Compañeros del periodista asesinado Javier Valdez fueron ‘haqueados’

A pocos días de que entre en funciones el nuevo gobierno de Andrés López Obrador se conoció que el 17 de mayo del 2017, un día después de que el periodista de investigación Javier Valdez fue asesinado a balazos, sus colegas recibieron mensajes de texto sospechosos en los que se afirmaba que el homicida había sido atrapado por la policía, reporto The New York Times.

El mensaje despertó dudas porque en México el 90 por ciento de los homicidios quedan sin resolver. Los periodistas relacionaron los textos con un intento de infiltrarse en sus móviles con  una sofisticada tecnología de espionaje que se sabe fue comprada por el gobierno mexicano y que permite leer mensajes encriptados, revisar sus correos electrónicos y activar la cámara y el micrófono de manera remota.

Compañeros de Javier Valdez sufrieron intento de espionaje: NYT https://t.co/ryd6JwkOmE via @CambioBC pic.twitter.com/lVanS5gvGJ

— Cambio BC (@CambioBC) November 27, 2018

De acuerdo con el NYT, los mensajes estaban infectados con el programa espía Pegasus que el gobierno mexicano le compró a un vendedor de armas cibernéticas israelí llamado NSO Group. El diario neoyorquino cita un análisis forense del Citizen Lab, parte de la Facultad Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto.

“Creo que querían buscar entre nuestras conversaciones y mensajes pistas sobre el asesinato de Javier, pero estamos totalmente en contra”, dijo Ismael Bojórquez, cofundador y director de noticias de Ríodoce al NYT, el medio donde trabajaba Valdez. “Nada obtenido ilegalmente debería usarse en una investigación y particularmente nada que venga de quienes están involucrados profesional y emocionalmente con la víctima”.

El uso ilegal de la tecnología de vigilancia en México apareció en el gobierno de Peña Nieto, cuya administración compró Pegasus con la condición de usarlo únicamente contra terroristas y delincuentes.

 

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Sin embargo, la empresa de tecnología Citizen Lab confirmó en el 2017 que hubo veinte afectados por el programa y quienes no cumpían con la condición de ser delincuentes o terroristas. De hecho, algunos son los periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción más importantes de México.

Cuando en 2017 se dio a conocer que esto había sucedido, el gobierno de Peña Nieto denunció el hecho y lo tildó de espionaje, además de abrir una investigación federal para determinar si hubo un uso incorrecto de la tecnología.

No obstante, esa investigación no ha tenido avances. Nadie ha sido penalizado por la aplicación indebida del programa.