Restringen servicios básicos a vecinos por ser indocumentados (VIDEO)

Esperanza Ramos nunca ha podido poner el servicio de electricidad a su nombre. La mexicana lleva cerca de 12 años viviendo en LaGrange, Georgia, un pueblo al suroeste de Atlanta, y jamás ha logrado que la factura lleve sus apellidos.

Para muchos, se trata quizá de una dificultad mínima, pero para la comunidad hispana que reside en el área, es el derecho de acceder a servicios tan vitales como el agua y la luz.

La mujer es indocumentada y no cuenta con un número de seguro social, un requisito que pide la ciudad de LaGrange para dar de alta los servicios de agua y luz a nombre del residente. La otra opción es pagar 500 dólares de golpe. Una alternativa que no es viable para la mayoría de los vecinos.

“Tenemos que buscar a una persona que sea residente o ciudadano y que quiera poner el servicio bajo su nombre. Si no encontramos a alguien, tenemos que ver dónde irnos y que nos pongan la luz. Nos afecta porque, con la persona con la que tenemos la luz, tenemos que pagarle rápido”, contó Ramos.

Durante estos años, Ramos ha contado con el favor de la exdueña de los apartamentos donde vive, quien ha accedido a dejar los servicios a su nombre.

Pero para otros vecinos del área, que enfrentan la misma dificultad, ha sido complicado.

Es el caso de Osvaldo Gómez, quien migró de Veracruz, México, en 1999. Su esposa dependía de la luz y del agua por una enfermedad que padecía. Entonces, era vital para Gómez contar con los servicios.

Por fortuna, un amigo le puso los servicios. Pero el temor, la preocupación y ansiedad de que en algún momento la persona se mudara, afectaron -en parte- el proceso de recuperación de la mujer, quien posteriormente, murió.

“Teníamos un amigo que nos apoyó y la luz estaba a su nombre. Desde que llegamos aquí él siempre nos ha apoyado. Ha habido momentos difíciles porque él ha pensado mudarse del pueblo, y sabíamos que sería muy difícil poder conseguir a alguien que me pueda ayudar con esto…”, lamentó Gómez.

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Según el mexicano, se trata de una práctica discriminatoria por parte de las autoridades locales y contra la que llevan años luchando como comunidad.

“Hemos luchado para ver cambios en la política, pero siempre hemos sentido discriminación hacia el hispano. Yo creo que LaGrange, lamentablemente, es un pueblo racista. Pero es donde vivimos y en donde hemos hecho familia. Aquí nació mi hijo y por esto estoy aquí luchando”, manifestó Gómez.

De hecho, otro de los momentos difíciles que vivieron los vecinos fue en el 2012, cuando una de las madres, desesperada ante la incapacidad de poner la luz a su nombre y no tener quien la ayudara, falsificó un seguro social.

“Quiso poner su luz por medio de otro seguro social y se dieron cuenta que no era ella. Entonces alguien llamó y la arrestaron en el mismo lugar en donde se da de alta el servicio. Estuvo detenida tres años”, recordó Ramos.

La lucha de Ramos y la de Gómez, que por temor a las autoridades de Inmigración pidieron identificarse con otro nombre, es la de casi todos los residentes de la zona, en donde hay una gran cantidad de hispanos.

Para líderes comunitarios y activistas, se trata sin duda de una práctica discriminatoria y por ello, el pasado año interpusieron una demanda en contra de la ciudad en la que alegaban que se estaban violando las leyes federales de la vivienda.

La demanda fue desestimada por un juez federal este año, pero los líderes comunitarios no cejaron en su empeño y apelaron recientemente la decisión ante la Corte de Apelaciones del Úndecimo Circuito.

Han prometido seguir protegiendo a la comunidad, y siguen pidiendo el cese de estas prácticas. Entre ellos, Azadeh Shahshahani, abogada y directora legal de la organización proinmigrante Project South,  que presentó la demanda inicial.

La abogada envío en días recientes una misiva a otras localidades en Georgia (Augusta, Calhoun y Loganville) donde tiene políticas parecidas, solicitando que se desestimaran tales requisitos y se pusiera fin a la práctica de pedir un número de seguro social o identificación emitida por Estados Unidos para dar de alta los servicios.

“La negación de los servicios públicos a quienes no pueden proporcionar un número de seguro social y una identificación con foto emitida por Estados Unidos tiene un impacto abrumador en los inmigrantes latinos. Este tipo de política probablemente viola la Ley de Privacidad y la Ley Federal de la Vivienda”, denunció Shahshahani.

En el reclamo, Shahshahani selañó además que “el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconocen que el acceso a los servicios básicos está intrínsecamente vinculado con el derecho a la vida y a la dignidad humana”.

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La opinión es la misma para Antón Flores, líder comunitario y quien dirige Casa Alterna, un centro de ayuda a la comunidad hispana que vive en la zona de LaGrange, y quien ha presenciado de cerca las dificultades que enfrentan sus residentes latinos.

“Esta política lleva en LaGrange más de diez años. La primera vez que conocimos a una familia que enfrentaba una situación parecida fue en el 2002, cuando una mamá inmigrante fue a pagar una factura del agua. Cuando preguntamos la fecha en la que darían de alta su servicio, nos dijeron que había un problema porque no tenía seguro social”, contó Flores.

De acuerdo con el activista, en aquel entonces dirigió una carta al encargado de la ciudad preguntando sobre la política.

“Me dijeron que en esa época, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, ellos necesitaban saber quiénes estaban viviendo en la comunidad. Yo entendí lo que el decía y le dije; “mire, con mucho respeto, esta mamá no es una terrorista, tiene un bebé y lo que necesita es agua””, recordó Flores.

Eso fue tan solo el inicio de una larga disputa con las autoridades que, según el hombre, ha ofrecido diferentes versiones sobre por qué piden el seguro social.

“Al principio la situación era algo que mostraba xenofobia después del 11 de septiembre. Aunque nunca me han dicho que quieren expulsar a la comunidad hispana, lo que realicé es que es un acto de poder y de control económico, y quien se está impactando desproporcionadamente es nuestra comunidad latina”, explicó Flores, quien es además trabajador social.

“No solo que no pueden obtener agua y luz, sino que los limita a obtener los servicios. Necesitan rentar donde el dueño esté dispuesto a poner las utilidades a su nombre, o mudarse a otra casa de otro inmigrante donde esa persona no vaya a cambiar el servicio. Eso pone al latino en situación de desigualdad porque no tiene el poder de elegir una mejor vivienda”, agregó el activista.

MundoHispánico contactó a las autoridades de la ciudad de LaGrange para obtener alguna reacción al respecto, pero el gerente de servicios, Patrick Bowie, se limitó a compartir le declaración oficial del alcalde de la localidad, Jim Thornton.

“Estas políticas han estado en vigencia por muchos años, y si bien es cierto que la alcaldía y la concejalía de la ciudad tienen el derecho a modificarlas según sea necesario, el fallo reciente del juez federal afirma entonces que dichas políticas no violan la ley federal”.

A pesar de ello, para los vecinos de LaGrange, sigue siendo injusto no poder dar de alta los servicios básicos a su nombre. “Es una problemática con la que tenemos que lidiar”, coincidieron.

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