California: ACLU dice que ciudades y condados no cumplen con ley santuario

• Dos ciudades y un condado del sur de California violaron la aplicación de la ley santuario luego de que agentes policiales entregaron a indocumentados a Inmigración.
• El 96% de la población de una de las ciudades en cuestión es latina.
• «Es ilegal» que efectivos policiales detengan a residentes locales para entregarlos posteriormente a ICE.

Dos ciudades y un condado del sur de California

violaron la aplicación de la ley santuario de este estado luego de que agentes policiales de estas localidades entregaron a indocumentados a Inmigración, aseguró este lunes la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), reseñó la agencia Efe.

Según dos quejas legales presentadas por esta organización, el condado de Orange y las ciudades de Tustin y Huntington Park incumplieron la ley SB 54, conocida como el Acta de Valores y que limita la colaboración entre la Policía local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Jessica Karp Bansal, abogada de la oficina de ACLU en el sur de California, dijo en un comunicado que «es ilegal» que efectivos policiales detengan a residentes locales para entregarlos posteriormente a ICE.

«Tiene efectos devastadores para sus familias y sus comunidades», añadió.

Las quejas presentadas por ACLU están relacionadas con las detenciones de Kelvin Hernández Román y José Maldonado, cuyos derechos «fueron violados de múltiples maneras».

Hernández, de 32 años de edad, fue detenido el 13 de julio de 2019 por dos agentes del Departamento de Policía de Tustin por un presunto problema con las ventanas polarizadas de su auto.

Los oficiales le hicieron varias preguntas sobre su estado migratorio, que según la queja, son una clara violación de la Ley de Valores de California, la cual establece que las autoridades locales no pueden «investigar el estado migratorio de un individuo».

Hernández fue llevado a la cárcel de Theo Lacy, donde los oficiales del Departamento del Alguacil del Condado de Orange le informaron que no presentarían cargos contra él tras la parada de tráfico, pero continúo retenido hasta que las autoridades migratorias fueron a recogerlo.

Una situación parecida vivió Maldonado, arrestado el 15 de julio de 2019 por agentes del Departamento de Policía de Huntington Park por presuntamente estar intoxicado en la vía pública.

Aunque Maldonado nunca fue acusado, la Policía lo retuvo por más de siete horas hasta que fue entregado a oficiales de ICE.

ACLU destaca en su comunicado que «hay evidencia de que esta ha sido una práctica habitual de la policía de Huntington Park».

El 96% de la población de esta pequeña localidad ubicada al sur de Los Ángeles es latina.

Maldonado fue liberado bajo fianza, mientras que Hernández se encuentra detenido en el centro de inmigrantes en Adelanto, California.

Las quejas legales buscan una compensación monetaria y solicitan investigaciones sobre estos incidentes, además de capacitación para los organismos encargados de hacer cumplir la ley SB 54 y otras normas estatales que protegen a los inmigrantes.

Introducen ley para castigar ciudades santuario y obligar cooperación con ICE

El senador republicano Thom Tillis anunció en julio que introdujo un proyecto de ley que obliga a los agentes locales a cumplir con las solicitudes de detención hechas por las autoridades federales de inmigración. De lo contrario, los oficiales locales podrían enfrentar posibles acciones civiles por parte de las víctimas y/o la pérdida de subvenciones.

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El proyecto, llamado “Justicia para las víctimas de ciudades santuario”, busca castigar a cualquier jurisdicción estatal que tenga un estatuto, ordenanza, política o práctica que limite a un funcionario o entidad gubernamental para recibir información sobre el estatus legal de una persona o que les permita negarse a cumplir con las solicitudes de retención legal hechas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

La legislación también tiene por objeto crear “un derecho privado de acción civil para las víctimas de jurisdicciones santuario”, lo que significa que los ciudadanos que se vieron perjudicados por las acciones de los extranjeros indocumentados tendrían derecho a emprender acciones legales contra la jurisdicción santuario que los estaba protegiendo, reseñó Daily Caller.

Además, “cualquier ciudad o jurisdicción santuario que se niegue a renunciar a su inmunidad en lo que se refiere a la acción civil relacionada con el santuario estaría sujeta a la retención de cierta financiación de la Subvención por Bloque de Desarrollo Comunitario (CDBG)”.

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“Es preocupante ver a los alguaciles de Carolina del Norte establecer jurisdicciones santuario, liberando a individuos peligrosos de vuelta a las comunidades mientras se niegan a notificar a funcionarios federales de inmigración”, explicó Tillis en el comunicado. “Si los políticos quieren dar prioridad a las políticas de santuario sobre la seguridad pública, también deberían estar dispuestos a proporcionar una compensación justa para las víctimas”, agregó el senador republicano.

El proyecto de ley cuenta con el apoyo de lo senadores republicanos Lindsey Graham, Chuck Grassley, Joni Ernst, Marsha Blackburn y Ted Cruz.

Los partidarios de las políticas de santuarios, como el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, argumentan que esas políticas hacen que las ciudades sean más seguras porque los inmigrantes indocumentados son más propensos a cooperar con las fuerzas del orden locales si no están constantemente con miedo a la deportación.

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