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Corte prohíbe al Gobierno de Donald Trump retener fondos para seguridad a California
La pelea legal por los fondos también la entablaron ciudades como Los Ángeles
Prohíben exigir a California que coopere con las autoridades federales de inmigración

La Corte de Apelaciones del Noveno

Circuito prohibió este lunes a la Administración del presidente Donald Trump exigir a California que coopere con las autoridades federales de inmigración y que detenga la aplicación de las leyes santuario a cambio de recibir subvenciones (fondos) federales para programas de seguridad.

La decisión se da como respuesta a una batalla legal entablada por el fiscal general de California, Xavier Becerra, contra el Gobierno del presidente Donald Trump por la retención de fondos federales por más de 28 millones de dólares bajo el argumento de que el estado no cumple con las pautas de colaboración para combatir la inmigración indocumentada debido a sus leyes santuario.

En julio de 2017, el entonces fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció nuevos requisitos a las ciudades que reciben subvención del programa Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant (Byrne JAG) como parte del castigo a las denominadas ciudades santuario.

Becerra interpuso la primera demanda por los fondos retenidos en 2017, y un año después repitió la estrategia ante la posición de la Casa Blanca.

La pelea legal por los fondos también la entablaron ciudades como Los Ángeles, que también presentó dos demandas contra la Administración federal por retener más de un millón de dólares destinados a la seguridad de la urbe.

«Nuestros tribunales han criticado constantemente las tácticas ilegales y duras del presidente de Estados Unidos Donald Trump para obligar a las comunidades a cumplir sus órdenes», dijo Becerra hoy en un comunicado al saber el fallo.

«A los críticos de California de nuestras demandas contra el presidente que argumentan que debemos rendirnos al libro de jugadas de Donald Trump, les ofrezco otros 28.3 millones de razones por las que no lo haremos», agregó el procurador.

Haciendo referencia a su fallo anterior que prohíbe a la Administración imponer las condiciones en Los Ángeles, el panel judicial anuló el requisito del Departamento de Justicia que obliga a las jurisdicciones que solicitan los fondos de seguridad pública a otorgar a las autoridades de inmigración acceso a las cárceles y avisos avanzados de las fechas de liberación de inmigrantes detenidos.

El mes pasado el estado de California le ganó otro pulso legal al Gobierno de Donald Trump cuando el Tribunal Supremo federal dejó vigentes las normas que prohíben a la policía ayudar a las autoridades de inmigración a detener indocumentados en el estado.

En concreto, la demanda del Gobierno se dirigía contra la ley SB 54 de California, conocida como la «Ley de Valores», que el estado aprobó en 2017 para proteger a los inmigrantes y que a juicio del Ejecutivo federal violaba la Constitución.

El fallo del Supremo se basó en una decisión escrita por el fallecido juez Antonin Scalia, que resalta que los funcionarios estatales y locales no están obligados a llevar a cabo la aplicación federal.

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El presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca con promesas de dar un cambio conservador a la Corte Suprema, pero este año y el pasado, pese a que tenía dos jueces seleccionados por Trump, la Corte mostró que no va a fallar automáticamente en favor del presidente y sus políticas. Eso ha causado la ira del presidente y ha lanzado una batalla sobre la Corte, en momentos en que el mandatario busca una ventaja política antes de las elecciones de noviembre.

En las últimas semanas, la Corte ha pronunciado las decisiones más importantes de su mandato y Trump se ha topado con derrotas crecientes y apenas unas cuantas victorias.

Sus derrotas más prominentes comenzaron a mediados de junio. Primero, el máximo tribunal de Estados Unidos falló que una histórica ley de derechos civiles protege a gays, lesbianas y transgéneros de discriminación laboral. Seguidamente, dijo que el gobierno de Trump había actuado inapropiadamente al suspender el programa DACA, que protege de la deportación a unos 650,000 jóvenes inmigrantes.

Finalmente, en dos causas sobre el acceso a las declaraciones fiscales de Trump, la Corte rechazó el jueves los argumentos de los abogados del presidente y del Departamento de Justicia de que Trump es absolutamente inmune de investigación mientras ocupe el cargo o que un fiscal debe mostrar una causa mayor que una simple necesidad de obtener los documentos.

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Pese a que la Casa Blanca cantó victoria en los casos del jueves, Trump estaba furioso, despotricando en Twitter sobre la Corte Suprema y describiendo sus decisiones como parte de un patrón de «hostigamiento político» contra él.

Imagen tomada de Twitter @realDonaldTrump

El rechazo de la Corte a los argumentos de Trump sobre el poder ejecutivo se compensó de alguna manera con el impacto práctico de la decisión del tribunal de remitir los casos a cortes menores, virtualmente asegurando que no habrá revelaciones potencialmente vergonzosas de los documentos financieros antes de las elecciones de noviembre.

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Trump consiguió victorias en dos importantes casos de libertad religiosa el miércoles, pero tras el jueves no estaba de humor para celebrar.

«Antes, las cortes han dado una amplia deferencia’. ¡PERO NO A MÍ!», tuiteó. Y: «Ahora la Corte Suprema emite un fallo demorado que nunca había emitido… contra ningún otro Presidente!».