. Es decir… que venía con venganza.
Durkin, por su parte, alega que bajo las leyes federales, solo se puede demandar a “investigadores y funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes”, y Love no lo es… porque es abogado fiscal.
Los abogados de Lanuza no se qudaron callados y respondieron que, como había falsificado evidencia, Love actuó como investigador y por lo tanto el gobierno debía pagar.
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Crónica: Casi le deportan y, encima, tuvo que pagar
Y así llegaron a la actualidad, cuando la jueza Barbara Rothstein le dio la razón al gobierno. Este pasado 16 de agosto, el Departamento de Justicia hizo que Ignacio y sus abogados pagaran $25,000 para «evitar pedir compensaciones más grandes»… y pagaron.
Bueno, yo entiendo que las cosas legales salen por el lado menos pensado, que meterse en demandas puede ser un dolor de cabeza, pero, al final, el dañado tiene que pagar. ¡Y luego no podemos hablar de persecución!
Ya me dirás qué te parece, pero de esta maraña saco que, una vez más, el inmigrante perdió de forma absurda y no se hizo justicia… aunque la Justicia diga que sí.
¡Gracias por leer mi columna! Te espero en la siguiente.
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