Condado de Texas extiende programa de cooperación de alguaciles con ICE

• El condado de Tarrant en Texas renovó la ley 287 (g) que permite a alguaciles trabajar como agentes de ICE
• El estado de Texas cuenta con 25 oficinas de alguacil bajo el programa de inmigración 287 (g)
• El programa 287(g) le permite a una entidad de orden público estatal o local entrar en una colaboración con ICE

El condado de Tarrant, estado de Texas, votó este martes para renovar la polémica ley 287 (g), que permite a alguaciles entrenados trabajar como agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés), y que ha sido muy bien recibida por los seguidores del presidente estadounidense Donald Trump como una de sus promesas de campaña para luchar contra la inmigración ilegal, reseñó la agencia Efe.

Los comisionados del condado votaron tras una discusión de siete horas,

con tres votos en favor y dos en contra, para extender el programa de cooperación que expira el 30 de junio en el país.

El estado de Texas cuenta con 25 oficinas de alguacil bajo el programa de inmigración 287 (g). En el condado de Tarrant está asentada la ciudad de Fort Worth, que forma parte del área metropolitana de Dallas-Fort Worth, una de las más grandes del país.

Según datos del ICE, la oficina del alguacil de Tarrant es una de las 77 agencias del orden de los 21 estados en EE.UU. que participan en el programa federal.

El programa 287 (g), que se deriva de una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, se implementó en 2017 luego de que el recién elegido alguacil del condado, Bill Waybourn, acordara tener a 12 oficiales para realizar funciones como agentes locales de inmigración.

Según cifras del Instituto de Política Migratoria, se estima que unos 109.000 indocumentados viven en el condado.

El año pasado, 1.466 presos en el condado de Tarrant tenían órdenes de detención del ICE, de los cuales un total de 307 fueron encarcelados por la oficina del alguacil del condado, según datos oficiales.

Quienes apoyan este acuerdo de colaboración entre el ICE y los agentes municipales afirman que permite que el condado sea más seguro. Sus opositores lo califican de discriminatorio y aseguran que contribuye a la desconfianza entre los inmigrantes y la Policía, y que las agencias locales no deberían hacer el trabajo del Gobierno federal.

Unas 72 personas tuvieron la oportunidad de hablar por un espacio de tres minutos cada una, durante el espacio para comentarios del público.

“Si continúan apoyando la 287 (g) solo demostrarán a la gente que la policía no está acá para proteger y servir sino para victimizar basándose en el color de su piel”, dijo Jon Eubanks, residente de Fort Worth ante los comisionados.

El presidente del partido republicano del condado de Tarrant, Rick Barnes, defendió la moción y aseguró que a pesar de que representa a su partido en la zona este no es un “asunto partidista”, sino que la seguridad de todos los residentes del condado debería ser “responsabilidad” de todos.

Juez declara ilegales los arrestos de ICE en los tribunales de Nueva York

Por otra parte, la semana pasada la comunidad inmigrante en Nueva York celebró una decisión de un juez federal que declaró ilegal y prohibió los arrestos de ICE en los tribunales de este estado, de acuerdo con la agencia Efe.

“El tribunal declara que la política del ICE de arrestos en los tribunales es ilegal y, por lo tanto, le prohíbe llevar a cabo cualquier arresto civil en los locales o terrenos de los tribunales del estado de Nueva York”, indica la decisión de 24 páginas del juez Jed Saul Rakoff, del tribunal federal para el distrito sur de Nueva York.

La decisión surge luego de una demanda presentada el año pasado por la Fiscalía general del estado y la del distrito de Brooklyn, que alegaron que los arrestos del ICE en los tribunales y sus alrededores “impiden que se aplique la justicia y afectan negativamente la seguridad pública”.

Su demanda buscaba poner un alto a una política que el ICE había estado realizando durante tres años a pesar de los reclamos de autoridades locales y grupos de defensa de inmigrantes.

La decisión del magistrado prohíbe asimismo los arrestos de cualquier persona que tenga que viajar a un juzgado del estado como parte o testigo de una demanda.

De acuerdo con el juez, los demandantes presentaron “evidencia substancial” de que la extensión del poder del ICE para hacer arrestos en las cortes ha impactado a litigantes y a la cortes mucho más allá de lo que los números puedan demostrar.

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“Ganamos nuestra demanda contra la Administración (del presidente Donald) Trump para acabar con su política ilegal de hacer arrestos del ICE en las cortes de Nueva York. Es una victoria en nuestra lucha para proteger a inmigrantes y asegurar que se haga justicia”, señaló en un mensaje en Twitter la fiscal general del estado, Letitia James.

En su demanda, James y el fiscal de Brooklyn, Eric González, alegaron que los arrestos en y fuera de los tribunales -que atemorizan a inmigrantes- impiden la adecuada administración de la justicia y afectan negativamente la seguridad pública porque han disuadido a los residentes no ciudadanos y a indocumentados de cooperar con las autoridades o de proteger sus propios derechos en las cortes.

Aseguraron que como resultado, investigaciones y enjuciamientos válidos se han abandonado o nunca se llevaron a cabo, lo que hace que las comunidades sean menos seguras.

“Al permitir que los agentes federales interfieran en los casos estatales y locales, la Administración Trump puso en peligro la seguridad de todos los neoyorquinos, al dirigirse a los inmigrantes”, señaló además James tras conocer la decisión de Rakoff.

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