Corte Suprema de Estados Unidos permite a estados enjuiciar a inmigrantes
- La Corte Suprema de Estados Unidos permitirá que los estados enjuicien a los inmigrantes que usen números falsos del seguro social.
- La cuestión a resolver era si los estados podían juzgar a los inmigrantes o si solo lo podía hacer el gobierno federal.
- La Corte Suprema falló por cinco votos a cuatro, con mayoría conservadora que predominó a la hora de la votación.
La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo que facilitará a los estados enjuiciar directamente a aquellos inmigrantes que utilicen números falsos del seguro social para obtener trabajo.
El problema era si los estados
podían juzgar a los inmigrantes o debían dejar esa opción al gobierno federal, que en general es la autoridad en materia de inmigración.
Esto se da luego de que la Corte Suprema emitiera un fallo que se enfoca en acusaciones existentes por este delito contra inmigrantes indocumentados. https://t.co/cJmvq12dzI
— Univision LA (@Univision34LA) March 5, 2020
La Corte Suprema falló por cinco votos a cuatro, con mayoría conservadora, que nada en la ley federal de inmigración impide a los estados perseguir a los inmigrantes que usan documentos y datos falsos.
La Corte Suprema de Kansas había fallado que la autoridad para determinar si un inmigrante puede trabajar en Estados Unidos es exclusiva del gobierno federal. Anuló las condenas estatales de tres inmigrantes, pero el tribunal supremo anuló a su vez ese fallo.
En #EstadosUnidos, la Corte Suprema emitió un fallo que facilitará a los estados enjuiciar a aquellos #inmigrantes que utilicen números falsos del seguro social. Nada en la ley de inmigración impide perseguir a los que usan documentos y datos falsos. https://t.co/2Lvw06S7Q7
— Abriendo Caminos MX (@MxCaminos) March 3, 2020
El hecho de que las leyes de Kansas se superponen en cierto grado con las disposiciones penales federales «no significa en absoluto» que el estado deba abstenerse de juzgar, escribió el juez Samuel Alito.
En nombre de los cuatro miembros disidentes de la Corte, el juez Stephen Breyer escribió que la ley federal «deja en claro que sólo el gobierno federal puede juzgar a personas que falsifican su estatus federal que los autoriza a trabajar».
Corte Suprema: Inmigrantes con documentos falsos pueden ser procesados por los estados https://t.co/6mBB6yIH1M
— el Nuevo Herald (@elnuevoherald) March 4, 2020
“Esperar en México” bloqueada en la frontera de México con California y Arizona a partir del 12 de marzo
En un nuevo giro para una de las políticas migratorias más emblemáticas del gobierno del presidente Donald Trump, «Esperar en México», una corte federal de apelaciones señaló el miércoles que a partir de la próxima semana evitará que el gobierno obligue a los solicitantes de asilo a esperar en México hasta su fecha de audiencia en un tribunal de Estados Unidos, a menos que la Corte Suprema intervenga antes.
La Corte de Apelaciones del 9no Circuito en San Francisco indicó que sólo bloquearía la medida “Esperar en México” en Arizona y California, los dos estados fronterizos en los que tiene jurisdicción.
El gobierno federal dice que solicitará la intervención de la Corte Suprema y ha pedido que la medida se mantenga vigente hasta la próxima semana para que el máximo tribunal pueda emitir un veredicto. La Corte Suprema ha fallado consistentemente a favor del gobierno en materia migratoria y de seguridad fronteriza.
La corte del 9no Circuito había prohibido la medida en toda la frontera sur el viernes, pero suspendió su propia orden después de que el gobierno advirtió que habría graves consecuencias. “Esperar en México” es parte fundamental de la respuesta del gobierno de Trump al gran número de personas que se presentan en la frontera para pedir asilo.
El miércoles, los jueces señalaron que la medida “Esperar en México” ya no estará en vigor en la frontera de México con California y Arizona a partir del 12 de marzo, a menos que la Corte Suprema intervenga antes. El panel de tres jueces declinó extender su orden a las cortes del circuito federal en los otros dos estados que colindan con México: Nuevo México y Texas.
Los jueces William Fletcher y Richard Paez, ambos nombrados por el presidente Bill Clinton, dijeron que estaban al tanto de que las órdenes nacionales aplicables a lugares fuera de la jurisdicción de un tribunal “son asunto de una controversia intensa y activa”.
Reafirmaron su postura de que la medida, conocida oficialmente como “Protocolos de Protección a Migrantes”, es ilegal según las leyes de Estados Unidos que prohíben enviar a personas a países donde sus vidas o su libertad estén en riesgo debido a su raza, religión, nacionalidad, creencias políticas o pertenencia a algún grupo social en particular.
No hay duda sobre el “peligro extremo a los solicitantes de asilo que son devueltos a México”, escribieron.
El juez Ferdinand Fernandez, nombrado por el presidente George H.W. Bush, no estuvo de acuerdo con ninguna parte del bloqueo de la medida.
Judy Rabinovitz, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés), organismo que demandó para poner fin a la práctica, hizo énfasis en la opinión mayoritaria de la ilegalidad de la medida.
“Si el gobierno tiene el más mínimo respeto por la ley o algún sentido de decencia, pondría fin a este programa de inmediato”, declaró. “Seguiremos trabajando para poner fin permanente a esta política ilegal e inhumana”.
El Departamento de Justicia se negó a comentar. En un documento presentado el martes ante la corte, la dependencia advirtió de una “enorme perturbación a las operaciones migratorias del gobierno y una confusión repentina para los miles de migrantes sobre su capacidad para ingresar a Estados Unidos”.
Unos 60.000 solicitantes de asilo han sido enviados a México a esperar a que sus casos avancen por las congestionadas cortes migratorias de Estados Unidos desde que se implementó el programa en enero de 2019 en San Diego y posteriormente se expandió a otros puntos de la frontera.
Human Rights First, un grupo activista que se opone a la medida, dijo que encontró más de 1.000 reportes públicos de secuestros, torturas, violaciones y agresiones a los solicitantes de asilo devueltos a México.
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