Corte Suprema se inhibe en casos de financiamiento a Planned Parenthood

La Corte Suprema de Estados Unidos optó hoy por inhibirse en dos procesos relacionados con la financiación pública que recibe Planned Parenthood, la mayor red de clínicas de salud sexual y reproductiva del país, al rechazar pronunciarse en dos pleitos abiertos por los estados de Kansas y Louisiana.

Ambos estados presentaron hace meses sendas leyes cuyo objetivo era suprimir los fondos que recibía esta organización por considerar que financiar Planned Parenthood era una manera de destinar dinero público para fines abortistas.

Sin embargo, tribunales de apelación en ambos estados consideraron que dichas leyes afectaban también a otros servicios de atención médica que ofrece la red de clínicas, por lo que bloquearon su entrada en vigor, decisión que fue apelada por ambos gobiernos estatales ante la Corte Suprema.

La decisión de este tribunal de inhibirse obliga ahora a Kansas y a Louisiana a desistir de sus proyectos de ley o a una modificarlos sustancialmente.

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Según CNN, tanto el magistrado presidente de la Corte Suprema, John Roberts, como el recién designado por el presidente Donald Trump y confirmado por el Senado, Brett Kavanaugh, parecieron estar del lado de los magistrados liberales de la Corte al no abordar el caso, lo que muestra un esfuerzo por evitar, por el momento, temas de alto perfil relacionados con el aborto.

Steve Vladeck, analista de CNN en decisiones de la Corte Suprema y profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad de Texas, dijo que Roberts y Kavanaugh “probablemente tengas serias objeciones”.

“Pero tales votos parecen ser una señal de que preferirían evitar disputas contenciosas y de alto perfil por ahora, al menos cuando sea posible”, agregó.

Trump se ha mostrado claramente a favor de grupos conservadores y su gobierno ha dado pasos para retirar ayuda económica a la de clínicas Planned Parenthood.

La legislación presentada por estos dos estados tenía por objetivo poner fin a la financiación -ya sea a través de subvenciones, contratos, fondos federales administrados por el estado o “cualquier otra forma”- de cualquier clínica que ofrezca servicios para abortar.

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